La desaparición forzada del abogado Ricardo Lagunes Gasca y el líder comunitario Antonio Díaz Valencia en Aquila, Michoacán, «confirma el vacío institucional y la falta de capacidad operativa de las autoridades para actuar en un escenario de criminalidad generalizada como el territorio de México», aseguró la Red Nacional de Organismos Civiles de derechos humanos Todos los derechos para todas y todos (Red TDT).
Las 84 organizaciones que integran la Red acusaron que el Ejecutivo federal no ha actuado ni brindado «un mínimo informe» sobre el paradero de los defensores, quienes luchaban contra la minera Ternium e en el territorio y fueron desaparecidos el pasado 15 de enero luego de participar en una asamblea comunitaria.
Por el contrario, señaló la Red, el gobierno mexicano «privilegia la bonanza y protección a la inversión privada de empresas, como el sector minero, cuya actividad y poder ha truncado el proyecto de vida de personas y colectividades defensoras de la tierra, territorio y el medio ambiente».
Las organizaciones señalaron que el Estado Mexicano debe formalizar los canales de interlocución e investigación con representantes del proyecto minero “Las Encinas” de la empresa minera Italo-Argentina Ternium, a fin de deslindar responsabilidades toda vez que ha sido señalada como un actor clave en el conflicto de fondo.
Por otra parte, criticaron que hasta la fecha no existe «un mínimo informe que dé cuenta de los acontecimientos, las líneas de investigación o indicios del paradero de Ricardo y Antonio».
La Red TDT se pronunció frente a la profundización de la violencia y crisis de derechos humanos en México y urgió de manera particular la presentación inmediata con vida de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz.
COMUNICADO:
La desaparición forzada de los defensores de derechos humanos Ricardo Lagunes Gasca y de Antonio Díaz Valencia confirma el vacío institucional y la falta de capacidad operativa de las autoridades para actuar en un escenario de criminalidad generalizada como el territorio de México. En contraparte, el Ejecutivo federal privilegia la bonanza y protección a la inversión privada de empresas, como el sector minero, cuya actividad y poder ha truncado el proyecto de vida de personas y colectividades defensoras de la tierra, territorio y el medio ambiente.
A la lista de miles de víctimas en este país se suma la desaparición forzada de Ricardo y Antonio quienes desde el pasado 15 de enero fueron vistos por última vez en el municipio de Coahuayana, Michoacán, justo cuando regresaban de una asamblea comunitaria en la que abordaron un aspecto clave en las causas de este acontecimiento: la defensa y litigio de derechos agrarios de la comunidad de Aquila, Michoacán, además en un evento documentado, meses atrás, se anticiparon los elementos de riesgo que no fueron atendidos por ninguna autoridad.
En ese sentido, el Estado Mexicano debe formalizar los canales de interlocución e investigación con representantes del proyecto minero “Las Encinas” de la empresa minera Italo-Argentina Ternium a fin de deslindar responsabilidades toda vez que ha sido señalada como un actor clave en el conflicto de fondo, la comunidad de Aquila mantiene un litigio abierto en los tribunales agrarios de la región dado que está ubicada la responsabilidad de la minera en la fragmentación del tejido social y conflictividad en la región como lo han señalado familiares en diversas conferencias de prensa.
Como es de conocimiento público, la desaparición forzada de Ricardo y Antonio ha trascendido a nivel nacional e internacional como uno de los eventos por el cual, se han pronunciado distintos actores, sin obviar la recomendación urgente al Estado Mexicano para que adopte medidas cautelares urgentes para la localización con vida de los defensores, salvaguardando la vida e integridad de familiares y comuneros quienes asumen en primera línea la denuncia y defensa ante la ausencia de respuesta por parte del gobierno del estado de Michoacán y Colima, así como de sus Fiscalías Generales de Justicia.
Por su parte la pronta reacción de familiares y comuneros para hacer las denuncias correspondientes a las autoridades desde las primeras horas, y una red de apoyo que viralizó la información corroborada, fueron elementos suficientes para que las autoridades de los tres niveles de gobierno actuarán con inmediatez para salvaguardar la vida e integridad de los dos defensores de derechos humanos, sin embargo, eso no sucedió y no ha sucedido hasta la fecha de hoy en la que no existe un mínimo informe que de cuenta de los acontecimientos, las líneas de investigación o indicios del paradero de Ricardo y Antonio.
Sin embargo, la inacción del Estado Mexicano en casos como este ha sido señalada por distintas colectividades y organismos internacionales de derechos humanos; sobre todo cuando los hechos ocurren en regiones en donde es evidente el control territorial de la delincuencia organizada y carteles del narcotráfico cuyos crímenes ha dejado patente la ausencia del Estado, lo cual finca responsabilidades por omisión ante la comisión de delitos y la ubicación de perpetradores plenamente identificados por habitantes de la región.
El derecho a defender derechos humanos está consagrado en diversos instrumentos internacionales como un ejercicio que los Estados nacionales están obligados a garantizar, por ello, en exigencia de verdad y justicia, las organizaciones que integramos la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) nos sumamos a la convocatoria de acciones descentralizadas que se realiza del 27 al 29 de enero en distintas regiones del país y a nivel internacional.
En ese marco hoy nos pronunciamos frente a la profundización de la violencia y crisis de derechos humanos en México y urgimos de manera particular la presentación inmediata con vida de Ricardo y Antonio, misma que se suma al escenario de violencia con el que comenzamos este 2023 en el país.
¡Quienes defienden la vida, con vida deben volver!
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los Derechos para Todas y Todos”
(Integrada por 84 organizaciones en 23 estados de la República mexicana):
Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH) (Hidalgo); Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Aluna Acompañamiento Psicosocial, A.C.(Ciudad de México); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, Asociación Civil (CECADDHI) (Chihuahua); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubermantal A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).
AUTOR: REDACCIÓN.
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