Rubén Salvador Martínez, Erika Marina Díaz Martínez y Rubén Gutiérrez Silva están detenidos en los separos municipales y son víctimas de una “justicia carcelaria” impuesta por el exalcalde Otoniel Cruz Díaz de Santo Domingo Teojomulco, un municipio regido por el sistema normativo interno de “usos y costumbres”, en la sierra sur de Oaxaca, denunciaron sus familiares.
Otoniel Cruz Díaz concluyó su mandato el pasado 31 de diciembre, sin embargo, las tres personas siguen encerradas sin que el recién presidente municipal, Uriel León Venegas, cumpla con dejarlos en libertad, de acuerdo a la suspensión del plano y de oficio que decretó el Juez Décimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca.
Santo Domingo Teojomulco, que significa en chatino “Rincón de Dios”, se localiza en la sierra sur de Oaxaca, a 136 kilómetros de la capital. Allí viven cerca de 5 mil personas y existe una mezcla de razas entre mixtecos, zapotecas y chatinos.
Julián Ruiz Ayuso es originario de Santo Domingo Teojomulco y estuvo privado de su libertad personal durante ocho meses en la cárcel municipal clandestina de Santo Domingo Teojomulco. En entrevista telefónica, narra que la detención fue por órdenes del expresidente municipal Otoniel Cruz Díaz, el Síndico Pablo Juárez y el Suplente Francisco Láscarez Ruiz, sin cometer delito ni falta alguna.
“En esos ochos meses sufrí tortura física y psicológica. En una de esas noches, el jefe de la policía Bartolo López Martínez me sacó de mi celda y me golpeó brutalmente, además de que me amenazó que cuando saliera me fuera de la comunidad, porque si no me iban a matar”, relató.
Dijo que el último día del 2022 salió libre pagando una multa de 8 mil pesos. También liberaron a otros presos, cobrándoles de 20 mil hasta 30 o 40 mil pesos.
“Ese 31 de diciembre el Síndico municipal recaudó aproximadamente como millón y medio de pesos para su bolsa, porque ya se iban, ya que estábamos aproximadamente 20 personas”, dijo.
Por último, con miedo y temor dijo que denunciaba estas arbitrariedades y exhortó a las instancias de los Derechos Humanos a que hagan algo por las violaciones en su contra y de todos los que han estado recluido en esa cárcel que llama clandestina.
A través de cartas públicas y escritos difundidos en redes sociales, los familiares de los tres detenidos denunciaron que la cárcel local se ha convertido en una “jaula de tortura”, donde se realizan actos crueles, inhumanos y degradantes que violentan los derechos humanos de quienes están retenidos.
Además, relataron que la cárcel clandestina municipal se encuentra ubicada en el sótano del palacio municipal, donde existen varias celdas de un metro y medio de ancho por un metro y medio de largo. Ahí mismo se duerme y se encuentra el baño, y en dicho espacio no entra la luz, está todo cerrado y solamente se permite que la familia visite a los presos únicamente los días lunes de cada semana, de 15 a 20 minutos, y que los obligan a realizar trabajos forzados.
En un documento difundido públicamente, Magdalena Vázquez Francisco, esposa de Rubén Salvador Martínez, quien fungió como alcalde del 1 de enero al 31 de octubre de 2022, dio cuenta de que su esposo fue detenido el 1 de noviembre del 2022 y continúa encarcelado por tomar una fotografía de una mujer con su bebé dentro de la cárcel, sin embargo ninguna autoridad local ni estatal ha dicho algo al respecto.
La esposa y madre de familia rompió el silencio e hizo un llamado urgente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y también al gobierno federal y estatal para que detengan estas detenciones arbitrarias y permitan que las instancias correspondientes determinen si la persona requiere estar encarcelada o no.
Magdalena Vásquez denunció que el 31 de octubre de 2022, su esposo le tomó a la señora Erika Marina Díaz Martínez, una fotografía con su bebé en brazo, para demostrar que ella se encontraba en la cárcel municipal, ya que días antes el entonces presidente municipal, Otoniel Cruz Díaz, lo había negado, y por este hecho fue recluido pero antes golpeado y robado su celular.
“Mi esposo está mal anímicamente, para liberarlo le piden que se arrodille y pida perdón a la asamblea, su delito fue tomarle fotografías a Erika y su bebé para exigir su liberación”, dijo.
“Lo sentenciaron a tres años por tomar una fotografía de una mujer y su pequeña bebé encerradas en una cárcel. Eso no es justo, y así le hacen a otras personas. Esta justicia carcelaria violenta nuestros derechos humanos, porque lo están haciendo para callarnos, para ya no decir nada, por eso exhortamos a la CNDH que haga algo y que impida más violencia”, agregó.
Desde principios del año pasado, el expresidente municipal, junto con el síndico Pablo Juárez y el síndico suplente Francisco Láscarez Rodríguez, promovió en asamblea la justicia carcelaria para los delitos, y a pesar de que es violatoria a los derechos humanos y se ha denunciado ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), no se ha podido echar abajo y, al contrario, cada vez hay más personas privadas de su libertad.
Los familiares denunciaron que existe complicidad con el juez de Sola de Vega, Agustín Constantino Santiago, quien basado en el principio de que la comunidad se rige por “usos y costumbres” no notifica los amparos por el juez federal.
“Ya se interpuso un amparo ante el Juez Federal, por lo que el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado concedió la suspensión de plano, es decir, las autoridades municipales ya debieron poner en libertad a Rubén Salvador Martínez, pero no lo han hecho, sigue en la prisión local”, dijo.
Es claro, citó la esposa de Rubén, que tanto el gobernador del estado, Salomón Jara Cruz, como el secretario de Gobierno, Jesús Romero, “son omisos y están violando la ley y siendo cómplices de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos en perjuicio de Rubén Salvador Martínez y de Erika”.
“El gobernador y todas las instancias saben lo que se vive en Teojomulco y aun así no hacen nada, hay una gran omisión de su parte al permitir que se estén violentando nuestros derechos humanos, no es posible todo esto que vivimos”, agregó
Magdalena ya interpuso la queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) y no ha pasado nada.
“Ni la Defensoría ni nadie desde que comparecí se ha comunicado conmigo. Hablé para preguntar mi número de expediente y me dijeron que no sabían, y lo mismo pasa con la Fiscalía, que tampoco al parecer ha investigado”, concluyó.
AUTOR: DIANA MANZO.
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