Genaro García Luna, quien se mudó a Miami después de dejar su cargo gubernamental, fue arrestado en 2019 en Texas y desde entonces está detenido sin derecho a fianza en una prisión federal. Se ha declarado inocente de los cargos de narcotráfico y de participar en una empresa delictiva. El hombre de 54 años podría pasar décadas en prisión si se le declara culpable.
“Lo que sí nosotros vamos a procurar es recoger el dinero“, explicó el martes el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Recuperar lo que se podrían considerar fondos robados al Estado por funcionarios corruptos es uno de los objetivos del Gobierno y el dinero del que se pudo haber beneficiado García Luna por colaborar con el crimen organizado, según los fiscales estadounidenses, podría sumar sumar cifras multimillonarias.
García Luna fue el máximo responsable de la seguridad pública en México de 2006 a 2012 durante la Presidencia de Felipe Calderón pero antes, durante el mandato de Vicente Fox (2000-2006), dirigía un cuerpo federal de policía.
En la primera jornada del juicio un expolicía que después se incorporó al Cártel de Sinaloa, Sergio Villarreal Barragán, conocido como “El Grande”, habló de operativos conjuntos del cártel y la policía contra grupos criminales antagónicos; de cómo el exfuncionario advertía de redadas o que un día se llevó 14 millones de dólares en cajas de cartón de una bodega repleta de cocaína que la policía había incautado al Cártel del Golfo y entregado al grupo de Sinaloa.
Según explicó López Obrador ya hay un proceso legal en Florida para conseguir unos 700 millones de dólares.
El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, explicó en una conferencia de prensa desde Argentina que se trata de una “demanda civil por daños en contra de 39 empresas y fideicomisos pertenecientes o en los que participaba García Luna o sus allegados”.
La demanda fue presentada el 21 septiembre de 2021 en Miami por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, el departamento que se encarga de investigar el lavado de dinero y que estimó que el monto aproximado a reclamar por contratos públicos ligados a dichas compañías era de unos 700 millones de dólares, agregó el Canciller.
Según dijo entonces quien fuera titular de la Unidad, Santiago Nieto, dichos activos procedían de “un gran esquema ilegal de contratación en el sector de la seguridad y defensa nacional” que se relacionaba con García Luna.
Los abogados del exfuncionario plantearon “que no tenía México por qué ir a litigar allá”, dijo López Obrador, pero añadió que un juzgado de Florida le dio la razón al Gobierno mexicano “y estamos trabajando en eso, 700 millones y otros posibles activos”.
México tiene una investigación abierta contra el exsecretario de la que informó cuando fue detenido en Estados Unidos en 2019, pero no se ha hecho público ningún detalle al respecto.
López Obrador anunció además que a partir del martes su conferencia matutina diaria tendrá un nuevo espacio para informar sobre todo lo que salga en el juicio porque que no confía en los medios tradicionales mexicanos y quiere que todos los posibles cómplices mencionados sean expuestos ante la ciudadanía.
Es “un drama judicial”, una “tragicomedia”, dijo. “No queremos que la gente no se entere”.
El juicio de García Luna tiene amplias implicaciones, ya que no sólo era la mano derecha del Presidente Calderón en la guerra contra los cárteles, sino el principal aliado de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, elogiado y galardonado por autoridades de ese país.
López Obrador ha utilizado el caso para arremeter contra las presidencias anteriores al argumentar que debido a su corrupción los grupos criminales aumentaron su poder y, por ende, la violencia. Pero también lo ha usado para criticar la injerencia de Washington en la lucha contra el narcotráfico en México.
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