Gertz Manero suma cuatro años siendo cuestionado a causa de una serie de escándalos en los que se ha visto involucrado como las investigaciones que inició contra su familia política, además de la falta de resultados en cuanto a investigaciones iniciadas en materia de corrupción.
La gestión de Gertz Manero ha estado manchada por la polémica, con cuestionamientos sobre su desempeño en casos de alto perfil y su atención en resolver desde la FGR casos personales. A esto se sumaron los planteamientos sobre su estado de salud y los escenarios para sustituirlo como establece la Ley.
Alejandro Gertz Manero tiene 83 años. Es decir, culminaría su gestión constitucional a los 90 años. En los casos en los que esté ausente, como sucedió con su intervención quirúrgica, su suplente, como señala el Artículo 21 de la Ley de la Fiscalía, será el Fiscal Especializado de Control Competencial, en este caso Juan Ramos López, considerado el brazo derecho del Fiscal, y quien también se ha visto envuelto en polémicas.
Lo cierto es que la ruta para suplirlo no es sencilla. La Constitución establece en su Artículo 102 que el procedimiento tendría que desahogarse en el Senado, una instancia donde el partido del Presidente no tiene la mayoría calificada requerida y en donde el coordinador parlamentario de Morena, el Senador Ricardo Monreal Ávila, no suele coincidir con los planteamientos y propuestas enviadas de Palacio Nacional, como ya sucedió con la Reforma de la Guardia Nacional cuando se abstuvo de votar y más recientemente con el Plan B de la Reforma Electoral, contra el cual votó.
La Constitución estipula, por ejemplo, que a partir de la ausencia definitiva del Fiscal General, el Senado de la República tiene 20 días para integrar una lista de al menos 10 candidatos que tiene que ser aprobada por mayoría calificada —las dos terceras partes de los miembros presentes—, que tendrá que enviar Presidente. Si el titular del Ejecutivo federal no recibe esta lista en el plazo señalado, enviará libremente una terna y nombrará provisionalmente al Fiscal General, hasta que se realice la designación definitiva.
Se prevé además que cuando el Presidente reciba esta lista tendrá 10 días para enviar una terna de candidatos, que deberán comparecer, y uno de ellos elegido por mayoría calificada dentro del plazo de diez días. En el supuesto de que el Presidente no envíe una terna en el tiempo, será el Senado el que tendrá diez días para elegir al Fiscal General de entre los candidatos de la lista. Por el contrario, si el Senado no atiende los plazos señalados, el Ejecutivo seleccionará al Fiscal General de entre los candidatos que integren la lista o, en su caso, la terna respectiva.
El obstáculo en estos escenarios es que Morena aún con aliados no podría aprobar por sí mismo a uno de los aspirantes, para ello requeriría de la oposición que desde que anunció su “moratoria constitucional” no ha permitido darle salida a las reformas del Presidente.
Otro escenario que señala la Constitución es el de la remoción por causas graves. En la Ley de la FGR, en su Artículo 24, uno de los supuestos para que esto ocurra es: “Adquirir incapacidad total o permanente que impida el correcto ejercicio de sus funciones durante más de seis meses, dictaminada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado”.
En este caso, la remoción podrá ser objetada por el voto de la mayoría en la Cámara de Senadores dentro de un plazo de 10 días hábiles, en cuyo caso el Fiscal General será restituido en el ejercicio de sus funciones. Si el Senado no se pronuncia al respecto, se entenderá que no existe objeción.
Alejandro Gertz Manero cumplió el 19 de enero cuatro años al frente de la FGR y su última aparición pública se registró el 17 marzo del año pasado, compareció en privado ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y la mesa directiva de la Comisión de Justicia del Senado.
Desde entonces, el funcionario no ha dado entrevistas ni conferencias de prensa, el último mensaje a medios que ofreció fue en agosto de 2020 por el caso Odebrecht. Mientras que en junio del año pasado, López Obrador informó que se reunió con el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar y con el titular de la FGR y le expuso a este último “la necesidad de darle más celeridad a asuntos que la gente quiere solución, quieren ya que se resuelva o que pasen al poder judicial y traté con él lo de Ayotzinapa que es algo que tenemos pendiente”.
Ante estos escenarios, expertas en el sistema penal alertaron que aún cuando el Presidente ya aclaró los rumores sobre la salud de Gertz Manero, la FGR fue omisa al no informar sobre la ausencia del funcionario y todavía no hay certeza de si ha cumplido lo que establece la Ley orgánica de la FGR en el caso de la ausencia de su titular.
“Resulta muy grave la incertidumbre en la que nos encontramos actualmente, sin saber quién verdaderamente está a cargo de la Fiscalía y si se están siguiendo los procedimientos que establece la Ley en el caso de ausencia temporal. Preocupa que no haya claridad de quién está tomando las decisiones al interior de esa institución”, expuso Estefanía Medina Ruvalcaba, cofundadora de la organización Tojil.
Aun si el Fiscal Ramos López está en el cargo, como establece la Ley, su gestión también tendría que cuestionarse por su posible participación en actos irregulares, destacó la abogada. En marzo, al menos cinco grabaciones entre Gertz Manero y Ramos López fueron filtradas en redes, en ellas se escuchó a ambos planear una estrategia contra un proyecto de sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) promovido por un caso que Gertz inició desde 2015 contra sus familiares.
El Fiscal mantenía una disputa legal con Laura Morán Servín, quien fue pareja de Federico, su hermano, y su hija Alejandra Guadalupe Cuevas Morán, a quienes acusaba de no haber brindado los cuidados necesarios que su hermano requería, lo que habría provocado su fallecimiento y que dio pauta a una disputa legal, que favoreció al funcionario federal desde que asumió su cargo, según denunció su familia política.
Alejandra Cuevas estuvo detenida por más de un año, mientras que Laura Morán enfrentaba una orden de arresto, pero la Suprema Corte resolvió a su favor en marzo de 2022.
“La FGR sigue siendo una herramienta de persecución personal porque estos casos salen de los parámetros legales y en el contexto de criminalidad que existe en México no se entiende que sean la prioridad”, mencionó Susana Camacho Maciel, consultora en materia de justicia penal y colaboradora en Borde Jurídico.
Más allá del tema de la salud de Gertz Manero, coincidieron las especialistas, la destitución del Fiscal debería concretarse por sus omisiones, así como la poca transparencia y rendición de cuentas ante el Senado, pues sólo presentó un informe de actividades en 2019.
“La presentación anual de un informe realmente debe ser cuestionada por los senadores y al margen de que se cambie o no a Gertz Manero se le tiene que seguir exigiendo, y si va a salir ver qué es lo que hizo todos estos años”, destacó Camacho Maciel.
El Fiscal fue cuestionado desde su nombramiento por su cercanía con el Presidente López Obrador. “Lo ideal sería que se respetara los procesos de selección y se eligiera un perfil respetuoso de derechos humanos, pero también a uno libre de intereses personales, políticos, que ejerza su autonomía”, agregó.
Además de la investigación y encarcelamiento de su familia política, Gertz Manero suma años siendo cuestionado a a causa de una serie de escándalos en los que se ha visto involucrado, como son la acusación de plagio de su tesis para entrar al Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
Al Fiscal también se le ha cuestionado su ausencia mediática y la poca transparencia en casos de interés público como las tramas de corrupción cometidas en el sexenio pasado: la de Pemex-Odebrecht, donde el proceso penal de uno de los principales implicados, Emilio Lozoya, lleva meses siendo atrasado; también está la llamada Estafa Maestra, donde Rosario Robles, la única exfuncionaria federal detenida por su presunta relación, ya fue liberada.
A ello se suman los datos expuesto por organizaciones civiles como Tojil, donde estiman que de alrededor de 3 mil 36 carpetas iniciadas en la FGR de marzo de 2019 a octubre del 2022, 110 casos han sido presentados ante un Juez y de esos sólo ocho han acabado en una sentencia.
“No es el Fiscal que merece la ciudadanía, ya se perdieron años valiosísimos de una transición que pudo ser la clave para darle otra cara al sistema de justicia. Si se concretara su sustición, tendría que ser mediante un proceso transparente, con el Senado respetando los tiempos, pero también tendría que buscarse un perfil libre de intereses personales y políticos, que ejerza su autonomía”, agregó Camacho Maciel.
AUTOR: MONSERRAT ANTÚNEZ ESTRADA.
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