Desde al menos 2016, hace siete años, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advirtió que este penal en particular presentaba múltiples condiciones de riesgo que podrían derivar en un estallido de violencia como el que tuvo lugar el primer día de 2023, el cual, además de la muerte de siete reos y 10 custodios, así como fugados, ya dejó este pasado 11 de enero la destitución del director general del sistema penitenciario de Chihuahua y el cese previo del director del cereso.
En el informe Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2020-2021, la comisión expuso que en esa cárcel existían problemas de hacinamiento y sobrepoblación, una mala división de los reos (integrantes de grupos delictivos como Los Mexicles están presos en las mismas zonas, lo cual los hace más fuertes frente a las autoridades), falta de personal de seguridad y custodia, así como la existencia de privilegios para ciertos reos y grupos delictivos, y la permanencia de actividades ilícitas como narcomenudeo y cobros de extorsión y sobornos.
En cuanto al hacinamiento, el informe elaborado por la Tercera Visitaduría General de la CNDH señala que la cárcel de Juárez tiene una capacidad de 3 mil 125 reos, pero su población en 2021 fue de 3 mil 500 presos, es decir, casi 400 personas más de las que debería albergar.
No obstante, el cereso número 3 no es el que peor situación presenta en este rubro: el Centro de Reinserción Social 1, en Aquiles Serdán, es de hecho el penal más hacinado de la entidad. Según los datos oficiales, tiene una capacidad para 2 mil 112 reos, pero su población es de 2 mil 881, casi 800 más.
En total, los ocho penales que hay en Chihuahua suman 7 mil 308 reos para una capacidad de 6 mil 249: una sobrepoblación de más de mil personas.
“La patrulla”
Una de las cuestiones que más llamaron la atención mediática tras el motín del pasado 1 de enero es que, según expuso el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, al interior de la cárcel de Juárez se descubrió que ‘el Neto’, uno de los líderes de la banda Los Mexicles, tenía a su disposición habitaciones “VIP” con bar, jacuzzi, televisores, decenas de celulares y una caja fuerte con 1.7 millones de pesos, además de 300 bolsitas de cristal.
El especialista en seguridad Alejandro Hope expuso que estos privilegios son resultado del fuerte control que bandas como Los Mexicles, una pandilla al estilo Mara Salvatrucha catalogada como brazo armado del Cártel de Sinaloa en Chihuahua, tienen en penales como el de Juárez, desde donde dominan el narcomenudeo en las calles juarenses.
La Tercera Visitaduría General de la CNDH, dirigida por Hilda Téllez, ya había alertado también antes del motín —que se produjo como una “operación de rescate” del ‘Neto’, que días después fue muerto a tiros en un operativo policiaco— de que otro de los grandes problemas de este penal eran los privilegios y el autogobierno de los reos.
“Personas privadas de la libertad informaron que un grupo de poder, con anuencia de la autoridad, dicta la dinámica a desarrollar en el Centro”, señaló la comisión, que, incluso, denunció que un grupo de reos fue el que “supervisó” y “autorizó” el acceso de los visitadores de la CNDH a ciertas áreas del penal.
“Un grupo de personas privadas de la libertad denominado ‘patrulla’ se encarga de vigilar y controlar el acceso a las diversas áreas que se encuentran al interior del cereso. Durante el recorrido, elementos de seguridad y custodia acompañaron a los visitadores adjuntos, no obstante, un grupo de personas privadas de la libertad fue quien supervisó y autorizó el ingreso a las diversas áreas”, indicó.
En su Diagnóstico, la CNDH va incluso más atrás de 2020: desde 2016, detectó que persiste el control de acceso a los dormitorios por parte de los reos, así como el control de la vigilancia de las áreas, el cierre por parte de los presos de sus celdas con candados y la obstrucción de visibilidad al interior de las celdas. Los reos también controlan la elaboración y distribución de los alimentos, la limpieza y el mantenimiento del penal y las visitas.
Asimismo, en la cárcel de Juárez las personas presas dijeron a la CNDH que persiste la existencia de cobros de 300 pesos para permitir el ingreso de familiares que no han realizado previamente los trámites para la autorización de la visita, así como 600 pesos por el uso de las estancias de visita íntima.
La situación en los otros ceresos de Chihuahua
En su Diagnóstico, la comisión también advirtió que en el cereso 5, de Nuevo Casas Grandes, los visitadores detectaron en 2021 que los reos también tienen el control de las actividades productivas, educativas y deportivas de la cárcel, así como el control de la elaboración de los alimentos y su distribución.
En el número 2, en Chihuahua capital, detectaron que había control de los reos en el acceso a los dormitorios, y que controlaban la vigilancia de ciertas áreas. Sin embargo, esta situación fue observada en 2018 y 2019, pero para 2020 y 2021 ya no fue señalada.
Ahora bien, la situación de autogobierno en las cárceles no es exclusiva de Chihuahua. De hecho, desde al menos 2015 la CNDH también alertó en un informe que cuando menos en 73 cárceles de todo el país persistían el autogobierno, los privilegios, la falta de atención médica, las malas condiciones de higiene y el hacinamiento.
“En la mayoría de las prisiones mexicanas no hay condiciones de vida dignas para los presos”, alertó el entonces ombudsman Luis Raúl González, en abril de 2016.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE.
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