Se trata del mismo contrato –número DN-10 SAIT-1075/P/2019– que el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a transparentar el pasado 5 de octubre, bajo el argumento de que su administración no tiene “nada que ocultar” en materia de inteligencia. Ya han transcurrido cerca de cuatro meses y la Sedena ha hecho caso omiso a las instrucciones del mandatario.
De hecho, el INAI conoció del caso después de una impugnación contra una respuesta de la Sedena a una solicitud de información, en la cual la institución castrense aseveró que buscó de “manera exhaustiva” un contrato con Comercializadora Antsua, pero no lo encontró, por lo que declaró la inexistencia de la información.
En la sesión del pleno del INAI, hoy, la comisionada Josefina Román Vergara propuso un proyecto –que fue aprobado– para invalidar la respuesta de la Sedena, pues “no realizó una búsqueda exhaustiva de lo solicitado, y existe información pública oficial y notas periodísticas que dan cuenta de la celebración de los contratos solicitados (…) es claro que sí cuenta con la información requerida”.
“Por ello, estimamos indispensable la entrega de los contratos que una persona está solicitando, ya que no solo se transparentaría el ejercicio de recursos públicos, sino también quedarían expuestas las actividades vinculadas con el monitoreo de comunicaciones”, dijo.
La comisionada recalcó también que las actividades de monitoreo de información por parte de las dependencias deben apegarse a órdenes judiciales, pues la Constitución plantea que las comunicaciones privadas son inviolables.
La Sedena ya había ocultado en varias ocasiones la existencia de este contrato, hasta que Proceso, Animal Político, Aristegui Noticias y la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) lo revelaron en octubre pasado, después de encontrar su referencia en los más de 4.5 millones de archivos de la Sedena hackeados por el colectivo Guacamaya.
En paralelo, Proceso y los demás medios que participaron en la investigación #EjércitoEspía revelaron que, durante el sexenio de López Obrador, el spyware Pegasus siguió activo en México y fue utilizado para atacar los teléfonos de dos periodistas –Ricardo Raphael y un colega de Animal Político–, un defensor de derechos humanos –el tamaulipeco Raymundo Flores– y un opositor político, el diputado Agustín Basave Alanís.
La investigación periodística contrastó con las reiteradas declaraciones de López Obrador, quien siempre ha asegurado que su gobierno no ha comprado ni utilizado el sistema Pegasus.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
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