Durante la diligencia en la cual decretó la privación de la libertad de Ovidio hasta por 60 días como máximo, el juzgador, en tono de molestia, tras dar a conocer su resolución contra el hijo menor de Joaquín “El Chapo” Guzmán, emplazó a los representantes ahí presentes de la Fiscalía General de la República (FGR) para iniciar la investigación contra ambos funcionarios, a la vez de imponerles una multa administrativa.
La multa, tanto a la directora del Altiplano, Nora Angélica Balderrama, como al titular del órgano administrativo, Hazael Ruiz Ortega, responsable de los penales federales de todo el país, fue por un monto de 19 mil 244 pesos, cada uno, pues aseguró que no había “motivo ni justificación alguna” para haber retrasado la realización de la audiencia en la que se presentaría a Ovidio.
De hecho, la audiencia fue convocada por el juez Salazar a las 11:00 horas, pero inició poco después de las 13:00 horas, es decir, con más de dos horas de retraso.
Además de eso, el juez responsabilizó a la directora del Centro Federal del Altiplano, de no haber cumplido con los requerimientos que le hizo para la presentación del detenido, quien compareció fuera del cubículo de seguridad dispuesto en la sala, para presentar a detenidos.
Ovidio, tras sostener un encuentro de 15 minutos con sus abogados, en un espacio situado a un costado de la llamada “burbuja”, salió y se sentó de frente al juez, en medio de sus tres defensores, cuando lo usual es que se presenten detrás de la “burbuja”.
El presunto narcotraficante compareció la tarde de este viernes sin haber recibido aún imputaciones en su contra por parte del gobierno de México.
En torno a las acusaciones directas que hizo el juez contra los funcionarios federales, aseguró que tuvieron una acción “contumaz” y que estuvo a punto, ahí mismo, de ordenar su arresto y acusarlos de obstrucción de la justicia.
Salazar no abundó demasiado sobre cuáles fueron las condiciones previas que solicitó a la directora del centro federal para que compareciera Ovidio por primera ante un juez federal tras su reaprehensión el pasado jueves, lo que sí dejó claro es que éstas no fueron acatadas.
Dijo que hubo “resistencias” del titular del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y de la propia directora del penal, por lo que pidió una investigación contra ambos.
“En estos momentos le doy vista a la FGR, aquí a ustedes que están presentes”, dijo a los representantes del Ministerio Público que atendieron la audiencia, quienes tomaron nota de inmediato.
El juez señaló que en este caso deberán investigarse a ambos funcionarios y deslindar responsabilidades.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MA. TERESA MONTAÑO.
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