Sin embargo, la FGR argumenta que no tiene competencia para ello, pese a que en su artículo 119 la Ley General establece que el banco está a cargo de la fiscalía, y que tiene por objeto concentrar la información relevante para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas, así como para la investigación de los delitos.
De acuerdo con la Ley General, promulgada en noviembre de 2017 para entrar en vigor en enero de 2018, el banco debía estar creado un año después, es decir, en enero de 2019. Ahí se específica que la FGR debe emitir lineamientos —considerando la opinión de autoridades competentes, expertos y estándares internacionales— para que los distintos órdenes de gobierno remitan la información de manera homologada.
“Corresponde a la fiscalía coordinar la operación y centralizar la información del Banco Nacional de Datos Forenses, así como administrar el Registro Forense Federal”, añade la legislación, que acaba de cumplir cinco años de entrar en vigor.
“Esta autoridad… normativamente carece de competencia para la implementación de tales figuras banco y registro nacional, puesto que dichas facultades se encuentran limitadas a los extremos normativos, previstos en el artículo 93 del Reglamento de la Ley Orgánica de la entonces Procuraduría General de la República”, pretexta la FGR en su recurso de revisión.
La sentencia la impugnó no solamente el fiscal, sino diferentes unidades dentro de la FGR, como la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, la Fiscalía Especializada en Desaparición, la Agencia de Investigación Criminal, la Coordinación General de Servicios Periciales y el Cenapi.
“Todas, bajo el argumento de que dentro de sus facultades no está la construcción del Banco Nacional de Datos Forenses, que según ellos no les corresponde, a pesar de que la Ley General en materia de desapariciones es muy clara”, dijo César Contreras, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Pro).
Dentro de las atribuciones individuales de cada una de estas unidades, abundó, hay disposiciones expresas que las relacionan con la construcción de herramientas tecnológicas como el Banco Nacional de Datos Forenses, por lo que al hacer el análisis de sus facultades, el juez de distrito resolvió que la FGR y esas áreas habían incumplido con sus obligaciones.
El amparo 1070/2021 fue promovido —con el acompañamiento del Centro Pro— por Olimpia Montoya, quien busca a su hermano Marco Antonio, desaparecido en Guanajuato el 18 de marzo de 2017, en reclamo a diversas afectaciones a su derecho a la verdad y a la justicia como consecuencia de la falta de operación del banco. Este, además, es una herramienta fundamental para avanzar en la identificación de los más de 52 mil restos humanos que, se calcula, permanecen no identificados en México.
En su recurso de revisión, la FGR también señala que la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) tendría que emitir lineamientos respecto de un sistema único de información tecnológica e informática, cuya ausencia limita la creación del banco. El Centro Pro rechaza esa postura, que considera un intento de la fiscalía de eludir su responsabilidad, intentar confundir y mezclar temas, pues para que haya un sistema único, primero tiene que existir la información para alimentarlo.
“Un argumento que nos parece por demás preocupante, sobre todo porque habla de la falta de voluntad política y empatía por parte de la Fiscalía General de la República con la crisis en materia de desaparición, tiene que ver con que señalan que como existe una carpeta de investigación y un dictamen en materia de genética relacionado con el caso de Olimpia Montoya, que es quien promueve este amparo, no se viola ningún derecho de ella por la inexistencia del banco”, añadió Contreras.
El Centro Pro y los colectivos de familias de personas desaparecidas consideran que la inexistencia del banco afecta a todos aquellos que buscan a sus seres queridos, pues sería una herramienta tecnológica para organizar la información forense y poder hacer comparaciones. Mientras esa información no esté concentrada en un solo lugar, no habrá manera de remontar la cifra de cuerpos no identificados.
Ante ello, el Centro Pro presentó un recurso de revisión adhesiva con la expectativa de que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la CDMX ratifique la sentencia de octubre. “No solo porque es favorable, sino porque respeta los estándares internacionales, reconoce el derecho de todas las personas a ser buscadas, la crisis en materia forense del país y el incumplimiento de las obligaciones de la Fiscalía General de la República”, subrayó Contreras.
Destacan incumplimientos y ausencia de la fiscalía
“Me gustaría decirles el ya no permitir la normalización de estas reuniones o estos eventos; están huecos estos espacios porque nos falta la fiscalía, porque los problemas que tenemos las familias son los ministerios públicos por no hacer su trabajo. Si le sumamos el cambio de sistema penal, es otro problema porque tenemos averiguaciones previas y carpetas de investigación. Tenemos muy poquitos ministerios públicos”, reclamó Patricia Manzanares Ochoa durante el evento de conmemoración de los cinco años de la entrada en vigor de la Ley General.
“Si esta ley fue creada porque los desaparecidos los pusimos nosotros, las personas de larga data mal llamadas, los desaparecidos de larga data están en el olvido porque nadie los busca. Es un llamado de atención a ustedes mismos de que en estas reuniones deben estar presentes las fiscalías”.
Mamá de Juan Hernández Manzanares, policía federal desaparecido en ejercicio de sus funciones en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, hace 12 años, recordó que son las familias quienes se han dado a la tarea de aprender, saber y exigir sus derechos. Hace cinco años, subrayó, eran 47 mil las personas desaparecidas; hoy suman 109 mil.
Entre reclamos de diversos colectivos y evaluaciones oficiales respecto de la implementación de la Ley General en su primer lustro, prevaleció un señalamiento: el incumplimiento de los mecanismos previstos en la legislación que son responsabilidad de la FGR, es decir, el Banco Nacional de Datos Forenses, el Registro Nacional de personas fallecidas no identificadas y no reclamadas y el Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense.
A nombre del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, Laura Curiel, mamá de Daniela Mabel Sánchez Curiel, desaparecida el 11 de marzo de 2015 en Tlalnepantla, Estado de México, lamentó que pese a las virtudes de la ley, que es fruto del trabajo y la articulación de las familias durante años, carece de articulación al momento de implementarla.
“Los resultados son insuficientes en todo el país. A estos cinco años de la existencia de la ley, creemos que ya deben tener mayores respuestas. Además de todo, falta crear el registro nacional de personas fallecidas no identificadas y no reclamadas, el Banco Nacional de Datos Forenses y el registro de fosas por parte de las fiscalías de todo el país”, reclamó.
Añadió que a pesar de que ya están instaladas las 32 comisiones estatales de búsqueda, fiscalías especializadas en la mayoría, el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MAIF), el protocolo homologado de búsqueda y el adicional para niñas, niños y adolescentes, no todos los mecanismos están funcionando plenamente y persiste falta de coordinación entre dependencias.
“Tenemos un pendiente. Recuerdan que mencioné las 32 comisiones de búsqueda; pese a que ya se encuentran en funcionamiento, una de cada tres está funcionando con menos de 10 personas. Creemos que hay poco personal, hace falta mucha transparencia y nos preguntamos cuántas personas encuentran o no. Se requiere también la prioridad de la búsqueda en vida; vemos que se está realizando mucha búsqueda forense”, señaló.
El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, destacó que se ha logrado la instalación de las 32 comisiones de búsqueda con desarrollos muy desiguales derivados de la importancia y el peso que las autoridades locales otorgan a esa responsabilidad. Recordó que a pesar de ello, en los últimos cuatro años se ha otorgado un subsidio de más de mil 800 millones de pesos a las comisiones estatales.
“No es un asunto menor, porque en el 2018 la Comisión Nacional de Búsqueda contaba con un presupuesto para todo el año de 8 millones de pesos. Hoy, en 2023, tiene un presupuesto superior a los mil 100 millones de pesos, de los cuales el 60% se va a subsidios de las comisiones locales. Ahí tenemos comisiones que a veces no solamente no ejercen los recursos plenamente, sino que no solicitan los subsidios a los que tienen derecho. Tenemos que fortalecer estos esfuerzos para que podamos tener mucho mayor eficacia en la búsqueda en vida y en campo”, reconoció.
Dentro de los pendientes, también destacó la creación del Banco Nacional de Datos Forenses. “Necesitamos que las fiscalías de los estados, la Fiscalía General de la República, compartan los datos con los que cuentan para poder tener por fin un banco nacional; dejar atrás este celo institucional, no solamente en datos forenses, sino en el registro de personas fallecidas no identificadas y no reclamadas, o el registro nacional de fosas y el programa de exhumaciones, a los cuales están obligadas la FGR y las fiscalías de los estados”, agregó.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos subrayó que el país aún no ha actuado con firmeza para enfrentar la crisis de desaparecidos, y la implementación de la ley sigue siendo insuficiente por los mecanismos pendientes y su reglamento. Aunado a ello, los criterios para determinar responsabilidades no se aplican adecuadamente, mientras la militarización de la seguridad sigue profundizándose con afectaciones a los derechos humanos.
“La cantidad de casos para investigar y resolver en México es de tal magnitud que ningún país solo lo puede resolver; aunque tuviéramos todos los mecanismos y la cooperación, no sería suficiente”, dijo Morris Tidball-Binz, relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MARCELA NOCHEBUENA.
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