La SRE abandona a mexicano en España: Cárcel y multa por denunciar la corrupción

Roberto Macías Chávez, mexicano-español, ha sufrido persecución y acoso durante una década sólo por haber denunciado –como whistleblower, figura reconocida por la Unión Europea– un fraude millonario cometido en la sección andaluza del mayor sindicado ibérico: la UGT. Los abogados de ésta torcieron los hechos para que el acusador acabara sentado en el banquillo y la autoridad judicial lo permitió... y México –que tiene la obligación de asistirlo– abandonó a su suerte al denunciante.

“En España sale caro denunciar la corrupción; te destroza la vida”, dice pesaroso Roberto Macías Chávez, mexicano que ha sufrido persecución judicial durante una década, tras destapar un fraude millonario en la delegación andaluza de la Unión General de los Trabajadores (UGT-A), la mayor central obrera del país, cometido mediante el desvío de fondos provenientes de subvenciones públicas y el uso de facturas falsas en el manejo contable.

Fue gracias al papel de Macías como whistleblower (denunciante de corrupción, figura reconocida por la Unión Europea), que varios medios españoles iniciaron su propia investigación periodística, la cual una vez publicada abrió el telón a un escándalo de corrupción que afectó políticamente a la histórica central obrera en una de las comunidades autonómicas donde tenía más peso.

A raíz de la difusión del caso, el sindicato Manos Limpias presentó una serie de denuncias ante los tribunales, que propició la instrucción judicial para que la Unidad de Delitos Económicos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil iniciara sus pesquisas.

Pero la paradoja se dio cuando Macías fue sentado en el banquillo de los acusados y condenado a dos años de prisión –que su defensa aún pelea judicialmente para que no se cumpla– y el pago de 60 mil euros por un delito de “descubrimiento y revelación de secretos”. Los abogados de la UGT-A, es decir, el sindicato cuya corrupción fue descubierta, pidieron para Roberto cuatro años de prisión y el pago de la multa arriba citada.

Incomprensiblemente la Fiscalía Anticorrupción de Andalucía, “alineada con la UGT”, dice, le pedía tres años de prisión y la misma multa.

Peor: del resto de los 15 imputados –cinco sindicalistas y 10 proveedores de confianza relacionados con la trama–, algunos ni siquiera se han sentado en el banquillo.

En el caso estuvieron implicados el todopoderoso exsecretario general de UGT-A durante 15 años, Manuel Pastrana y su sucesor, Francisco Fernández Sevilla, así como el tesorero Federico Fresneda. La misma Fiscalía Anticorrupción andaluza que propugna por la prisión del mexicano pidió en 2019 la “suspensión provisional y el archivo de la causa” contra Pastrana, porque padecía una “enfermedad degenerativa”, por la que se le reconocía un grado de incapacidad de “gran invalidez” y por ello “no puede prestar declaración con garantías”.

La sentencia del Juzgado de lo Penal número 15 de Sevilla le impuso en mayo de 2020 esta pena a Macías por “filtrar” a varios medios de comunicación información “reservada y sensible”, y le reprochaba –como también lo hizo la fiscalía anticorrupción andaluza– haber optado por esa vía, sin acudir directamente a las instituciones, es decir, a la policía, la fiscalía o los tribunales.

Este texto es un adelanto del reportaje publicado en el número 2409 de la edición impresa de Proceso

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: ALEJANDRO GUTIÉRREZ.

LINK: https://www.proceso.com.mx/reportajes/2023/1/6/la-sre-abandona-mexicano-en-espana-carcel-multa-por-denunciar-la-corrupcion-299859.html