lunes, 23 de enero de 2023

ONU emplaza al gobierno mexicano a informar sobre búsqueda de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz

El Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED) le dio al gobierno de México hasta el 2 de febrero para informar sobre las acciones para localizar a los defensores de derechos humanos.

A más de una semana de la desaparición de los defensores de derechos humanos y el territorio Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED) emplazó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a informar sobre las medidas adoptadas para su búsqueda y localización, a más tardar el 2 de febrero próximo.

En conferencia de prensa para dar seguimiento al caso, organizaciones civiles y familiares de los activistas desaparecidos el 15 de enero en la zona limítrofe entre Colima y Michoacán, dieron a conocer las movilizaciones emprendidas para exigir la presentación de Lagunes y Díaz, e insistieron en requerir la colaboración de la empresa minera Ternium, de capital ítalo-argentino pero con sede en Luxemburgo, contra la que los defensores han litigado por los impactos contra el medio ambiente generados por el complejo minero Las Encinas.

Michel Cervantes, abogado de la organización Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, informó que luego de enviar una comunicación al CED, el organismo notificó el pasado 19 del emplazamiento al Estado mexicano sobre la ubicación de Lagunes y Díaz.

Tras indicar que la comunicación fue firmada además por Global Rights Advocacy, Asesoría y Defensa Legal del Sureste y la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle, Cervantes explicó que en la Acción Urgente emitida por el CED, de cumplimiento obligatorio para el Estado mexicano, se le requirió “establecer, de inmediato una estrategia integral que incluya un plan de acción y un cronograma para la búsqueda exhaustiva de los señores Lagunes Gasca y Díaz Valencia y, para la investigación exhaustiva e imparcial de su desaparición”.

Al señalar que en la investigación deberá tomarse en cuenta el contexto de su desaparición, como lo es la “hipótesis relacionada con el trabajo por la defensa de los derechos humanos de los señores Lagunes Gasca y Díaz Valencia”, el CED instruyó a garantizar el derecho de los familiares en la búsqueda y a estar informada sobre los avances en las investigaciones.

Michel Cervantes destacó que al momento existen tres carpetas de investigación abiertas por las fiscalías General de la República, de Michoacán y de Colima, y que las organizaciones y familiares se han reunido con funcionarios de la Secretaría de Gobernación para dar seguimiento al caso, mismo que será revisado en próximos días.

En la conferencia de prensa, la esposa de Lagunes, María de Jesús Ramírez, y sus hermanos Ana Lucía y Antoine Lagunes Gasca, exigieron la participación activa de la empresa minera Ternium en la localización de los defensores desaparecidos.

Antoine Lagunes apeló a la empresa su “intervención para que aparezcan vivos, por su influencia y su poder usen todos sus recursos y poder a su alcance”, en tanto que María de Jesús Ramírez dijo que no necesita “una palmadita en la espalda de la empresa, sino una acción contundente para que (los activistas) regresen ya”.

Luego de informar que el complejo minero en Aquila fue cerrado a petición de los comuneros, quienes solicitaron al gobierno federal resguardar el material explosivo, Ana Cecilia recordó que por “la influencia de Ternium, tiene contacto con todos los actores de la región, por ello pedimos que utilice todo su poder para localizar a Ricardo y don Antonio”.

Sergio Oceransky, de la Fundación Yansa, explicó que se tiene información de que quienes secuestraron y desaparecieron a los defensores “son cercanos a la empresa, son incondicionales y respaldan la expansión de la mina, no se acusa a la mina de secuestro, pero no es posible que pretenda lavarse las manos, siendo extremadamente cercanos al grupo que efectuó la desaparición”.

Alejandra Gonza, directora de Global Rights Advocacy, sostuvo que desde el derecho internacional, la empresa tendría obligación de colaborar en la búsqueda de los defensores al tener responsabilidad en generar el ambiente de división entre la comunidad, por lo que el caso también será notificado ante el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos.

En comunicación telefónica, comuneros de Ostula y Aquila informaron que mantendrían sus movilizaciones como el bloqueo carretero entre Colima y Michoacán hasta que los defensores aparezcan con vida.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.

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