En primera instancia, dichos recursos se dirigirán en contra de la parte del “plan B” que ya quedó completamente aprobada en ambas cámaras del Congreso y que el 27 de diciembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Se trata de las reformas a las leyes de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, que establecen medidas como que las declaraciones de las y los funcionarios públicos no sean consideradas propaganda gubernamental.
Raymundo Bolaños, coordinador jurídico del PAN, dijo en entrevista que el partido usará su facultad para presentar acciones de inconstitucionalidad contra leyes electorales y presentará una ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para impugnar los cambios promovidos por el gobierno y Morena.
De acuerdo con el PAN, las reformas aprobadas son contrarias a la Constitución porque permiten a las y los funcionarios actuar de forma parcial y favorecer a determinados actores o fuerzas políticas.
“Esto merma el principio de imparcialidad en el ejercicio de los recursos públicos”, dijo Bolaños, y consideró que con esto se abre la puerta a que integrantes de Morena hagan campaña abiertamente fuera de tiempos electorales.
A manera de ejemplo, citó el caso de los anuncios espectaculares que diputados federales de Morena aceptaron haber pagado para promover las aspiraciones presidenciales de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.
Bolaños dijo que el PAN espera que otros partidos de oposición, en particular sus aliados del PRI y del PRD, presenten sus propias acciones de inconstitucionalidad en esta materia. El PAN prevé interponer la suya entre el 11 y el 12 de enero.
A la par, las bancadas de los tres partidos en el Congreso alistan sus propios recursos contra la parte del “plan B” que ya se publicó, así como contra aquella que aún está pendiente.
Ese paquete de reformas —a las leyes de Instituciones y Procedimientos Electorales, de Partidos Políticos, del Poder Judicial y de Medios de Impugnación— aún está en el Senado debido a que se le hicieron ajustes de última hora que no alcanzaron a ser votados antes del cierre del periodo ordinario de sesiones del Congreso el 15 de diciembre.
Morena y sus aliados tienen los votos suficientes para que esa parte del “plan B” también quede aprobada, pero deben esperar al siguiente periodo ordinario de sesiones, que arranca el 1 de febrero.
Morena confía en aval de la Suprema Corte
Del lado de Morena, sus legisladores son conscientes de que la oposición impugnará el “plan B” del presidente López Obrador, pero confían en que la SCJN terminará validándolo.
César Cravioto, senador de Morena, dijo en entrevista en diciembre pasado que las reformas están apegadas a la Constitución, contrario a lo que argumenta la oposición.
Por ello, se mostró confiado en que las y los ministros de la SCJN dejarán en firme el “plan B”.
“Yo estoy seguro de que cuando salgan a la Suprema Corte todo va a pasar, todo va a mantenerse firme, y si algo no se mantiene firme, van a ser las excepciones”, dijo.
En el máximo tribunal, para que una ley sea declarada inconstitucional e invalidada, se requieren los votos de al menos ocho de los 11 integrantes del pleno.
Durante la discusión de la reforma electoral en las cámaras, en las primeras semanas de diciembre pasado, la oposición advirtió que, además de acciones de inconstitucionalidad, el conjunto de modificaciones legales enfrentará controversias constitucionales de parte de los estados —ante posibles intromisiones en normas locales— y amparos de parte de las y los funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) que se vean afectados si pierden sus empleos.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MAURICIO TORRES.
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