Durante más de dos años, las mujeres detenidas la mañana del 10 de julio en la glorieta Santa Fe, capital del estado, han buscado tener acceso a la justicia, que se sancione a los mandos de Seguridad Pública que ordenaron su detención cuando pretendían ser escuchadas por el gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo.
En dos ocasiones la Fiscalía General del Estado (FGE), a cargo de Carlos Zamarripa Aguirre, ha ordenado el no ejercicio de la acción penal contra los elementos que detuvieron a las cuatro mujeres y los mandos que ordenaron la actuación de policías rasos, determinaciones que han sido revertidas mediante amparos por las víctimas y su asesor jurídico.
A través de un nuevo escrito enviado por la FGE a la jueza de control Liliana Martínez Sandoval el 14 de diciembre pasado, el organismo responsable de la procuración de justicia pretende dar carpetazo a la investigación con respuestas como que la compañía de telefonía celular y los registros del C5 ya fueron borrados y no existen evidencias de que los policías atendieran órdenes al detener a las mujeres buscadoras.
Para evitar que se investigue a los mandos de las Fuerzas de Seguridad Pública, la FGE presentó como evidencia una serie de entrevistas que hicieron a policías estatales que participaron en el mencionado operativo; aseguran que nadie les dio la indicación de detener a las inconformes, sino que lo hicieron porque obstruyeron uno de los principales accesos a la ciudad de Guanajuato.
Incluso, aseguraron haber recibido golpes y jaloneos de las buscadoras.
Pero en el registro nacional de detenciones se anotó que las buscadoras fueron aprehendidas por obstruir las vías de comunicación. No hay referencia a las agresiones que supuestamente recibieron los elementos de FSPE.
El asesor jurídico de las víctimas, Roberto Saucedo Pimentel, dio a conocer que existe una carpeta abierta de la Fiscalía General de la República por el abuso de autoridad de los policías estatales, resultado de una denuncia que presentó el visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), quien ese día también fue detenido por los elementos de FSPE cuando observaba la protesta (carpeta FED/CDMX/SPE/0007298/2020).
Saucedo agrega que en acta circunstanciada que entregó a la FGE, el visitador de la CNDH expuso que escuchó cuando el director de la Policía Estatal de Caminos, Jorge Rodríguez Santibáñez, dio la orden para que lo detuvieran.
A través de un escrito Saucedo pidió que Rodríguez Santibáñez sea entrevistado por él, pero la FGE le respondió que su petición no procede porque el funcionario ya rindió un informe ante la subprocuraduría de Derechos Humanos, aunque éste no cumple con las especificaciones del Código Nacional de Procedimientos Penales para ser utilizado como dato de prueba.
En la misma tesitura, tres agentes del Ministerio Público enviaron un escrito atendiendo los requerimientos que estableció la jueza de control Liliana Martínez Sandoval desde el 17 de junio de 2022, durante la audiencia en la que se ordenó a la FGE investigar el abuso de autoridad de los policías estatales.
En el escrito de 117 páginas el Ministerio Público dice que no es posible recuperar las grabaciones de la comunicación vía radio, tampoco de telefonía celular porque ya pasaron más de dos años y la legislación federal obliga a tener el resguardo por un plazo máximo de 24 meses.
Además, al aplicar el protocolo de Estambul a las víctimas se concluyó que “no sufrieron ningún tipo de daño psicológico o físico” durante y después de la protesta del 10 de julio.
Para reforzar la narrativa de las tres policías mujeres y un hombre que participaron en la detención de las cuatro manifestantes, el Ministerio Público tomó la declaración de otros 10 policías estatales que estuvieron en la manifestación de la glorieta Santa Fe en julio de 2020. Todos ellos repitieron la misma versión: las personas que se mostraron agresivas fueron las manifestantes, cuando ellos intentaron llevarse los vehículos con los que pretendían cerrar la vialidad.
Las mujeres que fueron detenidas y su asesor seguirán con el proceso judicial para que se investigue no solo a los elementos rasos, sino que se conozca quién o quiénes ordenaron las agresiones y detenciones de mujeres buscadoras durante una manifestación que tenía como fin obligar al gobernador a escucharlas.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CARMEN PIZANO.
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