El Seminario sobre Violencia y Paz de El Colmex, coordinado por Sergio Aguayo, presentó este miércoles las recomendaciones para la seguridad de candidatas y candidatos en los comicios locales de este 2023, que son el resultado de un estudio minucioso sobre la violencia registrada en el proceso electoral 2020-2021, en el que fueron asesinadas 32 personas que aspiraban a uno de los más de 20 mil cargos públicos que estaban en disputa.
“Partimos de un hecho: los atentados más graves sí modifican los procesos electorales y sus resultados”, concluyen los investigadores, “es obvio que los asesinatos reducen las opciones del electorado al eliminar o intimidar candidatas y candidatos y que afecta, en formas que desconocemos, el comportamiento del electorado. El miedo afecta el comportamiento de las personas”.
En el estudio se presentan diez conclusiones derivadas del análisis de los asesinatos políticos ocurridos entre septiembre de 2020 y junio de 2021, entre las que destaca que existe una lógica de “violencia preventiva” utilizada por los criminales para eliminar riesgos potenciales cuando una candidata o candidato puede afectar sus intereses.
El 97% de los asesinatos fueron en contra de personas que buscaban cargos municipales, lo que apunta a una intención de control territorial. La mayor parte de ellos ocurrió en la vía pública, lo que indica que los criminales buscaban visibilizar el hecho. Y en casi todos los casos se trataba de personas con experiencia política previa.
“Los asesinatos fueron hechos por sicarios del crimen organizado, por rivales políticos y por rencillas personales. Obvio, existe la posibilidad de combinaciones de las tres motivaciones. Por ejemplo, que en 13 casos influyeran las rivalidades políticas habla de la incorporación de la violencia letal como parte de una contienda en el papel pacífica y de la tendencia a usar métodos criminales para encubrir la motivación”, añade el documento.
Con base en este análisis, el Seminario sobre Violencia y Paz emitió recomendaciones para actores políticos, autoridades y medios de comunicación.
Una de ellas, dirigida a los gobiernos y autoridades de seguridad y justicia, es la elaboración de mapas de riesgo que permitan identificar zonas de alta conflictividad en el Estado de México y Coahuila, y metodologías de análisis de riesgo homologadas a nivel federal y local.
En sentido contrario a recientes sentencias del Tribunal Electoral, mediante las cuales se ha ordenado al INE a elaborar mapas de riesgo, los académicos recomiendan que éstos sean una labor exclusiva de las instancias de seguridad.
“Las autoridades electorales no deberían involucrarse en la elaboración de mapas de riesgo y su actualización, ya que eso puede poner en riesgo a quienes hacen trabajo en campo para organizar las elecciones. Los perpetradores podrían pensar que son la fuente de la información y atentar contra ellos”, señalan.
Sí recomiendan, en cambio, que las autoridades electorales desarrollen y organicen un acervo documental para avanzar en el estudio y prevención de la violencia electoral.
Además, las autoridades electorales deberían elaborar programas de capacitación para candidatas y candidatos, en coordinación con los partidos políticos, así como métodos más eficaces de detección de riesgos en los perfiles de quienes buscan registrarse como candidatos.
A partidos y candidatos se recomienda moderar la “belicosidad" del discurso político, ya que la polarización y las agresiones verbales crean el contexto adecuado para la violencia electoral. Incluso, se sugiere a partidos políticos, nacionales y locales, la firma de pactos públicos de civilidad.
A los medios de comunicación se recomienda desarrollar coberturas que no revictimicen a quienes sufren los ataques de este tipo, y dar seguimiento a los casos más allá del periodo electoral, implementando medidas de protección a los periodistas locales que realizan esas investigaciones.
A las personas que van a competir por la gubernatura del Estado de México o Coahuila, y a quienes buscan una de las diputaciones del congreso coahuilense, se les recomienda acercarse a sus partidos, a las instancias de seguridad y a las autoridades electorales, para solicitar información sobre la situación de seguridad en la jurisdicción en la que van a competir.
“En el proceso electoral 2020-21 participó el crimen organizado en las elecciones. Ignoramos la magnitud y las consecuencias. Sin embargo, se ha ido acumulando suficiente evidencia para asegurar que estamos ante un problema muy grave para la institucionalidad democrática”, concluye el estudio.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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