La medida fue añadida en el año 2020 mediante una reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la CDMX, como parte de las órdenes de protección en materia penal a favor de las mujeres víctimas de violencia.
Durante la sesión de este martes, la mayoría de los integrantes del Pleno avalaron la propuesta de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien consideró que esta medida no es inconstitucional al no estar regida exclusivamente por la ley procesal penal, en la que sólo el Congreso de la Unión tiene facultades para legislar.
“Contrario a lo que alega la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no se invade la competencia del Congreso de la Unión para legislar en materia procesal penal (…) ya que las medidas de protección reguladas en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la Ciudad de México, tienen como finalidad prevenir, interrumpir o impedir la realización de cualquier conducta que implique una situación de violencia contra las niñas y mujeres”, señaló la ministra.
Añadió que la Ley General en la materia habilita a las autoridades jurisdiccionales competentes, federales y locales, para valorar las medidas de protección que consideren necesarias.
Posteriormente, la Corte inició el análisis de la impugnación presentada por la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX contra esta reforma y otras modificaciones en la materia, en la que se estableció la creación del Registro Público de Personas Agresoras Sexuales.
La ministra Esquivel propuso avalar la reforma pero hasta ahora cinco integrantes del Pleno ya se pronunciaron en contra.
La Corte no concluyó la discusión del asunto, por lo que será retomado el próximo jueves 16 de febrero.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.
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