La sentencia del expediente 03/2020, resuelta por el Tribunal Unitario Agrario Distrito 1 el 14 de diciembre de 2022, obliga a la automotriz a regresar poco más de tres hectáreas de las que se apropió durante la expansión de sus operaciones en la entidad, con la anuencia del gobierno estatal entonces encabezado por el priista Carlos Lozano de la Torre, mediante el Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Estado (FIADE), que fungió como el canal para adquirir terrenos del ejido, fusionarlos y luego donarlos a la automotriz de manera discrecional.
El proceso para que se instalara la segunda planta de la armadora en el estado estuvo lleno de vicios e irregularidades. Una de ellas, como acaba de dictaminarlo el tribunal, fue apropiarse de caminos y brechas que son de uso público y, por ello, no pudieron estar incluidos en ninguna compraventa.
Los ejidatarios fueron presionados para vender sus tierras y, con ayuda de un hombre de confianza de la entonces administración estatal, Nissan revendió en 17 millones de dólares parte de los terrenos que le fueron donados.
La historia fue consignada en una investigación periodística publicada en la edición 2258 de Proceso, en febrero de 2020, en alianza con CONNECTAS y el acompañamiento de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
Los terrenos en litigio son en realidad caminos y brechas, “servidumbres de paso”, que los ejidatarios pelean desde 2015. Y, aunque son pocas hectáreas, les parece injusto el hecho de que estén limitadas al uso de la automotriz sin que las pagara.
“Son caminos de comunicación, entradas y salidas, se fueron en la venta. Son terrenos que siguen siendo propiedad del ejido y no los pagaron”, dijo en entrevista un ejidatario que solicitó no publicar su nombre.
Este texto es un adelanto del reportaje publicado en el número 2413 de la edición impresa de Proceso
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MÓNICA CERBÓN.
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