Durante más de una década, los comuneros de Aquila han exigido a Ternium México un pago justo de regalías por la extracción de hierro de la minera Las Encinas. Cuando aumentó la presión contra la empresa y algunas reivindicaciones de los pobladores iban camino de solucionarse, atentaron contra Antonio Díaz Valencia y Ricardo Lagunes Gasca.
Familiares de los defensores, comuneros y habitantes de esta localidad de Michoacán acusan a Ternium y a grupos del crimen organizado de la desaparición del maestro y del abogado, debido a que en los últimos cinco años intensificaron su lucha social y legal en contra de la empresa para obligarla a cumplir acuerdos de ocupación temporal firmados en 2012 y 2017. Díaz Valencia lidera a la mayoría de los 469 comuneros dueños de tierras concesionadas a la minera y reconocidos en el padrón del Registro Agrario Nacional, un grupo al que desde 2018 representa legalmente Lagunes Gasca.
Durante una asamblea comunal realizada en diciembre, los directivos de la empresa perteneciente al grupo italoargentino Techint advirtieron a los defensores que, de no someterse a los intereses de la minera, “los iban a ‘levantar’ en cualquier momento”, según la versión de tres comuneros que estuvieron presentes en la reunión. La tarde del domingo 15 de enero, hombres armados interceptaron la camioneta en que viajaban Díaz Valencia y Lagunes Gasca; han pasado más de dos semanas y nada se sabe ni de sus captores ni de su paradero.
Al momento de su desaparición, el líder comunal y el abogado se trasladaban a Colima en una camioneta ‘pick up’blanca marca Honda, propiedad de Lagunes Gasca. La última vez que los vieron fue alrededor de las 18:50 horas, cuando dejaron a un acompañante en una tienda de conveniencia cerca del puente de Coahuayana. Horas más tarde, el vehículo fue localizado con impactos de bala sobre la carretera federal 200, en la localidad colimense de Cerro de Ortega, cerca del límite con Michoacán.
Esa misma mañana, los defensores habían abordado en una asamblea en Aquila tres temas que enfrentan a Ternium con los comuneros: la renegociación de los acuerdos de ocupación temporal incumplidos por la empresa, el paro obligado de actividades en la mina, y el lanzamiento de la convocatoria para la elección del nuevo comisariado de bienes comunales. Díaz Valencia aspiraba al cargo de presidente, un puesto que le permitiría, auxiliado por un secretario y un tesorero, asumir la representación de la comunidad nahua ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA) 38 de Colima y la Procuraduría Agraria.
Desde hace cuatro años, un grupo de alrededor de 200 pobladores liderados por Juan Carlos Martínez y Juan Sapién Sandoval –de quienes solo 40 son comuneros propietarios de tierra concesionada– se han ostentado ilegalmente como representantes de la comunidad y con derecho a regalías por parte de la minera, según determinó el TUA 38 en una resolución de inicios de 2022. Los comuneros entrevistados acusan a este grupo de alinearse con las decisiones de la empresa.
El pasado 13 de diciembre, durante una asamblea comunal en Aquila, tuvo lugar la amenaza contra los defensores. La advertencia de los comuneros liderados por Díaz Valencia de que detendrían los trabajos en la mina si Ternium no atendía la exigencia de un pago justo de regalías por cada tonelada de hierro extraída y por la ocupación temporal –o renta– de las tierras concesionadas causó molestia en los directivos de la empresa que acudieron a la reunión: Rogelio Omaña Romero, gerente de Recursos Humanos, Relaciones con la Comunidad y Desarrollo Social; Diego Ferrari, director de Desarrollo Minero, y José Ulises González, responsable de Relaciones Comunales.
“Toño Díaz y un grupo recibieron una amenaza por parte de la minera, se las hizo el gerente en la asamblea, les dijo que los iban a ‘levantar’ en cualquier momento y que tenían que sujetarse a los intereses de la minera; al no ceder, tememos que ese sea el motivo de esto (su desaparición)”, señaló un comunero que solicitó el anonimato por temor a represalias, al igual que los demás entrevistados para este reportaje.
“Les dijimos que sabíamos que están pagando para que nos ‘levanten’ y que eso era una amenaza de muerte; uno de nosotros le dijo al delegado de seguridad del gobierno: ‘Si algo nos llega a pasar, ellos son los culpables’. Después ya no quisieron platicar, habló muy poquito el ingeniero Ferrari, aventó el micrófono, se levantaron y se fueron”, relató otro comunero.
La amenaza tuvo lugar casi al término de la asamblea, en la que también estuvo el presidente municipal de Aquila, José María Valencia Guillén. Minutos después se retiraron los directivos de la minera, quienes desde hace años han sido voceros de la empresa y su enlace con los comuneros.
En el último año, los defensores desaparecidos fueron objeto de persecución e intimidaciones. A Díaz Valencia, de 71 años, y Lagunes Gasca, de 41 años, se les advirtió que sus nombres formaban parte de una lista de cinco personas acusadas de “entorpecer” con su activismo social y legal los trabajos de la minera y las acciones delictivas de los grupos del crimen organizado que controlan la región –los Cárteles Unidos, conocidos también como La Resistencia, y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)–, consistentes en cobro de piso, tala clandestina de maderas preciosas, y la instalación de retenes en caminos y brechas de la zona serrana.
Al menos en tres ocasiones, los defensores recibieron amenazas, estuvieron vigilados por ‘halcones’ y fueron perseguidos por la carretera Cofradía-Cerro de Ortega y por el camino de Jiquilpan hacia Aquila. La rapidez del vehículo en que se trasladaban y la pericia del conductor los salvó en aquellos días.
“Varias veces los siguieron, los corretearon, pero no los alcanzaron, le dieron duro y se salvaron. Estos sicarios estuvieron esperando el momento, amenazaron al maestro (Díaz Valencia) y al licenciado (Lagunes Gasca), dijeron que había cinco en la lista. Están cumpliendo las amenazas, mataron a los tres guardias comunitarios de Ostula y ahora se llevaron a los compañeros”, relató uno de los seis comuneros entrevistados.
Tres días antes de la desaparición de los defensores fueron asesinados Isaul Nemesio Zambrano, Miguel Estrada Reyes y Rolando Magno Zambrano, miembros de la Guardia Comunal de Santa María Ostula y de la Guardia Comunitaria del Municipio de Aquila, por un comando armado de aproximadamente veinte sicarios, presuntamente integrantes del CJNG.
El 15 de enero, desde las once de la mañana en que inició la asamblea en Aquila hasta su término cerca de las dos de la tarde, se vio afuera de la casa comunal a personas identificadas como ‘halcones’ y ligadas a grupos delincuenciales de Jalisco y Michoacán, quienes se comunicaban por teléfono o por radio.
“En la asamblea los estuvieron monitoreando; ya cuando salieron (Díaz Valencia y Lagunes Gasca), una moto verde los siguió hasta el crucero de La Placita y de ahí un carro los empezó a seguir a distancia. Ya tenían el plan”.
Un entrevistado recordó cómo, en 2013, fueron asesinados tres comuneros tras ser víctimas de desaparición forzada. “Igual que ahora, los siguieron, los emboscaron y se los llevaron, un tiempo estuvieron perdidos y (después) aparecieron muertos, nos dijeron que porque les estorbaban a la empresa, a la minera”.
El 25 de noviembre de ese año, Javier Ramos Uvalle, Carlos Sapién Díaz e Ignacio Martínez de la Cruz, directivos de la empresa comunal La Nazec, que daba servicio de tractocamiones a Ternium, fueron interceptados en el tope de San Juan cuando se dirigían a Tecomán (Colima) a firmar unos documentos en el TUA 38 relacionados con la defensa legal contra la minera, que había incumplido los acuerdos de contratación. Permanecieron desaparecidos hasta principios de 2014, cuando fueron encontrados sin vida.
De acuerdo con el relato de los comuneros, el grupo de pobladores que apoya a la minera fue responsable de estos homicidios, pues incluso algunos de sus integrantes aceptaron haber ordenado el asesinato. “Sí, sí los mandamos matar porque no nos dejaban trabajar. Nos estorbaban”, afirman que les dijeron.
En los últimos catorce años, en los municipios de Ostula, Chinicuila, Coahuayana y Aquila, una región en la que confluyen intereses de grupos criminales y megaproyectos extractivistas, han sido asesinados 38 comuneros que fungían como autoridades agrarias o líderes comunales, y otros seis han sido desaparecidos, de acuerdo con la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”.
Respuesta insuficiente
Propiedad de Hylsa (Hojalata y Lámina) desde 1998, la concesión de la minera fue adquirida en 2007 por Ternium, trasnacional con sede en Luxemburgo. Del desarrollo Las Encinas, conformado por las minas Aquila, Palomas y El Encino, se obtienen diariamente de 12,000 a 15,000 toneladas de hierro, según los comuneros; aunque la empresa no cuenta con permiso de la comunidad ni con una concesión, precisaron, extraen también metales como oro, plata y cobre, por los que no pagan regalías. Los pobladores afirmaron que Ternium ha empezado a realizar trabajos de medición en la mina La Colomera, en el Cerro de la Aguja, para iniciar la extracción de hierro y otros minerales.
“Están haciendo preparativos para irse a explotarla, ya la midieron y es pura, es rica”, advirtió un comunero. “La quieren y (cuentan) con ayuda del crimen (organizado) para que no la defendamos. Se viene otra lucha muy sangrienta. Vamos a volver a las armas”.
La minera ha propiciado una ruptura social a través de pagos ocultos o disfrazados de donativos, aseguraron los comuneros.
“(Ternium) participa en la división porque le conviene la manipulación total”, dijo uno que culpa a la empresa por el asesinato de su padre, defensor del territorio. “Les da (dinero) a todos, a Los Caballeros Templarios, a la iglesia, a la comunidad, a particulares que le hacen más fácil el trabajo. Se habla de que ahora apoya a un cártel; ellos utilizan todas las herramientas para realizar su actividad”.
El ambiente de tensión generado por la lucha legal y social contra la empresa provocó acusaciones por parte de las familias del líder comunal y el abogado de estar involucrada en su desaparición.
“Queremos señalar a la empresa minera Ternium por la responsabilidad que pueda tener para que aparezcan con vida mi hermano Ricardo Lagunes y el profesor Antonio Díaz. Ternium es el actor con más poder en la región y los impactos de su operación no solamente han afectado al medio ambiente sino al tejido social, han generado conflictos y violencia. La empresa tiene relación con los distintos actores locales y pues pensamos entonces que (también) con los posibles perpetradores de la desaparición. Pedimos que se indague por ahí, que la empresa actúe para apoyarnos a encontrar con vida a mi hermano y al profesor Antonio”, dijo Ana Lucía Lagunes Gasca durante una conferencia de prensa organizada cuatro días después de los hechos en la Ciudad de México.
Los familiares han presentado denuncias por la desaparición del líder comunal y el abogado ante las fiscalías estatales de Colima y Michoacán, y existe también una investigación abierta en la Fiscalía General de la República (FGR).
“Esto tiene mucho fondo, esas comunidades poseen una tierra muy valiosa por el mineral y todos los componentes, eso la hace muy atractiva para empresas como esta minera, que además está en todo el país”, señaló María Dolores Lagunes Moreno, tía del abogado, en la citada conferencia de prensa. “Pensamos que sí puede ser un factor muy importante el hecho de que se les quite poder o se les haga un juicio y no les conviene”.
A través de un comunicado fechado el 19 de enero, la empresa negó estar relacionada con la desaparición de los defensores y realizar actividades fuera de la ley: “Ternium está en contra de cualquier tipo de violencia y rechaza categóricamente toda especulación y/o difamación que intente relacionarla con cualquier tipo de actividad ilícita”, señaló. “En Ternium operamos en todo momento dentro del marco de la ley y con un amplio sentido de responsabilidad social en todas nuestras actividades”.
La respuesta de la minera, cuyos directivos han realizado llamadas a los familiares de los defensores manifestándoles su solidaridad, resultó insuficiente para María de Jesús Ramírez Magallón, esposa de Lagunes Gasca: “Que me digan ‘lo lamento’, no. La situación por la que estamos pasando es estructural y fuerte. No es cualquier cosa; la vida de mi esposo no es ningún juego y no se merma con un comunicado en redes sociales en el que dicen ‘no me difamen’”.
Cuatro días después de los hechos, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) activó el mecanismo de Acciones Urgentes para la búsqueda y localización de Díaz Valencia y Lagunes Gasca. La CED requirió al Estado Mexicano establecer una estrategia integral que incluya un plan de acción y un cronograma de búsqueda, que garantice la participación de las familias y les proporcione periódicamente información sobre las investigaciones, y que en estas se incluyan hipótesis relacionadas con su trabajo en defensa de los derechos humanos.
En el caso de Lagunes Gasca, originario de la Ciudad de México, licenciado en Derecho por la UNAM y con un máster en Protección de Derechos Humanos por la Universidad de Alcalá, a las amenazas que recibió por acompañar como abogado la lucha de la comunidad nahua de Aquila se suman una serie de amagos por su intervención en casos de alto perfil como la masacre de Acteal o contra grandes consorcios como Mitsubishi, Eólica del Sur y Grupo KUO, que derivaron en medidas de protección.
“En tres ocasiones se le concedieron medidas por parte del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, también medidas cautelares decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por persecuciones en el Istmo de Tehuantepec. Ricardo es perfectamente conocido, ha llevado muchos casos de muy alto perfil que también han requerido acciones de protección, desde el caso Acteal. Esta es una situación en que los mecanismos preventivos evidentemente no han funcionado”, dijo Sergio Oceransky, director de la Fundación Yansa, en la conferencia de prensa del 19 de enero.
Acuerdos incumplidos
Ternium México instaló en la zona serrana del municipio de Aquila una mina a cielo abierto con el propósito de extraer hierro de 73 hectáreas concesionadas por el gobierno estatal en el área denominada Las Encinas. En aquellos años, el pago mensual por regalías era 1,200 pesos a cada uno de los propietarios de la tierra. En 2011, los comuneros, encabezados por Agustín Villanueva Ramírez, empezaron a pelear por un pago justo y realizaron diversas acciones como el bloqueo de carreteras.
Fue hasta marzo de 2012 cuando los comuneros llegaron a un acuerdo con la empresa y firmaron un convenio por diez años con al menos cinco cláusulas: un pago mensual por regalías de 3.8 dólares por tonelada de hierro extraída; servicios de acarreo de mineral y de construcciones al interior de la mina preferenciales para la comunidad; la edificación de un hospital para los comuneros con servicio gratuito –ya que la clínica inaugurada en 2009 solo atiende a trabajadores de Ternium y sus familias– y el levantamiento de dos puentes peatonales. Además, se firmó un contrato por separado para garantizar un pago mensual por la ocupación temporal de las tierras.
El convenio establecía también el pago por el uso de un terreno para los desechos, el mantenimiento de brechas y la reforestación periódica para amortiguar los daños ambientales.
Pero, según los comuneros, la minera no respetó los acuerdos: no construyó ni el hospital ni los puentes peatonales, pagó cada tonelada en pesos mexicanos en lugar de dólares, y explotó el terreno que debía ser utilizado para desechos. Esto aumentó las tensiones con los comuneros, lo que se tradujo en actos de intimidación en su contra, mientras continuaban organizándose.
En 2013 se desató la violencia en Aquila debido a la presencia de los grupos del crimen organizado La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios, que por un tiempo tuvieron el control de Las Encinas. Villanueva Ramírez lideró el grupo de autodefensas que se alzó contra los criminales hasta que en agosto fue desarmado en un operativo de seguridad. Se le aprehendió y acusó, junto con sus hermanos Vicente y Efraín, del delito de secuestro, que después fue reclasificado como privación de la libertad; se les liberó en 2017.
Aun con sus líderes encarcelados, los comuneros resistieron y continuaron su lucha. En un intento por pacificar la situación, en 2017 se renegoció el acuerdo económico y socialcon una temporalidad por 30 años y el pago de regalías por 3.8 dólares por cada una de las 218,000 toneladas mensuales de hierro que en ese momento extraía la minera –pero a diferencia del convenio anterior, se consideraron variables como el volumen, la inflación y el tipo de cambio–. Los trabajos de Ternium ya se habían extendido a 380 hectáreas, sin concesión ni permiso comunal.
Nuevamente, la empresa incumplió su palabra. Continuó pagando menos regalías y no respetó la decisión de hacer los depósitos en la cuenta comunal, sino directamente a particulares, lo que llevó a pensar que se hacían pagos diferenciados, sospecha que ahondó la división entre los comuneros. Además, Ternium les advirtió que, por no contar desde 2018 con representación ante las autoridades agrarias, los acuerdos no eran válidos. Esto motivó la amenaza de los comuneros de clausurar la mina, ya que como dueños de la tierra podían impedirle la entrada.
Adeudos pendientes
Durante las asambleas de diciembre y enero, los comuneros liderados por Díaz Valencia que han llevado a cabo las acciones legales contra Ternium advirtieron a los directivos de la minera que, de no cumplir con los acuerdos establecidos y el pago pendiente de regalías, los obligarían a parar labores en Las Encinas.
“En una reunión hace un mes (diciembre) se exigió a la minera un pago mayor de tres millones de pesos por ocupación temporal, es decir, por la renta de las tierras”, señaló un comunero. “Por la cantidad de mineral que se llevan deben pagarnos más, nos están robando cinco millones de pesos mensuales a los comuneros por la extracción de tonelada, nos están pagando menos cada mes”. Según sus cálculos, cada uno debe recibir alrededor de 32,000 pesos mensuales, pero les pagan menos de la mitad, entre 14,000 y 15,000 pesos.
En dicha asamblea se informó además que, pese a que el TUA 38 de Colima había favorecido por años al grupo de pobladores que apoya a Ternium, se había logrado el aval para iniciar el proceso de convocatoria para la elección del comisariado, pues su ausencia repercutió en la división comunitaria, en actos ilegales ante dicho tribunal y en acciones que favorecían a la minera, como otorgarle permisos de explotación sin aval de los comuneros.
“Los últimos cuatro años, los comuneros de San Miguel Aquila, Michoacán, están sin representación que pueda defender sus derechos e intereses, todo por la dilación y tolerancia del magistrado del Tribunal Unitario Agrario (TUA) distrito 38 de Colima, pues a pesar de haber reconocido y determinado la ilegalidad de la representación que ejerce un grupo de personas, no (los) ha sometido a la elección de los órganos de representación común que pueda defender y representar legalmente a los comuneros”, señaló Julián Vázquez Guzmán, de Asesoría y Defensa Legal del Sureste, firma legal fundada por Lagunes Gasca.
De acuerdo con comuneros que asistieron a las asambleas, cuando se informó que estaban por ganar los procesos, las amenazas se intensificaron: “Sabían que, de realizarse las elecciones (al comisariado), perderían quienes por años han estado ligados a la mina y a los grupos armados”.
Oceransky, director de la Fundación Yansa, consideró que las decisiones del TUA y de la Procuraduría Agraria favorecieron la ausencia de justicia para la protección de los territorios y comunidades indígenas. “El sistema de justicia agraria no ha hecho nada para impedir que este grupo de poder minoritario, que apoya incondicionalmente la operación y expansión de la mina, usurpe la representación comunitaria”.
Al término de la asamblea celebrada el pasado diciembre, tras las amenazas y el retiro de los directivos de Ternium, los asistentes acordaron iniciar el paro de actividades en la mina el 16 de enero, pero la desaparición un día antes de Díaz Valencia y Lagunes Gasca cambió los planes.
Acciones de presión
Familiares de los defensores desaparecidos instalaron un plantón el 17 de enero, en el Zócalo de la Ciudad de México, para exigir la atracción del caso por la FGR –que ya ha abierto una investigación– y un pronunciamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador. El pasado viernes, durante un acto en Morelia, los hijos del profesor le entregaron una carta al mandatario en la que solicitan su intervención “ante las diversas instituciones gubernamentales, federales y estatales de Michoacán y Colima para que agilicen las acciones de investigación y búsqueda de nuestros familiares para encontrarlos con vida a la brevedad”.
Los comuneros de Aquila y de la localidad aliada de Santa María Ostula –unidas desde 2009 en su lucha por la defensa del territorio y de sus recursos naturales– organizaron un bloqueo desde el 16 de enero en el puente de Coahuayana, en la carretera costera en los límites de Colima y Michoacán, cerca de donde fue hallada la camioneta de Lagunes Gasca, para exigir la búsqueda y aparición con vida del líder comunal y el abogado. Tras recibir amenazas anónimas por Whatsapp, el bloqueo se levantó el pasado sábado.
Durante los primeros días de la protesta se percataron de que Ternium había intensificado los trabajos y estaba extrayendo al menos 20 camiones de material cada dos horas. El sábado 21, los comuneros irrumpieron en Las Encinas durante el cambio de turno para impedir el ingreso de los trabajadores y detener las actividades de extracción como una forma de presión para que la minera acepte su responsabilidad en los hechos e intervenga para que aparezcan los defensores. En una asamblea realizada el domingo 29, determinaron continuar impidiendo las labores de la empresa.
En una acción coordinada, al cumplirse quince días de la desaparición, se realizaron protestas en Ciudad de México, Colima, Michoacán, Yucatán y Chiapas en las que familiares, activistas y ciudadanos exigieron la aparición con vida de los defensores. “No buscamos venganza, estamos buscando a nuestros familiares”, dijo la esposa del abogado afuera del Palacio de Gobierno de Colima.
El dolor y el enojo causados por la desaparición de Díaz Valencia y Lagunes Gasca sigue creciendo, por lo que activistas, comuneros, familiares y organizaciones de derechos humanos advirtieron que las acciones para exigir su búsqueda y aparición con vida serán más intensas con cada día que pase sin que sean localizados. Manifestaron también su esperanza de que este hecho sea el inicio de procesos de justicia para los pueblos, ya que, como afirmó Ramírez Magallón el pasado 19 de enero, “el objetivo final de defensores como mi esposo y el profesor Antonio es transformar esta realidad”.
“Es nuestro deseo”, agregó, “que la búsqueda y presentación con vida de estos defensores sea el principio de acciones interinstitucionales para transitar al ejercicio pleno de derechos sociales, económicos, culturales y ambientales. Con ello se podrían abrir procesos comunitarios de sanación del tejido social”.
AUTOR: ANALY NUÑO.
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