El análisis demuestra que sobre todo entre 2019 y 2020, durante la administración de Colmenares y tiempo que ha coincidido con la revisión de los dos primeros años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los procedimientos sancionatorios han ido a la baja, mientras que la “revisión legal” ha aumentado, lo que mantiene los asuntos en suspenso de manera indefinida.
Entre los datos del diagnóstico ordenado por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, es decir, por los líderes de todas las bancadas, está la baja en prácticamente todos los procedimientos en los que la Auditoría tiene la facultad legal de hacer para advertir y sancionar irregularidades.
Se trata del rezago de 6 mil acciones y recomendaciones de 2014 a 2020 que se encuentran en estatus de “diagnóstico” y que suman 309 mil 475 millones de pesos de recursos públicos perdidos o sin comprobar. Por eso es que, mientras el proceso jurídico está detenido en la Auditoría, no se pueden recuperar ni fincar responsabilidades a los funcionarios que hubiesen cometido alguna irregularidad. Peor aún, todos estos casos podrían prescribir.
“Por lo anterior, la Auditoría tiene la responsabilidad de implementar estrategias, acciones y mecanismos que le permitan abatir esa situación, a fin de evitar prescripciones, responsabilidades administrativas y hacer más eficiente la tarea de vigilancia de los recursos públicos y, en suma, promover una eficaz y oportuna rendición de cuentas”, advierte el diagnóstico.
Por ejemplo, las denuncias penales tienen el mínimo histórico desde la creación de la Auditoría en 2010. Pasaron de 80 en 2017, el último año de la gestión de Juan Manuel Portal, a 32 en 2018, siete en 2019 y cinco en 2020, durante la administración de Colmenares.
Es por ello que la Comisión de Vigilancia de la ASF de la Cámara de Diputados, encargada de revisar la actuación de la Auditoría, realizó dicho diagnóstico y dio un plazo de 15 días para que el auditor responda, porque “son señalamientos graves que requieren una respuesta puntal”, advirtió Pablo Angulo, presidente de la comisión, en la reunión que mantuvo con el resto de los integrantes el jueves pasado.
Esta es la primera vez que la Comisión de Vigilancia exige cuentas sobre la falta de recuperación de dinero y fincamiento de responsabilidades ante presuntas responsabilidades al auditor Colmenares, desde que asumió el cargo en marzo de 2018.
Este lunes 20, Colmenares deberá acudir a la Cámara para presentar el tercer informe de auditoría del gasto que hizo el gobierno en 2021, el tercer año del gobierno del presidente López Obrador, que incluye la revisión a las obras emblemáticas como el Tren Maya y programas sociales.
La rezagada Auditoría
Entre 2015 y 2020 se realizaron 8 mil 339 auditorías, de las que resultaron 43 mil 337 acciones, de acuerdo con la información que hace pública la ASF. Pero aunque hubo 290 auditorías más entre 2016 y 2020, el número de acciones disminuyó en números absolutos en 19 mil, equivalente al 30% respecto del periodo 2010-2015. Es decir, se audita más, pero se señalan menos irregularidades.
Incluso, en el último trimestre de 2022, 730 casos se encuentran en el estatus de presuntas irregularidades, por lo que no han sido turnados para los procedimientos legales y deslinde de responsabilidades administrativas o penales que correspondan. “Nuevamente, se advierte que existe el riesgo y la probabilidad de que entre esos 730 casos de observaciones y los 85 de aclaraciones, pueda materializarse la prescripción”.
Las “acciones en seguimiento”, es decir, mantener los procesos de investigación de posibles irregularidades, han aumentado en la administración de Colmenares en 64%, pues mientras en 2017 solo 598 acciones se encontraban en ese estatus, para 2018 pasaron a mil 681, en 2019 fueron mil 650 y en 2020 sumaron mil 047, mientras que entre 2011 y 2014 ni siquiera superaban la centena.
En contraste, bajó la “promoción de responsabilidad administrativa”, pues de 2014 a 2018 superaban las 2 mil 500 acciones de este tipo en contra de funcionarios que hubiesen cometido alguna violación a la ley, y en 2019 y 2020 fueron menos de mil 500. Las recomendaciones al desempeño también se encuentran en el mínimo histórico, con 846 en 2020, mientras que en 2018 ascendieron a 2 mil 782.
También han bajado los procedimientos de investigación e integración del Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa, pues mientras en 2016 se iniciaron mil 461 procesos de este tipo, para 2019 apenas sumaron 26 y en 2020, 35.
La gestión de Colmenares se estrenó en la revisión al gobierno de López Obrador con una diferencia que costó el despido de un auditor. Se trató de la revisión a los costos de cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, obra iniciada en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
En la revisión a la Cuenta Pública de 2019, la ASF había reportado que la cancelación costaría al menos 331 mil 966 millones, el triple de lo dicho por el gobierno de López Obrador, que anunció un costo de 100 mil millones.
El presidente respondió que la Auditoría había hecho un mal trabajo de revisión y la Auditoría finalmente se retractó e informó que se había tratado de una “deficiencia metodológica”, por lo que el cálculo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes era el correcto. Además, se separó del cargo a Agustín Caso Raphael, auditor especial de Desempeño, encargado de dicha auditoría.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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