“El proyecto surge ante la preocupación de tener un espacio de acompañamiento jurídico de defensa de derechos ante las problemáticas del tema de vivienda que existen en la ciudad desde hace años, como los desalojos, desplazamiento de personas, aumento de los precios del alquiler, gentrificación y turistificación en distintas zonas del país”, explica Daniela Sánchez Carro, profesora de la Universidad Iberoamericana y coordinadora de la clínica.
La maestra Sánchez explicó que el equipo de personas que se dedicará a asesorar y acompañar los casos estará conformado por académicos universitarios, así como activistas de HIC, quienes trabajarán con estudiantes de la Ibero que se interesen en especializarse en la defensa del derecho a la vivienda.
El proyecto fue nombrado como María Luisa Marín, activista del movimiento inquilinario del puerto de Veracruz en 1922, quien luchó para mejorar las condiciones de miles de personas que arrendaban viviendas en condiciones precarias, con pagos injustos a los propietarios.
Reivindicar la vivienda como derecho
De acuerdo con Daniela Sánchez, en décadas recientes “se ha suscitado un proceso de mercantilización y financiarización de la vivienda, lo que la ha convertido en un bien para especular y obtener ganancias que le deslinda de su esencia y función vital, que es dotar a las personas o familias con un techo, seguridad y privacidad”.
Silvia Emanuelli, directora de HIC-AL, señala que el panorama del derecho a la vivienda “se está complejizando, porque desde hace algunos años se ha transformado en una mercancía que se cotiza en la bolsa de valores, con capitales internacionales que invierten en bienes raíces”.
Según datos oficiales, mencionados en el Proyecto del Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, cada año 20 mil personas son expulsadas cada año de la capital del país, por imposibilidad de pago de la vivienda, situación que lleva a que algunas de ellas se vean en la necesidad de ubicarse en lugares peligrosos o asentamientos precarios.
Además, tan solo en la capital, los inquilinos destinan entre 48% y 51% de sus ingresos mensuales para pagar alquiler, lo que, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas se encuentra por arriba del límite máximo de pago de una vivienda, provocando afectaciones en la capacidad de satisfacción de otras necesidades básicas de las personas, como la alimentación, el vestido o el transporte.
En este contexto —que se presenta a nivel local, nacional e internacional—, la especialista afirma que es necesario desvincular a la vivienda de este concepto para “reivindicarla como un derecho y no dejarla en manos del mercado”.
Por ahora la clínica centrará sus actividades a fomentar el conocimiento de los estudiantes durante un semestre para especializarse en temáticas relacionadas con el derecho a la vivienda adecuada, en términos jurídicos y de investigación con enfoque social para documentar los casos y el contexto en el que ocurren.
“Pero sin duda, nuestro objetivo es que se convierta en una clínica que pueda responder a necesidades más específicas, y que pueda no solo respaldar a los afectados en la Ciudad de México, sino en todo el país”, detalla Emanuelli.
En los próximos días, los integrantes de la clínica se reunirán con grupos de personas integrantes de movimientos urbanos contra los desalojos, cuyos casos serán evaluados por un consejo asesor que estará conformado por abogadas y abogados especialistas en el tema, entre ellos Carla Escoffié, Antonio Azuela de la Cueva, así como Lucino Rangel.
La búsqueda de recursos
Con el objetivo de incrementar los recursos de para la defensa legal del derecho a la vivienda, HIC-AL lanzó la campaña de recaudación de fondos “Apoya a personas desalojadas en México”, cuyas donaciones serán destinadas al pago de abogados que emprendan litigios y la ayuda emergente de quienes lo requieran.
A través de la plataforma Globalgiving, HIC-AL espera recabar 8 mil dólares, con los que, además, financiarán capacitaciones e investigaciones que permitan contar con más datos para visibilizar los problemas y casos con los que trabajan, como parte de una estrategia que logre incidir para que se logren políticas públicas progresistas que aseguren a todas las personas el derecho a la vivienda.
Los colectivos y vecinos que quieran ponerse en contacto con la clínica jurídica o con HIC-AL para pedir asesoría pueden escribirles a través de las redes sociales de la organización, o al correo electrónico clinicajuridica.dv@ibero.mx.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ERÉNDIRA AQUINO.
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