Durante la sesión de este lunes, Córdova explicó que dichos lineamientos fueron emitidos por el INE en acatamiento a una sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y que se solicitó a la dirección del DOF que se publique de manera urgente antes del 31 de diciembre 2022.
“Esto tenía un propósito. Como ustedes saben, la primera semana de el mes de enero comenzaron los procesos electorales 2022 – 2023 en el Estado de México y en Coahuila, y el propósito era precisamente que esta norma, cuya aprobación condiciona la entrada en vigor en el Diario Oficial de la Federación, pudiera estar vigente”, expuso el titular del INE.
Córdova lamentó que la solicitud de apoyo no fue atendida en tiempo y forma, y explicó que, por ese motivo, el 20 de enero de este año se emitió un recordatorio al DOF. Debido a que este no fue atendido, el INE giró un segundo recordatorio el 23 de febrero pasado, pero también fue ignorado.
“Entiendo que haya estrategias políticas de no publicar algo que debe publicarse para evitar su entrada en vigencia, pero me parece preocupante que esto todavía no se haya publicado después de más de dos meses a pesar de las insistencias oficiales que este Instituto ha hecho”, declaró durante la sesión.
“No quiero pensar, honestamente, que estas son las razones, pero llama la atención que casi dos meses después de la fecha límite que este Instituto solicitó el apoyo de esta dependencia para poder publicar estos lineamientos, no hayamos tenido respuesta positiva”, añadió.
Los lineamientos a los que hace referencia tienen el objetivo de evitar que personas en el ejercicio de un cargo público participen o realicen cualquier acto de injerencia en detrimento de la imparcialidad y equidad en los procesos electorales federales y locales y en los mecanismos de participación ciudadana.
Esto aplicaría para los candidatos de Morena a la presidencia, como son Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, quienes son servidores públicos. y el presidente López Obrador ha calificado como “corcholatas”.
En ellos se establece que quienes operan los programas sociales, ‘servidores de la nación’ o cualquier persona del servicio público que interactúe como intermediario en la entrega de beneficios o realice actividades con beneficiarios, “deberán conducir su actuar de manera institucional y sin realizar actos que generen la percepción en la ciudadanía de que los beneficios entregados son atribuibles a una persona o partido político, o bien, que su continuidad depende de la permanencia de una opción política en el gobierno”.
“Además, los servidores públicos deberán abstenerse de instruir o coaccionar al personal a su cargo para que realice cualquier conducta relacionada con los procesos electorales o de democracia directa; tampoco podrán dirigir mensajes de índole electoral a la ciudadanía, ni usar los recursos públicos a los que tienen acceso o a su disposición para invitar a votar a favor o en contra de una opción política”, enuncia un comunicado del INE.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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