El documento fue comunicado a través de correo electrónico, obtenido entre el mar de información filtrada por el hackeo conocido como GuacamayaLeaks, cuya copia tiene Proceso. Fue dirigido al cuartel general de la 47/a ZM y emitido desde el 14/o RCM Múzquiz Coahuila, sin identificarse los nombres de los oficiales o mandos entre los que se comunicó, excepto por esas siglas que corresponden al Cuartel General de la 47 Zona Militar y al 14 Regimiento de Caballería Motorizado.
Más allá de las tareas de información política, en el “estudio” también se asentaron consideraciones técnicas sobre el pasado, la impunidad del caso y el futuro de los planes anunciados y que se supone están en marcha por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Entre la información remitida por el mencionado grupo de información del 14 Regimiento de Caballería Motorizado destaca que, contrario a lo prometido por el presidente y lo calendarizado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que encabeza Manuel Bartlett, el rescate de restos al que el gobierno programó destinar 75 millones de dólares en un periodo de cuatro años, no es viable:
“Si bien es cierto que los informes supuestamente elaborados por los técnicos de la CFE refieren que es factible la recuperación de los restos de los mineros atrapados, también lo es que, en atención al tiempo transcurrido del siniestro, al derrumbe de los túneles de la mina y a la filtración de agua ocurrido, no sea posible que en cuatro ni más años puedan recuperar citados restos humanos de la mina siniestrada (sic)”, se lee en el inciso e, del apartado III del documento.
Desde el gobierno de Felipe Calderón y luego con el de Enrique Peña Nieto, la idea de recuperar los restos fue rechazada. Fue hasta el actual gobierno cuando el propio presidente tomó el asunto, prometió realizar el rescate y encargó de ello a la CFE que lo planeó de manera diferente a como lo imaginaban los deudos.
A diferencia de la idea original de los deudos, de avanzar por los túneles reconstruyendo derrumbes, bombeando agua, e ir encontrando los restos, mientras se hacían peritajes, la CFE decidió realizar una serie de obras que fueran a donde se supone estaban los trabajadores el día del siniestro. Es decir, rompiendo todo y anulando el peritaje.
El 23 de octubre de 2020, el presidente López Obrador acudió al predio de Pasta de Conchos, presentó ahí un “Acuerdo de Intención” de rescate de los restos que estaría a cargo de la CFE. Aunque tanto el mandatario como la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, habían prometido que el rescate tomaría cuatro años y no lo heredarían a la próxima administración, en los hechos, es verdad que como asentó el “estudio” militar, no lo conseguirán.
Como se mencionó, el “estudio” fue enviado el 15 de febrero de 2022, esto es, apenas un mes después de que se asignaran los contratos para las primeras tareas en la mina que terminaron favoreciendo a dos empresas filiales de Prodemex, la contratista de infraestructura propiedad de Olegario Vázquez Raña.
Hasta enero pasado el avance de los trabajos no llegaba ni a 7%, mientras que la CFE ya negociaba la cancelación del contrato con las empresas Desarrollo de Terracerías y Proacon, como dio a conocer Proceso en su edición 2411 del pasado 15 de enero.
Fragmento del reportaje publicado en la edición 2416 de la revista Proceso
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.
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