Pero los desencuentros con el Estado mexicano vienen desde los noventa, durante el gobierno de Ernesto Zedillo.
Desde 1998 la ONU ha alertado sobre los riesgos y graves violaciones a los derechos humanos de tener al Ejército en las calles, pero los gobiernos mexicanos no han escuchado las sugerencias. Al contrario, el Estado lejos de honrar sus compromisos internacionales, ha incrementado las funciones de los militares en áreas tradicionalmente civiles.
“México enfrenta importantes y dolorosos retos en materia de seguridad, como son la presencia y violenta acción del crimen organizado en gran parte del país, en ocasiones en colusión con algunas autoridades”, dice a Proceso Marta Hurtado, portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH).
“El paradigma militar de seguridad establecido en 2006 y en constante expansión no ha logrado reducir de forma sostenible la violencia y ha provocado graves violaciones a los derechos humanos bajo un contexto de casi total impunidad. Es en este marco que se han producido centenares de miles de muertes violentas y decenas de miles de personas han sido -desaparecidas”, lamenta.
“Desde hace más de 15 años, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al igual que otros mecanismos internacionales de derechos humanos, ha recomendado a México fortalecer los cuerpos de policías civiles y revertir progresivamente la militarización de la seguridad pública”, subraya la funcionaria del ACNUDH.
“La militarización de las funciones de seguridad y policiales siguen profundizándose. Éstas son graves afrentas a los derechos humanos. Los hombres, las mujeres, los niños y las niñas en este país no son mercancías desechables que puedan desaparecer o sufrir daños sin que se respeten sus derechos”, dice Volker Türk, titular del ACNUDH, al comentar sobre el quinto aniversario de la Ley General sobre Desapariciones de México.
Meses antes de que Türk asumiera al frente del ACNUDH, la entonces alta comisionada interina, Nada Al-Nashif, expresó su preocupación por la decisión del Congreso de ceder el control de la Guardia Nacional a la Sedena: “Las reformas dejan efectivamente a México sin una fuerza policial civil a nivel federal, consolidando aún más el ya prominente papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública (…) Los mecanismos de derechos humanos han señalado claramente que las Fuerzas Armadas sólo deben intervenir en la seguridad pública de forma temporal, en circunstancias excepcionales, como último recurso y siempre bajo la supervisión efectiva de órganos civiles independientes”, dijo.
Recordó que aunque la militarización de las fuerzas de seguridad ha ido aumentando de forma constante en México desde 2006, esto no se ha traducido en una reducción sostenible de la criminalidad, sino que ha provocado un aumento de las denuncias de graves violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas.
La alta comisionada interina señaló que la participación y el debate públicos fueron muy limitados antes de que los miembros de la Cámara de Diputados y del Senado aprobaran la transferencia, y expresó su preocupación por otras iniciativas en curso para profundizar la militarización, incluida la propuesta de reforma constitucional para permitir el uso de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública hasta 2028.
Fragmento del reportaje publicado en la edición 2416 de la revista Proceso
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA SOTOMAYOR.
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