En entrevista con Animal Político, Nieto detalló el contenido de las denuncias iniciadas durante su gestión en contra de García Luna que, según la actualización presentada el jueves pasado por el actual titular de la UIF, Pablo Gómez, implican posibles desvíos por más de 700 millones de dólares y cargos por lavado de dinero, peculado y enriquecimiento ilícito.
El presunto círculo de corrupción alrededor del exsecretario de Seguridad incluye a colaboradores de García Luna como Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, pero también a colaboradores del expresidente Felipe Calderón, como el exprocurador Eduardo Medina Mora.
Sin embargo, Nieto reconoció que, en las investigaciones que desarrolló la UIF entre 2019 y 2021, no existen indicios que vinculen directamente al expresidente.
—En las investigaciones que usted hizo durante prácticamente tres años de este caso, ¿llegó a encontrar vinculaciones con el expresidente Felipe Calderón? —se preguntó a Nieto.
—No en cuanto a relación financiera —respondió.
El juicio a García Luna en una Corte de Estados Unidos inició el pasado 23 de enero y se prevé que esta semana concluyan las audiencias con los testimonios de personas que han declarado en su contra.
Se espera que el llamado “súper policía”, que durante todo el sexenio de Felipe Calderón llevó las riendas de la SSP federal, tome la palabra para intentar defenderse ante el jurado, que determinará si lo deja en libertad o lo condena a una pena que puede llegar a cadena perpetua.
Independientemente del veredicto, Nieto asegura que el exfuncionario no quedará impune, pues en México la Fiscalía General de la República (FGR) aún podría solicitar y obtener las órdenes de aprehensión en contra de García Luna y, a partir de ahí, solicitar su extradición.
“Se tendría que ver cuáles son las penalidades que tendría en México, cuál tendría en Estados Unidos, y con base en ello poder determinar si la extracción resulta procedente o si la pena es más importante en Estados Unidos que en México. Pero creo que lo importante es que lo que existe en la fiscalía siga su curso”, dice.
Los litigios penales de García Luna en México
A principios de 2019, agencias estadounidenses, particularmente la DEA y el FBI, informaron a autoridades mexicanas sobre el desarrollo de una investigación relacionada con el exprocurador y exministro Eduardo Medina Mora, en la que había un presunto nexo entre él y García Luna al inicio del gobierno de Felipe Calderón.
Por ello, cuando García Luna fue detenido en Estados Unidos a finales de 2019, la UIF presentó dos denuncias: una en la extinta Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO, hoy FEMDO) y otra en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado y lavado de dinero.
Las investigaciones encontraron que entre 2006 y 2007, cuando empezó la llamada “guerra contra las drogas”, se comenzó a desarrollar también un programa llamado nice track para espionaje telefónico, en el que participaron los hermanos Mauricio Samuel Weinberg y Jonathan Alexis Weinberg, quienes proveyeron de los insumos para efectuar este espionaje.
Pero casi al finalizar el sexenio, en 2011, una empresa en Panamá, Nunvak, abrió una filial en México que durante 2011 y 2012 y de 2012 a 2018, ya en la administración de Enrique Peña Nieto, fue “contratada de manera sistemática por el gobierno mexicano” para el mismo fin.
“En ese proceso, encontramos nosotros la contratación por 77 millones de dólares directamente del gobierno mexicano, llámese Secretaría de Gobernación, Comisión Nacional de Seguridad, en ese momento existente, el organismo especializado de los Centros de Readaptación Social y también inclusive de las propias Fuerzas Armadas”, en las que se encontraban servicios en temas de seguridad, informática, aviones no tripulados y otros, refiere Nieto.
El monto total aparte de los 77 millones de dólares en la contratación fue por 2 mil 600 millones de pesos para Nunvak y las transferencias de dinero fueron enviadas a Panamá y de ahí a Estados Unidos, donde el gobierno mexicano asegura que se utilizaron fondos para “pagar el modo de vivir de García Luna”. Pero, además, se encontró dinero que iba a Tel Aviv para el pago de servicios de inteligencia israelí y, de ahí, a países como Letonia y Curazao.
Por otra parte, las investigaciones llegaron hasta una empresa mexicana llamada GLAC, que incluso disponía de espacios en medios de comunicación: se presentaba a exfuncionarios como “colaboradores” y, durante la administración de Miguel Ángel Mancera en la CDMX, la compañía recibió diversos contratos. El más importante fue por 32 millones de pesos con la entonces procuraduría local, que la contrató para hacer un supuesto diagnóstico sobre la Fiscalía de Combate al Secuestro.
Al final, las autoridades presentaron las denuncias correspondientes contra Nunvak y GLAC, donde los accionistas eran Linda Cristina Pereyra y Gloria García, esposa y hermana de García Luna, respectivamente, así como contra el propio García Luna. Esto motivó el congelamiento de cuentas de 10 personas morales y por lo menos seis personas físicas.
Más adelante, se abrió una investigación en contra de Luis Cárdenas Palomino —exdirector de Seguridad Regional de la Policía Federal, detenido desde 2022—, luego de que las indagatorias arrojaron que actuó en el esquema de lavado de dinero a través de cuatro empresas también relacionadas con seguridad. Las investigaciones también alcanzaron a Ramón Pequeño —exjefe antidrogas de la Policía Federal prófugo de la justicia estadounidense, por presuntos sobornos del Cártel de Sinaloa.
Durante la conferencia de prensa matutina del jueves 9 de febrero, Pablo Gómez, actual titular de la UIF, dio a conocer que un tribunal colegiado otorgó un amparo a Cárdenas Palomino para el efecto de ordenar el descongelamiento de sus cuentas, por lo que el funcionario acusó a jueces y magistrados por permitir la impunidad porque “protegen a criminales y corruptos”. Pequeño también obtuvo un amparo a finales del año pasado.
Mientras en EU seguía la etapa previa al juicio contra García Luna, la FGR informó sobre la existencia de al menos tres órdenes de aprehensión solicitadas como parte de diversas carpetas de investigación y procesos abiertos.
El primer posicionamiento de la FGR —el 16 de junio de 2022— se dio justo un día antes de que los fiscales estadounidenses aseguraron tener las pruebas suficientes para demostrar que García Luna amenazó con ejercer violencia y manipular a potenciales testigos.
Luego de que se diera a conocer esta información, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a las autoridades estadounidenses para que publicaran los audios en los que se escucha a García Luna realizar estas declaraciones.
En respuesta, la FGR informó que la primera orden de aprehensión que tiene contra García Luna es por los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades y de asociación delictuosa, concedida por actos de corrupción presuntamente cometidos en diversos penales federales.
La segunda orden fue por el delito de enriquecimiento ilícito, mientras que la tercera es por la presunta introducción ilegal de armamento en el operativo “Rápido y Furioso”, que permitió la entrada de 2 mil armas de fuego de EU a México con el fin de rastrear a sus usuarios, pero a las que se les perdió el rastro.
García Luna es juzgado en EU por nexos con el narco
Una segunda ronda de litigios en torno a García Luna inició en Estados Unidos luego del juicio a Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán y otros juicios, en los que se empezó a generar una serie de testimonios en contra del exsecretario.
En su momento, la UIF encabezada por Santiago Nieto entregó toda la información que tenía en su poder a los fiscales del Distrito Este de Nueva York, pero debido a que en EU la denuncia contra García Luna solo tiene que ver con delitos relacionados al crimen organizado durante su tiempo como funcionario, la defensa del exsecretario pidió que no se utilice la información de 2012 a 2018, argumento que fue aceptado por el juez Brian Cogan.
“Nuestro punto de vista jurídico es que no importa si el dinero venía del narcotráfico o venía de un proceso de enriquecimiento ilícito en México; de cualquier forma, al tocar dicho dinero, el sistema financiero norteamericano estaba incurriendo en la conducta de lavado de dinero y la obligación de Estados Unidos, en términos de la propia normatividad del Grupo de Acción Financiera Internacional, es que tendría que desarrollar el caso y decomisar los bienes que fueran objeto de esa actividad ilícita", dice Nieto.
Durante el juicio de García Luna, el exfiscal de Nayarit Édgar Veytia —sentenciado a 20 años de prisión en EU— fue el primero en acusar a Felipe Calderón y a García Luna de proteger al ‘Chapo’ Guzmán, involucrando también al exgobernador Roberto Sandoval en la lista de funcionarios públicos que presuntamente recibieron sobornos del crimen.
Esta semana se prevé que concluyan los testimonios en el juicio contra del exsecretario, con la participación de un testigo estrella que podrían ser Edgar Valdez Villareal, ‘la Barbie’, o Jesús ‘el Rey’ Zambada.
La demanda para recuperar 250 millones de dólares
Un tercer caso en torno a García Luna gira alrededor de un litigio civil que empezó luego de que la UIF, con Santiago Nieto, contrató a un despacho estadounidense para intentar recuperar 250 millones de dólares saqueados por el exsecretario, pero en el que la FGR acusó a Nieto de no tener facultades legales para realizar dicho acuerdo y por tanto lo calificó de ilegal.
Al respecto, Nieto, actual procurador de Hidalgo, ha asegurado que dicho procedimiento civil en EU inició luego de hablarlo con el presidente López Obrador, con el canciller Marcelo Ebrard y con el entonces secretario de Hacienda, y después de tener una autorización expresa del Consejo de Seguridad en México.
“Ahora bien, también hay una parte interesante respecto a esto. Se presentó la demanda en los tribunales de Florida, porque ahí es donde está la mayor cantidad de los bienes, y el, digamos, ejercicio preliminar eran 250 millones de dólares, que si lo sumamos a los 77 millones (de dólares) y a los 2 mil 600 millones (de pesos), son 450 millones de dólares lo que había movido García Luna en Estados Unidos”, dice.
La única variación que existe respecto de las investigaciones de Nieto y de Gómez, expuesta el jueves pasado, tiene que ver con el aumento de recursos, entre otras cosas, por vehículos de alta gama que fueron adquiridos por García Luna, como autos Mercedes Benz o Land Rover.
Sobre la demanda civil, la defensa de García Luna presentó una motion to dismiss, que es una moción que busca que se deseche la demanda. Esto fue rechazado por el juzgado en primera instancia, por lo que se ha presentado una apelación que podría resolverse a finales de marzo.
“Hay dos opciones: que se confirme la decisión del juez y que por tanto siga la demanda civil o que lo revoque y ahí tendrán por supuesto la unidad y el despacho que generar acciones jurídicas al respecto. Pero el hecho de que les hayan rechazado la motion to dismiss es una buena señal para México y ahí es donde se encuentra la mayor cantidad de los recursos”, explica Nieto, que desde que dejó la UIF no tiene acceso ni al expediente de la FGR ni a la demanda en los tribunales en Florida.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALFREDO MEZA.
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