A espera de la publicación
La revisión del único artículo pendiente del “plan B” prolongó la discusión en la tribuna por siete horas, en la que los senadores oficialistas y los de oposición se acusaron de corruptos. Ahora, con la aprobación de la reforma electoral por el Congreso de la Unión, se envía al Poder Ejecutivo para su publicación en el DOF.
El primer paquete de la reforma electoral consiste en la modificación a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades. Esta primera parte fue suspendida por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para su aplicación en los procesos electorales de Coahuila y Estado de México.
La segunda iniciativa planteó cambios a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos y Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como la expedición de una nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
El “plan B” de López Obrador será la reforma electoral más impugnada ante el Poder Judicial bajo la acusación de violentar el proceso parlamentario y por las repercusiones en la organización de las elecciones. Al 1 de febrero, se habían registrado seis recursos en contra.
Estos paquetes de reformas eliminarán las Juntas Locales y Juntas Distritales Ejecutivas, lo que implicaría el recorte de 1,500 plazas, que representaría el 85% del personal del servicio profesional de carrera del Instituto Nacional Electoral (INE). También modificará las reglas en materia de fiscalización y permitirá a los servidores públicos a realizar actos de propaganda durante las campañas electorales.
Acusan a Morena de quedarse con elecciones
Las bancadas de oposición, PAN, PRI, PRD, MC y GP, consideraron que “el plan B” implicará un retroceso de, al menos 30 años, en el sistema electoral. Y que también permitirían a Morena mantenerse en el poder.
Zepeda Vidales calificó como la reforma electoral como inconstitucional “porque va en contra de los principios que garantizan las elecciones libres y transparentes”, que daña al INE porque “lo mutila y lo deja incapacitado de poder llevar a cabo bien su trabajo”.
Por destinar recursos públicos a propaganda electoral; le quita autoridad al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para amonestar a los candidatos que violenten la ley, advirtió.
El Senador Emilio Álvarez Icaza, del Grupo Plural, advirtió que este nuevo marco regulatorio es la “más regresiva de los últimos 30 años”.
“La corrupción y el poder los traga y quieren mantener de manera ilegítima e ilegal el poder. Quieren meter la mano a la urna y cambiar la voluntad de la gente”, señaló. Su compañero de bancada, Germán Martínez, comparó: “(los morenistas) están más cerca de Roberto Madrazo que de Heberto Castillo, están más cerca de Cuauhtémoc Blanco que de Carlos Monsiváis”.
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