Así lo informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien agregó que tales contratos son órdenes de pago se firmaron entre 2016 y 2017. En ese entonces, el procurador era Rodolfo Ríos.
El monto de esos contratos es de casi 58 millones de pesos, de los cuatro pagos, para ejercer en 80 días “y tiene que ver con prestaciones de servicios para la Fiscalía de Delito de Secuestro, denominada: Fuerza Antisecuestro”.
Detalló que esa prestación de servicios es “de diagnóstico integral, de capacidades de la Fiscalía Especial de Investigación en delito antisecuestro. ¡Imagínense nada más, García Luna dando capacitación sobre secuestro!”.
Consultada en conferencia sobre la denuncia que ayer hizo el titular de la UIF, Pablo Gómez, sobre presuntos desvíos de recursos de García Luna, la mandataria local dijo que le darán toda la información a la UIF.
El propósito: “que ellos puedan hacer la investigación conducente y en todo caso nosotros saber si hay alguna irregularidad mayor en estos contratos que tuviera que ver con alguna ilegalidad, alguna actividad que tenga una consecuencia penal, inclusive”.
Agregó que, su gobierno seguirá con la investigación, “más allá del personaje, si se realizaron los servicios, si no se realizaron los servicios y, por supuesto, si esto era parte de una red. Y seguimos investigando algunos otros contratos que pudiera haber habido”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SARA PANTOJA.
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