Sentado en el banquillo de los acusados, el primer exfuncionario mexicano de más alto nivel en ser enjuiciado en territorio estadunidense es una especie de reflejo de la podredumbre gubernamental y arreglos con asesinos y capos.
Es como una epifanía atestiguar en la sala 8D de la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, que narcotraficantes confesos repitan sin remordimiento, y hasta con orgullo, sus crímenes y órdenes para asesinar a decenas o cientos de personas y, al mismo tiempo, asimilar que han sido redimidos por el gobierno de Estados Unidos.
Por encima de su derrota en la guerra contra las drogas, y de que el consumo de estas mata cada 24 horas a cerca de 300 personas por sobredosis, el Departamento de Justicia y sus dependencias, como la DEA, dejan en libertad a quienes envenenan a sus ciudadanos.
Harold Mauricio Poveda Ortega, El Conejo, un colombiano que fungió como mediador entre los carteles de su país y el de Sinaloa, y luego en exclusividad para la fracción de Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, es ejemplo del contrasentido del Departamento de Justicia.
Testigo cooperante de los fiscales que le imputan a García Luna cuatro delitos de conspiración internacional para traficar cocaína a Estados Unidos en colusión con el Cártel de Sinaloa, El Conejo en el juicio no tuvo empacho en describir sus crímenes.
“Sí, está bien decir que gané entre 300 y 400 millones de dólares a lo largo de mi carrera, aunque fue un poco más”, se jactó la semana pasada al testificar contra el secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón.
La atenuante de este personaje es que, en el documento oficial de su encausamiento, y que fue formulado por el Departamento de Justicia en 2012, luego de su extradición de México a Estados Unidos, es que se declaró culpable de haber enviado al mercado negro estadunidense “1 millón de kilogramos de cocaína o más”.
Durante su testimonio, Poveda Ortega presumió ante el juez Brian Cogan y el jurado que por cada envío de 10 toneladas de cocaína de Colombia a México él ganaba de 3 a 4 millones de dólares.
Phillip Pilmar, uno de los fiscales del Departamento de Justicia para el juicio de García Luna, durante su interrogatorio al Conejo dejó sentado que el personaje fue un criminal de gran calado para el trasiego internacional de cocaína.
César de Castro, abogado de oficio que lidera al equipo legal que defiende a García Luna, le hizo admitir al Conejo que antes de testificar en el juicio se reunió más de 50 ocasiones con los fiscales.
“Sí, señor, y creo que fueron muchas más veces”, aclaró Poveda Ortega.
Fragmento del reportaje publicado en la edición 2414 de la revista Proceso
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL.
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