La suspensión de la intervención policial en Sitilpech es resultado de un amparo indirecto interpuesto por los habitantes de la comunidad, quienes denunciaron la violación a su derecho a la libre manifestación, la libertad de expresión y la defensa del medio ambiente y los derechos humanos, así como el «posible riesgo de desaparición forzada o detenciones arbitrarias» por la represión del pasado sábado, explicaron las organizaciones La Esperanza de Sitilpech, Kanan Derechos Humanos y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS).
Los pobladores fueron reprimidos por alrededor de 70 uniformados antimotines de la policía estatal de Yucatán y municipal de Izamal entraron a Sitilpech para asegurar la entrada de un camión de la empresa Kekén y desmantelar el plantón de la comunidad, instalado a principios de febrero para impedir el ingreso de camiones cargados de cerdos y alimentos procesados a la megagranja de Kekén.
«La historia de Sitilpech evidencia la diligencia y complicidad que tiene el estado de Yucatán en velar por los intereses del empresariado porcícola y las agroindustrias, que crecen a costa del despojo de las tierras comunitarias, violaciones a la libre determinación y autonomía de los pueblos, contaminación del agua y los cenotes, e incluso la vida de las personas», denunciaron las organizaciones el 18 de febrero.
Los pobladores se oponen a las megagranjas porcícolas por su instalación impuesta, al no haber sido consultados para su construcción y operación, así como por las afectaciones al medio ambiente, principalmente la contaminación del agua.
Comunicado:
AUTOR: REDACCIÓN.
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