El interés de Ramírez Bedolla por controlar la ASM generó una embestida política contra el actual titular, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, designado durante la administración de Aureoles Conejo, para dejar la posición a un amigo de infancia del gobernador: Marco Antonio Bravo Pantoja, que actualmente se desempeña como auditor especial de normatividad.
Bravo llegó a ocupar ese cargo después de que Ramírez asumió el poder, con el respaldo directo de éste.
La embestida se ha dado desde diversos frentes; en lo presupuestal, con reformas impulsadas por el gobernador y respaldadas por las bancadas afines en el Congreso del estado para despojar de autonomía financiera a la ASM.
Por otro lado, un intento de criminalizar a Aguirre Abellaneda llevó a un cateo judicial en un rancho cuya propiedad se pretendió atribuir al exgobernador Aureoles y posteriormente al auditor.
“Yo preveo escenarios muy complicados porque la política está rebasando lo legal y nosotros siempre debemos estar apegados a la ley; no podemos permitir, como institución, que se atropelle como lo están haciendo, estamos mostrando todos los elementos dentro del marco jurídico y no nos vamos a mover de ahí”, sostiene Aguirre Abellaneda.
“También es importante mencionar que yo no soy silvanista, soy un funcionario que me tocó trabajar en la administración del ingeniero Silvano, pero he tenido mi vida muy aparte, chéquenlo. Yo no me declaro silvanista, yo me declaro institucional y profesional de la manera en que siempre me he desarrollado”, asegura.
El 13 de noviembre de 2015 se estableció en la Constitución Política del Estado de Michoacán la autonomía técnica y de gestión de la ASM, así como la capacidad para que en el ejercicio de sus atribuciones decida sobre su organización interna, ejercicio de su presupuesto, funcionamiento y resoluciones, como entidad de fiscalización dependiente del Congreso del estado.
Hasta 2019, Chiapas y Michoacán eran los dos únicos estados de la República en los que sus órganos de fiscalización carecían de autonomía financiera. Fue en 2020 cuando el Poder Legislativo hizo efectiva la autonomía financiera en el caso de Michoacán, al incorporarla como una unidad programática presupuestaria (UPP) independiente dentro del Presupuesto de Egresos del Estado.
Tras su arribo al poder en octubre de 2021, en su primera propuesta presupuestal Alfredo Ramírez buscó suprimir tal autonomía al no incorporar la UPP de la ASM dentro de su iniciativa. No logró los votos necesarios en el Congreso, por lo que su planteamiento no prosperó.
A finales de 2022, en el marco de la discusión del paquete económico para 2023, los diputados determinaron dar marcha atrás y suprimir del presupuesto la autonomía financiera del organismo, con lo que Michoacán se convirtió en el primer estado en retroceder en la materia.
Fragmento del reportaje publicado en la edición 2415 de la revista Proceso
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA MONREAL.
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