Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), denunció este jueves durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional que García Luna “tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos”, quienes “se llevaron todo el dinero a Miami”.
“Bajo auspicio de García Luna, un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares“, indicó en la conferencia diaria del Gobierno.
El funcionario expuso que la UIF, que depende de la Secretaría de Hacienda, interpuso desde septiembre de 2021 una demanda civil en Florida contra García Luna y siete presuntos cómplices, incluyendo su esposa, con el fin de recuperar los activos adquiridos.
Los imputados son Genaro García Luna, Linda Cristina Pereira, Mauricio Samuel Weinberg López y Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Silvia Dona Pinto de Weinberg, Natan Macier Caub, José Francisco Niembro González y Martha Virginia Nieto Guerrero.
Gómez aclaró que “el proceso civil es independiente al juicio penal al que está sujeto García Luna en Brooklyn, Nueva York”, mientras que en México “los procesos penales siguen su curso” a partir de una denuncia de la UIF en la Fiscalía General de la República (FGR) desde 2019.
“Estos beneficios (los 745,9 millones de dólares) fueron transferidos al extranjero mediante mecanismos dirigidos a ocultar el rastro a través de la utilización de paraísos fiscales y aplicados a la adquisición de bienes muebles e inmuebles así como otros activos en territorio norteamericano en el estado de Florida”, detalló.
Dentro de la lista de bienes comprados con recursos públicos que identificó la UIF están propiedades por valor de más de 17 millones de dólares y 42 vehículos de lujos de marcas como Fiat, Ferrari, Rolls Royce, Maserati y Lamborghini.
“Se llegó incluso al extremo que al gobierno de México le cobraron una cantidad relevante por un reconocimiento de adeudo de un contrato de que nunca fue firmado y que no existió jamás”, agregó.
Gómez proyectó un listado de los contratos, en las que estuvieron involucradas 44 empresas, que se llevaron a cabo para cometer delitos de corrupción por 745 millones 879 mil 384 dólares. Este monto fue presentado ante Florida.
Entre estos, se incluye a Península Cas, que adquirió un inmueble de 768 mil 381 dólares y Península mas que compró uno de 807 mil 741 dólares. A su vez, Jan Ocean estuvo implicada en por lo menos 6 transacciones distintas, de las cuales dos tuvieron un valor mayor a 1 millón de dólares.
También se nombró a las razones sociales Brill, Península SNDS, Península Cas, Península mas, Village Bay, VFST, Delta Integrador, Trustee for Sunshine Dynasty Trust y Jagra. Estos inmuebles fueron asegurados por la Corte estadounidense. A estos se suman muebles por 21 millones 725 mil 419 dólares, que fueron vendidos antes de que iniciara el juicio, pero forman parte del mismo.
“Es una lista todavía parcial, es producto de una serie de investigaciones completamente comprobadas que se han realizado porque con el dinero que se robaban compraban cosas con el propósito de mantener el dinero en situación de lavado”, precisó.
El titular de la UIF dio a conocer que México ha bloqueado 29 millones 920 mil 195 dólares, 10 empresas por un monto de 4 millones y medio de pesos, así como diversas personas no nombradas. Apuntó que aún se están analizando otras operaciones para identificar más desvíos.
“Usaron el sistema financiero para sacar los recursos que cobraban en los contratos que García Luna promovía que se hicieran con dependencias públicas de México”, denunció.
Las acusaciones se difunden en medio del juicio a García Luna, quien lideró la llamada “guerra contra el narco” durante la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012).
El exfuncionario está imputado por cinco delitos, cuatro de ellos sobre narcotráfico: participar en una empresa criminal, conspiración para la distribución internacional de cocaína, conspiración para la distribución y posesión de cocaína, y conspiración para la importación de cocaína.
El quinto delito es el de supuestamente prestar falso testimonio a las autoridades.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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