Tanto en el caso de la empresa de Carlos Slim Helú como en la de Emilio Azcárraga Jean, el IFT tardó más de seis años en resolver las investigaciones sobre presuntas prácticas monopólicas, para finalmente exculpar a las empresas de pagar multas equivalentes a entre 6% y 10% de sus ingresos acumulables. En el caso de Telmex, el monto habría rebasado los 22 mil millones de pesos, y en el de Televisa habría superado los 6 mil millones de pesos.
El IFT exoneró a América Móvil en una sesión extraordinaria, celebrada el 9 de diciembre último, con el argumento de que no había elementos para sostener el procedimiento sancionatorio. El contexto en el que la decisión fue tomada despertó sospechas entre actores del sector, pues apenas tres semanas antes el presidente interino del IFT, Javier Juárez Mojica, había cesado a prácticamente todo el personal de la Unidad de Cumplimiento (UC) –incluyendo a las dos personas que seguían el caso de América Móvil–, y cinco directivos de América Móvil se habían reunido en privado con los cuatro comisionados del IFT y cuatro funcionarios de la institución para hablar sobre la sanción.
La semana pasada Irene Levy Mustri, presidenta del Observatorio de las Telecomunicaciones de México, publicó una columna en El Universal en la cual reveló elementos extraños en el procedimiento sancionatorio contra Televisa, que se resolvió en enero de 2022.
El caso permaneció oculto todo un año porque nunca se puso en discusión de los comisionados en una sesión del pleno del IFT, por lo que no estaba disponible para consulta en el portal del organismo autónomo. Pese a su relevancia y a los montos en juego, el expediente fue archivado y “total y definitivamente concluido” por el entonces coordinador de la UC, Luis Gerardo Canchola Rocha.
Levy, quien formó parte del Consejo Consultivo del IFT entre 2015 y 2017, expresó su sorpresa de que “por lo menos el comisionado presidente, por no decir todos los comisionados, no hubieran estado al tanto de una sanción que podía implicar la revocación del título (…) y que un expediente de este nivel haya sido archivado y perdonado por la Unidad de Cumplimiento un mes antes de la salida del entonces presidente interino del IFT, Adolfo Cuevas Teja”.
En entrevista con Proceso, Levy observa, además, que a lo largo del expediente de Televisa –que consta de 267 páginas, y que una persona obtuvo a través de la Plataforma Nacional de Transparencia–, la UC constata que existen irregularidades que justifican una sanción, pero “se le da un giro de 180 grados en las últimas páginas” y se desecha la sanción.
Agente preponderante
El caso se remonta a 2016, con un pleito entre Megacable, la proveedora de servicios de internet –detentada en mayoría por la multimillonaria familia Robinson Bours–, y Grupo Televisa. Megacable pedía a Televisa que le presentara las condiciones y precios para retransmitir las señales del Canal 2, el Canal 5 y el Canal 9, de manera desagregada por nivel de localidad, ello para comprar los derechos de transmisión en los lugares donde no se radiodifundían esas señales.
En marzo de 2014 el IFT designó a Grupo Televisa como “agente económico preponderante” en radiodifusión, una figura creada en la reforma al sector de telecomunicaciones impulsada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto para acotar el poder de los gigantes, obligándoles a compartir algunos de sus activos con la competencia en condiciones preferenciales.
Fragmento del reportaje publicado en la edición 2413 de la revista Proceso.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
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