Entre ellos figuran las jóvenes jaliscienses Daniela y Viviana Márquez Pichardo, así como Paola Vargas Montoya y José Melesio Gutiérrez Padilla (este último de origen leonés y con ciudadanía estadunidense), quienes viajaron por la carretera federal 23, que conecta a Jalisco con Zacatecas, y fueron vistos por última vez con vida el 25 de diciembre pasado.
Sus cuerpos fueron encontrados en un sitio de inhumación clandestina el martes 17. Su desaparición y posterior asesinato reavivaron las alertas por lo que se padece en esta región sometida por la violencia generada particularmente por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Las desapariciones van en aumento y de la mano del asedio de los dos grupos delictivos más poderosos del país: el Cártel de Sinaloa y el CJNG.
En la búsqueda de sus seres queridos, las familias recorren otra vía llena de obstáculos ante las autoridades zacatecanas y de los estados vecinos, entre las que hay nula coordinación para investigar los casos y dar con el paradero de las víctimas. Muchos familiares acuden a una y otra fiscalía para presionar.
Los gobernadores de los tres estados: el morenista David Monreal (Zacatecas), el verde-ecologista Ricardo Gallardo (San Luis Potosí) y el emecista Enrique Alfaro (Jalisco) se desmarcan e intercambian señalamientos sobre la situación de inseguridad en las otras entidades.
Aunque el gobierno de Monreal presume una reducción de 13.76% en los homicidios dolosos durante el año pasado, en comparación con 2021, contrasta una cifra que va en incremento y es precisamente la de los desaparecidos y no localizados.
De acuerdo con la Fiscalía de Justicia de Zacatecas, en 2022 fueron reportadas mil 157 personas desaparecidas y no localizadas, mientras que en 2021 se registraron mil 114 casos.
De los reportados en 2022, 541 personas continúan desaparecidas; y de las localizadas, 54 fueron halladas sin vida.
Entre los desaparecidos no hay una prevalencia por edad, sexo o condición: entre las víctimas hay niños, adultos mayores, jovencitas y profesionistas, lamentó el martes 17 desde la tribuna del Congreso estatal la legisladora priista Gabriela Basurto, tras alertar que la entidad se ha convertido en un corredor de desaparecidos y pedir a sus compañeros: “Hagamos algo ante esta crisis”.
Ruta de la tragedia
Transitar por los 75 kilómetros que conectan a Colotlán y Huejúcar (Jalisco) con Tepetongo y Jerez (Zacatecas) es para su población una apuesta por la vida, pues el asedio de los criminales es visible y la presencia de corporaciones policiacas es efímera.
De acuerdo con las cédulas de búsqueda, difundidas por las fiscalías de justicia de Zacatecas y de Jalisco, además de los cuatro jóvenes de Jalisco y León encontrados sin vida, en diciembre último desaparecieron en esa área José Guadalupe Gallegos (1 de diciembre), Arol Sánchez (4 de diciembre), Ernesto Sánchez y José de Jesús Valdez (10 de diciembre), Abraham y Fernando Castro Flores (10 diciembre), Víctor Armando Cabrera Delgado (10 diciembre), Daniel Fernández y Manuel Bañuelos (21 de diciembre), Andrés Correa Muñoz (28 de diciembre), Jorge Meza y Ramiro Robles Miranda (31 de diciembre).
El 5 de septiembre del año pasado -desapareció el enfermero zacatecano José Refugio Robles Gaytán, cuando se trasladaba a bordo de un automóvil desde la capital zacatecana con destino al municipio de Tlaltenango, en la misma entidad, donde trabajaba en una clínica del ISSSTE.
Similar suerte corrió el regiomontano Jaime Antonio Rodríguez, con quien su familia perdió comunicación el 20 de noviembre de 2022 cuando circulaba en una camioneta por esta carretera, con destino al municipio jalisciense de Unión Tula. Aún no han sido localizados.
En toda esta región fronteriza al suroeste del estado, formada por los municipios zacatecanos de Tepetongo, Susticacán, Jerez, Valparaíso y Monte Escobedo, 60 personas desaparecieron el año pasado, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas. Pero podrían ser más, pues no todos los casos son denunciados por sus familias.
Los padres de Aldo Acevedo Sánchez, un joven de 17 años, quien el 16 de julio del año pasado fue privado de su libertad por un comando en la comunidad Juanchorrey, municipio de Tepetongo, denunciaron que grupos armados se han llevado por la fuerza a jóvenes en las comunidades serranas de Tepetongo, Jerez y Valparaíso (Proceso 2369 y 2392).
Sus familias no denuncian por miedo a ser víctimas de trabajo forzado y que los criminales puedan atentar contra su vida al conocerse que son buscados.
En el caso de las jaliscienses Daniela, Paola, Viviana y el ciudadano estadunidense de origen leonés, José Melesio, sus cuerpos fueron exhumados de una fosa clandestina localizada el martes 17 en el municipio de Tepetongo, en la misma zona donde -desaparecieron 23 días antes y en la cual corporaciones estatales y federales desplegaron un operativo por tierra y aire en su búsqueda, presionados por las manifestaciones de familiares, amigos y organizaciones civiles en las ciudades de Zacatecas, Guadalajara y León.
Búsqueda a medias
No todas las víctimas son buscadas con la misma diligencia por las autoridades, reprocha uno de los hijos de José Guadalupe Gallegos Aguilera. De oficio chofer, José Guadalupe salió la madrugada del 1 de diciembre pasado de Colotlán, Jalisco, con destino a la central de autobuses de la capital zacatecana, donde recogería a familiares de sus patrones. Nunca llegó a la cita.
La familia de José Guadalupe interpuso la denuncia por su desaparición en el Ministerio Público de Colotlán. La fiscalía jalisciense rastreó el teléfono celular de la víctima, ubicándolo en el municipio zacatecano de Tepetongo.
“Nos dijeron que no podían hacer operativos ahí porque no era su jurisdicción y prometieron coordinarse con las autoridades de Zacatecas para la búsqueda, pero la ficha con la foto y datos de mi papá no ha sido difundida por la Fiscalía de Zacatecas”, es la queja del joven.
El 21 de diciembre reciente, familiares de José Guadalupe acudieron a la fiscalía zacatecana para interponer una nueva denuncia, para presionar por su búsqueda, pero las autoridades se negaron a tomarles la denuncia. “Nos dijeron que ellos trabajaban ya en colaboración con las autoridades de Jalisco, ¡pero nada!”, lamenta uno de sus hijos.
Ante las desapariciones ocurridas en los límites de Zacatecas y Jalisco, el gobernador jalisciense, Enrique Alfaro, ha declarado que su gobierno apoya en los operativos de búsqueda desplegados, pero se desmarca afirmando que es importante que la gente sepa que esos delitos sucedieron en la entidad zacatecana.
Teo y otros casos
En el otro extremo del estado, en los límites con San Luis Potosí, la situación no es muy distinta.
Pobladores de comunidades del municipio de Villa de Cos bloquearon el martes 10, las carreteras federales 54 Zacatecas-Saltillo y 45 Zacatecas-Aguascalientes, e irrumpieron en un acto del gobernador, David Monreal, para exigirle la localización con vida de Anthony Tadeo Núñez Trejo, Teo, un niño de seis años desaparecido desde el 20 de diciembre del año pasado.
“Si no puedes, ¡renuncia!”, le gritaron los pobladores de Chaparrosa al gobernador Monreal, al irrumpir en una audiencia pública en la comunidad de Sauceda de la Borda, en el municipio de Vetagrande, de donde se le impidió la salida al mandatario durante varias horas.
Teo, quien tiene una discapacidad de lenguaje, fue privado de la libertad por desconocidos a bordo de una camioneta cerrada, color azul, con vidrios polarizados, cuando se encontraba frente a su casa en la comunidad de Chaparrosa, Villa de Cos, a 84 kilómetros de la capital zacatecana, y donde la mayoría de las familias se dedican a la producción de ajo, chile y cebolla.
A decir de los parientes del niño, el personal de la fiscalía se había concretado únicamente a emitir el 29 de diciembre una Alerta Ámber, pero no a realizar acciones efectivas de búsqueda, aun y cuando la camioneta en la que el menor fue raptado fue localizada días después en la comunidad Los Hernández, municipio de Villa de Ramos, en San Luis Potosí.
“Aquí (en Villa de Cos) no es el único desaparecido, hay otros jóvenes, pero lo de esta criatura sí nos encabrona. Los del gobierno no van a poder decir que andaba en malos pasos o que tenía malas amistades, con lo que siempre salen pa’ no investigar, no buscarlos”, expresó con visible enojo uno de los agricultores, quien se unió a sus vecinos en la quema de llantas para bloquear la carretera federal 54, “‘pa’ que nos hagan caso”.
En diciembre pasado, además del niño Teo, desaparecieron otras seis personas en esta franja de colindancia entre Zacatecas y San Luis Potosí, formada por los municipios de Villa de Cos y Pánuco.
Una tras otra, las fichas de búsqueda emitidas por la fiscalía zacatecana muestran los rostros ausentes: Guadalupe Ortiz López y Yamilet García Ortiz, una madre con su hija de 11 meses (desaparecidas el 18 de diciembre), Alexis Rangel y Marcos Daniel Cuevas (19 diciembre), así como Luis Eduardo Esparza y Mario Puente García (22 de diciembre).
Monreal Ávila prometió ayuda para los familiares de Teo. El niño continúa desaparecido hasta la fecha, mientras a los reclamos se unen otras familias que también buscan a los suyos, como es el caso de los parientes de Diana Laura Castillo Hurtado y Alejandro de Jesús Rodríguez Andrade, de quienes no se sabe nada desde la noche del viernes 6, cuando fueron vistos en Villa García, en el sureste zacatecano.
Al admitir que en la entidad se vive una crisis de desaparición de personas, el fiscal de Justicia de Zacatecas, Francisco Murillo Ruiseco, atribuye este fenómeno “a la disputa de los grupos criminales por el territorio, y en ese actuar delictivo va de la mano con la desaparición de personas”.
De acuerdo con el fiscal, otros municipios al interior del territorio registran también un elevado número de desapariciones, e insiste en que “obedece más a la disputa del territorio por los grupos delincuenciales”.
A pesar de la llegada de más agentes de la Guardia Nacional y soldados del Ejército para reforzar las acciones de seguridad en la entidad, el año comenzó con números alarmantes por este delito.
Sólo en enero ya suman 23 las personas reportadas como desaparecidas o no localizadas, de acuerdo con las fichas emitidas por la propia fiscalía estatal.
Este texto es un adelanto del reportaje publicado en el número 2413 de la edición impresa de Proceso
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ALONSO CHÁVEZ ALONSO.
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