De acuerdo con el informe “Voces contra la indiferencia”, que presenta este martes la organización, esta cifra corresponde a un 329.63% de incremento en comparación con el cuarto año del gobierno de Felipe Calderón (162) y del 63.38% respecto al mismo periodo del sexenio de Enrique Peña Nieto (426).
“Durante el cuarto año de Andrés Manuel López Obrador se agredió a la prensa cada 13 horas, mientras que en el mismo periodo de las dos administraciones pasadas la frecuencia fue de 21 y 55 horas, respectivamente”, señala el documento.
Las principales agresiones registradas contra la prensa durante el cuarto año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, son las amenazas, intimidación y acoso.
“En 2022, al igual que en los últimos tres años, las agresiones más comunes contra periodistas y medios de comunicación fueron: intimidaciones y hostigamientos, con 181 casos (26.01% del total); amenazas, con 151 casos (21.70%), y uso ilegítimo del poder público, con 111 casos (15.95%). Estas tres categorías corresponden a más del 63% del total de ataques documentados en el año”, agrega.
“Las agresiones letales, el acoso judicial, las amenazas y el estigma preocupan sobremanera por el efecto cascada que tienen para silenciar al gremio y por el impacto negativo que la censura de quienes informan tiene en el flujo y acceso a la información de la sociedad mexicana”.
Las cinco entidades con más casos de agresiones contra periodistas en 2022 son Ciudad de México, Yucatán, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz, mientras que Tabasco y Nayarit fueron los únicos estados en los que no se registró ninguna agresión.
Mientras que los 12 homicidios de periodistas cometidos en posible vínculo con su labor durante 2022, México se posicionó como el país más letal para la prensa en el continente con cifras similares a las de países en guerra, como Ucrania.
Artículo 19 destacó que en ocho de los 12 casos los periodistas cubrían asuntos de corrupción y política, seguidos de los que reporteaban seguridad y justicia, con tres casos, mientras que un homicidio se vincula con información sobre el sector privado y otro con aquellas vinculadas a temas de tierra y territorio.
En nueve de los 12 homicidios se han identificado a integrantes del crimen organizado como posibles autores materiales coludidos con las autoridades.
“Sea por contubernio o por ausencia, lo cierto es que, ante el aumento de la violencia, el Estado mexicano ha sido omiso en la realización de acciones que prevengan este y otros tipos de ataques contra la prensa”, señaló la organización.
También fueron documentados 66 casos de estigmatización mediante el uso de comunicación oficial, 41 casos de campañas de desprestigio contra la prensa y dos de criminalización.
“Esto representa un aumento respecto al año pasado donde registramos 86 acciones similares. El aumento de este tipo de violencia perpetrada contra la prensa debe analizarse en el marco de la normalización de este tipo de violencia, pues al ser tan constante se ha aceptado como parte del ambiente del debate público en México.
Parte de la normalización se debe precisamente a los constantes embates desde todos los niveles de gobierno y partidos, algo particularmente agudo en las conferencias matutinas del presidente de la República”, indica.
Por eso, la organización realizó un monitoreo de las conferencias matutinas del presidente López Obrador en el que durante 2022 detectó que en al menos 176 ocasiones se realizaron comentarios estigmatizantes dirigidos a medios de comunicación, periodistas y organizaciones de la sociedad civil.
“De ellos, 44 configuraron ataques contra la prensa, de los cuales 33 fueron cometidos por el titular del Ejecutivo federal”, advirtió.
“En otros 14 casos de agresiones mediante amenazas, bloqueos informativos e incluso lesiones por ataques físicos, se pudo identificar el uso del vocabulario empleado en las mañaneras (‘chayotero’, ‘vendido’, ‘pagado’), reitarando así que el discurso desde el Ejecutivo federal sigue permeando el territorio nacional y siendo utilizado contra la prensa en situaciones de mayor riesgo”.
Advirtió también que la concentración de recursos y la discrecionalidad en los criterios de asignación da pie a la utilización de la publicidad oficial como mecanismo de control o manipulación de líneas editoriales.
“Ya sea mediante la violencia directa, los ataques verbales y la desacreditación de los mensajeros o bien mediante la asignación discrecional de la publicidad oficial como medio de censura indirecta, el actual gobierno federal ha sido incapaz de revertir los anclajes autoritarios que han y siguen inhibiendo el ejercicio periodístico en México”, sentenció.
Acusó además que existe una tasa del 97.9% de impunidad en los ataques contra la prensa pues de acuerdo con datos de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) desde 2010, año de su creación, hasta diciembre de 2022, se han iniciado mil 592 investigaciones por crímenes contra periodistas, de las cuales sólo se han dictado 32 sentencias, cuatro de ellas emitidas el año pasado.
“Cada atentado contra periodistas y medios de comunicación abona a la hostilidad e instaura un contexto de censura donde ante la impunidad y faltas de garantías, sectores de la prensa optan por el silencio, sin necesidad de ser agredidos, lo que impacta gravemente en el derecho a informar y el derecho de la sociedad mexicana a estar informada”, enfatizó.
Los corresponsables
En su informe, Artículo 19 destacó que la precarización de la labor periodística incrementa los riesgos que enfrentan, e incluso en muchos casos los reporteros deben cubrir sus propios equipos de protección y de trabajo.
De 227 periodistas agredidos en 2022 que accedieron a aportar datos económicos a la organización, sólo el 26.87% contaba con un contrato de tiempo completo cuando sufrió la agresión, el 7.48% estaba contratada a medio tiempo.
En 88 casos no tenía contrato, se les pagaba por nota publicada y en 61 casos se trató de un director o líder de un medio digital independiente, por lo que carecían de contrato.
También 70 de los periodistas tenían un trabajo adicional en un ámbito ajeno a la comunicación para obtener ingresos suficientes y cubrir sus necesidades económicas.
“Esto habla de la vulnerabilidad estructural de quienes laboran en la prensa, que en la mayoría de los casos no cuentan con contratos laborales al momento de su agresión y, por lo mismo, no tienen acceso a seguridad social.
“La violencia económica que sufren, también los orilla a buscar otras fuentes de empleo. La combinación de dos actividades económicas, a la postre, se instrumentaliza por las autoridades para descartar el trabajo periodístico como móvil de las agresiones, particularmente en los casos de asesinatos”, observó.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.
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