Ese día por la tarde, la colectiva feminista Marea Púrpura convocó a una actividad pacífica y artística, como la han estado haciendo desde su conformación en 2019, y que como lo narró una de sus integrantes, Citlali Soriano Ortega, siempre han sido actividades pacíficas que visibilizan la violencia que hay en el municipio.
Esto pareció no importarles a las autoridades del Estado, que se movilizaron inmediatamente para detener los hechos, argumentando que eran “órdenes de arriba”. En las instrucciones también estaba la detención arbitraria de las hermanas y periodistas Natalie y Michelle Hoyos López, quienes se ofrecieron a llevar a integrantes de la colectiva una vez terminada la acción.
Su trayecto fue interrumpido por más de 15 elementos municipales, que las trasladaron a una Comandancia ubicada en la colonia Rancho San Juanitos, que las víctimas aseguran, es una zona alejada del centro de Izúcar, lugar donde se habían realizado las actividades de la colectiva.
“Ahí comenzó el calvario”, dijo Citlali Soriano, pues fue el momento en que Natalie y Michelle fueron víctimas de humillaciones, amenazas, burlas, y tortura física y sexual cometida por agentes de la policía municipal de Izúcar de Matamoros. Ambas estuvieron incomunicadas y privadas de su libertad por más de 15 horas.
Su liberación también estuvo condicionada al pago de una multa por 1,900 pesos por supuestamente “maltratar y ensuciar las calles”. “Pasamos horas de angustias porque no sabíamos que nos iban a hacer nos amenazaban con aplicarnos la máxima, con desaparecernos”, atestiguó Natalie de forma enérgica.
La angustia no ha pasado después de lo ocurrido, pues tanto Citlali como Natalie temen por su seguridad y las de sus familias, ya que, durante la detención, los policías expresaron en repetidas ocasiones que la edil de Izúcar de Matamoros, la alcaldesa Irene Olea Torres, había ordenado la detención y tortura de las víctimas.
“Hago un atento llamado al gobernador, Sergio Salomón, y al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que este acto no quede impune y se investiguen a las y los responsables, así como a los autores intelectuales y materiales que participaron en este hecho”, instó la periodista. El pasado 16 marzo realizó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado, y otras dependencias especializadas.
Este caso cuenta con el acompañamiento legal y solidario de la organización en defensa de la libertad de expresión y acceso a la información, Artículo 19, que, en palabras de Leopoldo Maldonado, director regional de México y Centroamérica, “es una muestra concreta de la violencia sistemática que enfrentan las mujeres periodistas en México”.
Artículo 19 también registró otras dos agresiones contra mujeres periodistas en el marco de las protestas y acciones realizadas el 8M en los estados de León Guanajuato y Nuevo León, lo que solo confirma que hay “un contexto general de grave violencia e inseguridad a las periodistas. Están en doble riesgo por su condición de periodista y por ser mujeres, lo que aumenta este riesgo de sufrir más violencia”, aseguró el director.
“Este hecho no tiene que volver a ocurrir para ninguna mujer, ningún hombre, ni ningún periodista al que quieran cortar su libertad. Que quede evidencia, yo no me voy a callar porque no hay justificación para lo que nos hicieron”.
AUTOR: PALOMA FERNÁNDEZ PEÑA.
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