Aparte, R3D sostuvo que la Sedena no tiene facultades legales para intervenir comunicaciones, e insistió en que la dependencia castrense no ha solicitado autorizaciones judiciales para hacerlo, menos en los casos específicos del activista tamaulipeco Raymundo Ramos Vázquez, del periodista Ricardo Raphael y de otro periodista de Animal Político, pues en respuesta a una diligencia oficial, el Consejo de la Judicatura Federal recalcó que no ha tenido ninguna solicitud de intervención de sus teléfonos.
Ayer, la oficina de Andrés Manuel López Obrador difundió un boletín, en el que dio su versión oficial sobre la investigación EjércitoEspía, que demostró que el Centro Militar de Inteligencia (CMI) utilizó Pegasus para intervenir de manera ilegal el teléfono del activista tamaulipeco Raymundo Ramos Vázquez. En su comunicado, Palacio Nacional aseveró que los documentos provienen de un hackeo y que pudieron ser alterados, por lo que descartó su validez.
En una respuesta de seis puntos publicada hoy, R3D sostuvo que varios elementos confirman la autenticidad del informe secreto del CMI que se encuentra en la filtración de archivos de la Sedena y que cualquier medio puede consultar en la enorme base de datos. Otro informe secreto del Ejército validó la información –pues señaló que el CMI era “usuario final” de un contrato con una empresa intermediaria de Pegasus--, el cual fue validado a su vez por un oficio de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Aparte, recalcó que las fechas de las intervenciones al teléfono de Ramos por el CMI coinciden con las fechas de ataques con Pegasus que fueron determinadas por los expertos del Citizen Lab, con sede en la Universidad de Toronto, al analizar el dispositivo del activista.
La organización también rechazó que, como lo planteó la oficina de Presidencia, las intervenciones de teléfonos “únicamente se realizan con el fin de coadyuvar a la procuración de justicia”, pues en el caso de Raymundo Ramos, el espionaje tuvo la finalidad de “influenciar” una investigación oficial sobre la presunta ejecución extrajudicial perpetrada el 3 de julio de 2020 en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Tras recordar que en octubre pasado el presidente López Obrador se comprometió a transparentar “todo” lo relacionado el contrato que la Sedena celebró en abril de 2019 con la empresa Comercializadora Antsua, que contaba con la representación de la empresa israelí NSO Group para vender su tecnología –incluyendo Pegasus--, R3D deploró que el mandatario incumplió y que la Sedena parece tener la intención de reservar la información.
En su comunicado, la organización recalcó que la intervención ilegal de telecomunicaciones es un delito que puede acarrear penas de hasta 12 años de cárcel, y criticó el argumento del boletín oficial que señala que ningún activista o periodista ha sido detenido por las labores de inteligencia del Ejército.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
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