Pagos a posibles “aviadores”, medicamentos facturados que no aparecen en almacenes, servicios sin constancia de que se realizaron –como mastografías y muestras de laboratorios– e insumos a sobrecosto son algunas de las irregularidades que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó durante 2021 en el Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral.
Bonos injustificados y compensaciones a mandos y personal sin perfil también son parte de estas anomalías.
Dichas irregularidades se cometieron en 18 estados del país con un probable daño al erario de mil 616 millones 703 mil pesos, de acuerdo con los reportes de las auditorías.
Todas las operaciones a través de este programa –creado en 2019 por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en sustitución, primero, del Programa de Inclusión Social y, después, del Seguro Popular– las hicieron gobiernos del PRI, PAN, Morena y Movimiento Ciudadano al amparo de la emergencia sanitaria por covid-19.
Aviadores en contingencia
La ASF encontró probables “aviadores” en nóminas de dos entidades durante el año auditado, cuyos gobiernos cambiaron de Acción Nacional a Morena: Nayarit y Baja California Sur. Hasta septiembre de 2021 fueron gobernados por Antonio Echevarría García y Carlos Mendoza Davis, respectivamente, para ser relevados por Miguel Ángel Navarro Quintero y Víctor Castro Cosío.
La auditoría 1245 refiere que Nayarit pagó un millón 73 mil pesos a personal que no fue reconocido por el titular del centro de trabajo donde estaba cargada la nómina. Las observaciones en esta entidad sumaron un millón 81 mil 521 pesos. El monto restante fue por pagos en exceso a un trabajador eventual.
En el caso de Baja California Sur, la auditoría 468 refiere una muestra de 79 trabajadores adscritos a tres hospitales generales con especialidades: el Juan María de Salvatierra en La Paz, el de Ciudad Constitución y el de Cabo San Lucas. Los titulares de los hospitales no reconocieron a dos empleados, pero la ASF confirmó que 161 mil 220 pesos salieron a sus nombres.
En esa entidad, el reclamo del ente federal es por un millón 301 mil pesos, que también se conforma por 452 mil 870 pesos por falta de contratos a empleados (3) o que éstos carecían de la firma de algún involucrado (6). Otros 687 mil pesos fueron pagados indebidamente a ocho personas cuyas funciones se encuentran en un sitio ajeno a las oficinas administrativas centrales.
En el Estado de México, a cargo del priista Alfredo del Mazo, las observaciones alcanzaron 158 millones 952 mil pesos, de los cuales 2 millones 332 mil pesos son por pagos a posibles “aviadores”.
Fragmento del reportaje publicado en la edición 2417 de la revista Proceso
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁXEL CHÁVEZ.
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