Leopoldo Maldonado, director regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, compartió que el informe busca hacer un homenaje a las voces de periodistas, defensoras y defensores de los derechos humanos y comunidades indígenas que hoy confrontan su discurso con otras voces hegemónicas y la monopolización del debate sobre lo público.
Señaló que en los últimos cuatro años del gobierno que se erigió como “transformador”, el panorama de la libertad de expresión continúa con una marcada tendencia de deterioro que se remonta a la primera alternancia partidista en el poder, en el año 2000, y que ha reducido el derecho a la información y promueve una expresión inofensiva y poco crítica del poder.
Como ejemplo, refirió que el 2022 representó un hito inimaginable en lo que a violaciones de derechos humanos se refiere. En mayo del año pasado, el país llegó a la cifra de 100,000 personas desaparecidas. Según cifras oficiales, entre 2019 y 2022, se han registrado más de 30,000 de estos casos y se estima que, debido al alza y continuidad de la violencia, al finalizar el sexenio podrían ser de más de 60,000.
Maldonado recordó también el casi nulo avance institucional en temas de seguridad y justicia, donde el informe revela un déficit importante en la respuesta en defensa de víctimas. Como ejemplo, compartió que, desde enero de 2020 hasta diciembre de 2022, se registraron 1504 personas en el padrón local de víctimas de la Ciudad de México, de las cuales solamente 186 han recibido apoyo con recursos económicos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral capitalino.
Violencia que no cesa
Como la parte central del informe, el cual se dio a conocer en el Museo de Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México, ARTICLE 19 expuso que en 2022 registró 696 ataques contra la prensa, convirtiéndose así, en el año más violento para la labor periodística desde que la organización inició el registro de agresiones, en 2007. Los 12 asesinatos registrados el año pasado también sellaron el año más letal para la prensa junto con 2017.
La organización también expuso que las agresiones contra periodistas alcanzan una frecuencia de una cada 13 horas, donde la mayoría son cometidas por autoridades. De los casos documentados, 296 (42.53%) fueron perpetrados directamente por actores del Estado, es decir, cuatro de cada diez.
En el panorama nacional, las cinco entidades federativas con más casos de ataques contra la prensa en 2022 fueron la Ciudad de México, Yucatán, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz, en ese orden.
En este mismo sentido, el informe revela que, a lo largo del gobierno de López Obrador, los ataques contra la prensa han constado, mayoritariamente, de amenazas, intimidación y acoso. En 2022, al igual que en los últimos tres años, las agresiones más comunes contra periodistas y medios de comunicación fueron: intimidaciones y hostigamientos, con 181 casos.
Asimismo, ARTICLE 19 registró que, en el último año, en al menos 176 ocasiones el Ejecutivo vertió comentarios estigmatizantes a medios de comunicación, periodistas e, incluso, organizaciones de la sociedad civil. De estos 176 hechos, 44 se configuraron como ataques contra la prensa, de los cuales 33 fueron cometidos directamente por el titular del Ejecutivo federal.
De forma paralela a la estrategia de ataque verbal por parte del gobierno federal, el reporte también insiste en que la concentración de recursos y la discrecionalidad en los criterios de asignación de publicidad oficial da pie a la manipulación de las líneas editoriales de los medios en México.
En 2022, el Congreso desacató la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de atender las deficiencias de la Ley General de Comunicación Social y optó por reglamentar de manera deficiente la publicidad oficial y dar continuidad a la hiperconcentración del gasto en comunicación social. Datos del informe refieren que el año pasado tan solo diez empresas de comunicación recibieron el 54.8% del total del gasto en publicidad oficial, donde cerca del 30.6% se entregó a La Jornada, Televisa y TV Azteca.
Militarización y espionaje
El informe también da cuenta de las preocupaciones sobre la militarización del país y la opacidad que ronda a las fuerzas armadas, particularmente en torno a acciones de espionaje como herramienta de intimidación y amenaza en contra de periodistas y defensores de derechos humanos que han sido reveladas en meses pasados por grupos ‘hacktivistas’.
De acuerdo con ARTICLE 19, estas filtraciones confirman que desde las instituciones castrenses se considera enemigos potenciales a colectivos e individuos que investigan, denuncian y exponen casos de violación a derechos humanos, sin que la respuesta del gobierno federal haya sido satisfactoria; y lo que es más, se destinaron recursos públicos para implementar una campaña desde sitios digitales oficiales con la finalidad de “desmentir” el uso de malware.
También se señala que el hackeo a SEDENA ha sido utilizado como pretexto para reactivar discusiones al interior del Legislativo e impulsar leyes de ciberseguridad restrictivas de los derechos humanos e inhibitorias de la libertad de expresión.
Asimismo, refiere que las instituciones civiles de seguridad y justicia tuvieron un presupuesto 271% menor al del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, militarizada en 2023.
Instituciones sin rumbo
El reporte también señala que la creciente militarización del país se ha dado a costa de un nulo avance institucional, donde destaca que la procuración de justicia tampoco avanza a los niveles y al ritmo esperados.
Conforme a los datos proporcionados por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), desde 2010, año de su creación, hasta diciembre de 2022, de un total de 1592 indagatorias por crímenes contra periodistas, se han obtenido únicamente 32 sentencias (contando las cuatro logradas el año pasado).
Adicionalmente, durante 2022, la mayor parte de las designaciones de titulares de diversos organismos públicos quedó pendiente. El año cerró con 23 procesos inconclusos, de cara a este año existe un acumulado de 16 procesos pendientes, incluidos los del Instituto Nacional Electoral (INE) o los del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
En este mismo sentido, ARTICLE 19 señala la utilización facciosa de organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). En lo que va de la administración de Rosario Piedra, 17 de las 28 recomendaciones dirigidas a la Sedena, la Fiscalía General de la República (FGR), la GN y la Secretaría de Marina (Semar) se refieren a hechos ocurridos antes del 1 de diciembre de 2018.
Asimismo, señala que la CNDH ha demostrado una preocupante parcialidad y falta de autonomía durante el sexenio actual. La Comisión se negó a presentar una acción de inconstitucionalidad frente a las reformas que convirtieron a la Guardia Nacional en un cuerpo castrense y respaldó las propuestas para reformar el INE en línea con el discurso oficial.
DESCARGA DEL INFORME: https://articulo19.org/wp-content/uploads/2023/03/Voces-contra-la-Indiferencia-INF-A19-22-PDF-Prel-vf.pdf
RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME: https://articulo19.org/wp-content/uploads/2023/03/Resumen-Ejecutivo-Informe-2022-Articulo-19.pdf
FUENTE: DESINFORMÉMONOS/ARTÍCULO 19.
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