Sin embargo, la institución castrense tenía un temor, y lo plasmó como “amenaza” en un documento interno: “Que se evidencie ante la opinión pública las actividades que se realicen en este Centro”.
Y es que, en los últimos 12 años, el Centro Militar de Inteligencia (CMI) ha operado al margen de la ley, sostiene la organización Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D). Desde un búnker de más de 5 mil millones de pesos instalado en el Campo Militar No 1, sus agentes han recabado información para los sucesivos titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) gracias a un arsenal tecnológico, que incluye el poderoso spyware Pegasus.
El CMI forma parte de la rama de inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDN), el cual responde directamente al general Luis Cresencio Sandoval González, titular de la Sedena. Al igual que el resto del aparato militar, el CMI ha crecido mucho durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador: entre 2018 y 2021, su plantilla de agentes pasó de 293 a 619.
La semana pasada, la segunda entrega de la investigación Ejército Espía
--en la que participó Proceso-- reveló que el CMI intervino con Pegasus el teléfono del activista tamaulipeco Raymundo Ramos Vázquez, y lo hizo para obstaculizar una investigación sobre la ejecución extrajudicial cometida por soldados de la Sedena en la madrugada del 3 de julio de 2020 en Nuevo Laredo.
La investigación reveló que el informe secreto del CMI estuvo dirigido a la atención de Sandoval, quien lo recibió el mismo día. La investigación echó abajo las mentiras de la Sedena y de su titular, quienes han afirmado en varias ocasiones que no operan el spyware.
Sandoval ha estado muy al tanto del CMI, pues en el arranque de su gestión lo ha querido ampliar con un Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C5) conectado a los C5 de varios estados.
Desde hace una década, Proceso ha documentado que la Sedena ha utilizado Pegasus. En el contexto de la investigación internacional Pegasus Project, este semanario reveló algunos de los más de 6 mil objetivos que la institución castrense ingresó en su sistema entre mitades de 2016 y 2017: aunque la gran mayoría de los números telefónicos remitía a zonas conflictivas --como Tamaulipas, Guerrero, Jalisco o Michoacán--, destacaban también los números de los entonces gobernadores --de todos los partidos--, así como de reconocidos defensores de derechos humanos, o del periodista guerrerense Cecilio Pineda, quien fue asesinado semanas después de ser espiado.
La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) lleva años sosteniendo que la Sedena no tiene facultades constitucionales ni legales para intervenir comunicaciones privadas. Aparte, en México cualquier intervención de comunicaciones requiere la autorización del Poder Judicial, y la Sedena no ha presentado una sola solicitud en al menos los últimos 5 años.
Con base en la Ley de Transparencia, R3D solicitó a la Sedena le informase “cuántas solicitudes para la intervención de comunicaciones privadas, informáticas o de telecomunicaciones” había presentado “ante cualquier área del Poder Judicial de la Federación” durante el periodo del 1 de enero de 2018 al 31 de mayo de 2022. En un oficio de respuesta, fechado el 16 de junio del 2022, la Sedena declaró que “después de una exhaustiva búsqueda” en sus archivos, “no se localizó expresión documental que atienda la solicitud”.
En el caso del defensor de derechos humanos Raymundo Ramos, personas con acceso a la carpeta de investigación pudieron constatar que no existe registro de ninguna autorización judicial para intervenir las comunicaciones privadas del activista tamaulipeco.
Por todo ello la R3D no tiene dudas de que el CMI opera desde la ilegalidad y la arbitrariedad.
El documento de abril de 2021, mencionado arriba, muestra que la Sedena es consciente de esta ilegalidad. Se trataba de un análisis de las “fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas” del CMI; en este archivo, marcado como “secreto”, la Sedena presumía que el CMI contaba con buenas tecnologías, con personal capacitado y con buen conocimiento de los “medios tecnológicos con los que cuenta”, pero reconocía, en el apartado de “amenazas”, algunos riesgos como la “fuga de información”, las “indiscreciones que pueda realizar el personal militar que participa en las operaciones”, o el hecho que la opinión pública descubra las “actividades” del CMI.
Fragmento del reportaje publicado en la edición 2419 de la revista Proceso
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
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