Además, anunció que se rescindirá el contrato con la empresa Camsa SA de CV, la cual daba el servicio de vigilancia de migrantes en ese centro de detención del Instituto Nacional de Migración (INM), que encabeza Francisco Garduño.
Al asegurar que se mantendrá una “política de cero impunidad, cero corrupción y cero complicidad”, Rodríguez señaló las personas migrantes serán trasladadas al Centro Integrador para el Migrante Leona Vicario, en esa misma ciudad fronteriza.
Este lugar es un “centro integrador de puertas abiertas, no es un centro de control, como la estancia provisional solamente sirve para dar servicios, que es para dar comida y otros servicios”, indicó la secretaria.
Añadió que les ofrecerán alimentos, servicio médico y representación de la embajada y consulados para atender algunos trámites.
Sara Irene Herrerías, titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República (FGR), apuntó que aún no se cita a declarar a los socios de la empresa Camsa SA de CV., de la que también se analiza si existen filiales en el resto del país.
En torno a la empresa, informó que el contrato se dio por adjudicación directa para servicios en instalaciones en 23 estados con una vigencia del 1 de marzo a 31 de diciembre de 2023, con un monto mínimo de 76 millones de pesos y un máximo de 190 millones de pesos.
Además de rescindir el contrato, se inició un proceso de revisión por algunas omisiones como ofrecer servicios diferentes a los autorizados bajo el nombre Grupo TANK Seguridad Privada Profesional, pues a pesar de haber reportado trabajar con sólo cuatro elementos de seguridad con 10 uniformes y no tener permiso de portación de armas, en realidad realizaba tareas de seguridad intramuros, con escoltas o elementos armados, protección a funcionarios, rastreo y localización satelital (GPS).
Así como la custodia de mercancías, seguridad para eventos especiales, capacitación en materia de seguridad (de personal privado), consultoría en seguridad y asesoría en sistemas de seguridad electrónica (controles de acceso, sistemas de intrusión) y sistemas de video vigilancia (CCTV).
Hasta donde se sabe para el caso del Instituto Nacional de Migración, la empresa tenía 503 elementos desplegados en distintos inmuebles.
También, Camsa omitió actualizar el Registro Nacional de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada relativo a sus sucursales.
Evitó en todo momento aplicar, tolerar o permitir actos de tortura, malos tratos, actos crueles, inhumanos o degradantes.
Inscribir, capacitar y presentar a su personal operativo a la Dirección General de Seguridad Privada los exámenes médicos, psicológicos y toxicológicos de su personal operativo.
Implementar mecanismos que garanticen el cumplimiento de obligaciones del personal operativo, así como inscribir a su equipo y uniforme en el Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DALILA ESCOBAR.
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