“Puede convertirse en la fuente de información necesaria para impulsar acciones de protección y reparación de nuestros recursos naturales y ecosistemas, lo cual será cada vez más necesario en un contexto de cambio climático y escasez”, durante la sesión la Comisionada Presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena.
Agregó que el acceso a la información sobre actividades y proyectos que podrían afectar el medio ambiente, constituyen asuntos de evidente interés público, y que la transparencia de la gobernanza ambiental es requisito previo para la participación efectiva del público en la adopción de decisiones sobre este tema.
La resolución del instituto se dio después de que la dependencia se declarara incompetente para responder a una solicitud de información y pidiera a la persona que se dirigiera a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Sin embargo, el INAI concluyó que el organismo cuenta con documentación oficial que incluye las acciones, dictámenes, análisis e, incluso, los protocolos de atención que ha realizado sobre el tema.
Asimismo, le instruyó buscar en todas sus unidades administrativas competentes, incluidas la Subdirección General Técnica, la Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos y la Gerencia de Calidad de Agua, la información solicitada.
El 6 de agosto de 2014, la mina Buenavista del Cobre, propiedad del Grupo México, derramó 40 millones de litros de desechos tóxicos, incluido sulfato de cobre acidulado, a los ríos Sonora y Bacanuchi. La sustancia se extendió por más de 270 kilómetros y afectó a más de 22 mil personas de siete municipios del estado.
A raíz de ello, se cerraron 322 pozos y norias que estuvieran a una distancia menor de 500 metros de la margen del río. Esta medida trajo un impacto a la actividad económica de la región.
Tras el desastre medio ambiental, la Profepa ordenó a la empresa Buenavista del Cobre aplicar un Plan de Remediación Total. Asimismo, presentó una denuncia contra las compañías involucradas
Por su parte, Conagua determinó realizar acciones de infraestructura como la perforación, equipamiento y conexión a la red de distribución de agua de 18 nuevos pozos, 37 plantas potabilizadoras para eliminar metales, tres represos y limpieza de sedimentos.
Igualmente, se creó el fideicomiso Río Sonora por dos mil millones de pesos. No obstante, de acuerdo con la organización Fundar, la mayor parte de ese dinero se ejerció en 2014 (de septiembre a diciembre), beneficiando a más de 18 mil personas. Pero, para 2016 sólo se benefició a nueve personas.
Además, dicho estudio señaló que no hay suficiente información que permita verificar de manera oportuna cómo y en qué se ha gastado, y si estas medidas son las adecuadas, las necesarias o bien si son suficientes.
Debido a los hechos, organizaciones han denunciado que los habitantes de la zona no tienen acceso a agua potable o servicios médicos. Asimismo, apuntan, han incrementado los casos de enfermedades en la región, principalmente respiratorias y gastrointestinales, afectaciones cutáneas y altos niveles de metales pesados en la sangre.
A esto se suma que los campesinos han dejado de cultivar sus tierras y de vender los productos tradicionales de la región, por temor a la contaminación.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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