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El pasado 14 de marzo, Garduño declaró: «He dado instrucciones de que los niños se les quiten a los padres para nosotros tutelar el Interés Superior, que es la niñez». Ante ello, organizaciones como el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), Alianza Américas y Sin Fronteras recordaron que el que las familias sean migrantes «no faculta al INM a transgredir el derecho a la vida en familia», mientras que separarlas «sí es contrario a la ley».
«El deber del INM de observar el Interés Superior de la Niñez no le faculta para separar a ninguna niña, niño y adolescente migrante y sujetas de protección internacional de su familia, más bien le faculta y ordena proveerles de una Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias como medida precautoria», señalaron las organizaciones.
Agregaron que el INM, en lugar de separar a las familias, también tiene la facultad y el deber de canalizar a los migrantes a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y notificar a las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes «para que sean ellas las que establezcan el Interés Superior y un Plan de Restitución de Derechos».
Las organizaciones puntualizaron que el deber de las autoridades es proteger a las familias migrantes, que en su tránsito por México son víctimas de violencia por parte de las instituciones, el crimen organizado y políticas públicas nacionales e internacionales como el Título 42 o el programada Quédate en México.
Por ello, insistieron en que de permitirse la separación de los niños migrantes el Estado mexicano y la sociedad avalarían y encubrirían una violación a los derechos humanos, por lo que urgieron a las autoridades a no implementar las instrucciones del INM.
COMUNICADO:
AUTOR: REDACCIÓN.
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