El titular del órgano de control interno de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), Victorino Barrios Dávalos, confirmó el “carpetazo” de los expedientes relacionados con la llamada Estafa Maestra y la participación de funcionarios universitarios, incluidos rectores, el excontralor interno, exsecretarios de finanzas y exdirector del Fondo para el Desarrollo Científico (Fondict), mediante el cual se signaron docenas de contratos con dependencias federales, y luego se entregaban a empresas subcontratadas que finalmente desaparecían con los recursos.
Entrevistado a propósito de la exoneración de Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de Desarrollo Social (Sedesol), recluida tres años y a quien se le fincaron cargos en un proceso que nunca prosperó, el ahora contralor de la universidad dijo que de los 45 expedientes que recibió, se cerraron 43 y solo quedan vigentes dos.
Dijo que el cierre de estos casos fue prácticamente por “extemporaneidad” de los mismos, pues los expedientes que ordenaba la Auditoria Superior de la Federación (ASF) que se abrieran por el desvío de los fondos y la subcontratación de empresas por parte de la UAEM “solo se abrían y se notificaba de su apertura a la ASF, pero nunca se integraron”, dijo, “nunca se investigó nada”.
Señaló que, por ello, el plazo para fincarles cargos a los altos funcionarios universitarios que coadyuvaron a desviar recursos de dependencias federales, a través de la subcontratación masiva de empresas –muchas fantasmas, otras irregulares, otras desaparecieron– y personas físicas, feneció, pues era de tres años.
También descartó actuar de “motu proprio” para intentar sancionarlos, ya que se trata de recursos federales, sostuvo.
Cabe recordar que el libro “Estafa Maestra”, basado en auditorias forenses realizadas por la ASF, menciona solo 14 contratos signados entre el Fondict y al menos seis dependencias federales, incluida Sedesol, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto entre el 2012 y 2013.
En el caso de Sedesol y de la UAEM, se trata de los mismos contratos por los cuales Rosario Robles estuvo en la cárcel, y algunos sí fueron firmados aquí en Edomex, en eventos públicos que convocó el entonces gobernador Eruviel Ávila, quien los firmó como testigo de honor. Aunque Jorge Olvera, al igual que Rosario Robles, negó haber firmado algo, existen fotografías y al menos un contrato con la firma de los tres, incluida la de Eruviel, que se incluye en un informe especial publicado en la Gaceta Parlamentaria del 18 de marzo del 2020.
Esa firma corresponde al convenio general entre UAEM y Sedesol, signado en junio del 2013; en total, la universidad mexiquense recibió mil 431 millones 825 mil 200 pesos entre 2012 y 2014, de los cuales se esfumaron –solo con esta dependencia– 334 millones 477 mil 338 pesos, de acuerdo con la misma gaceta citada.
Por otra parte, los 14 contratos que cita el libro publicado en 2018 no son los únicos. Una revisión de auditorías al Fondict entre 2012 y 2017 da cuenta de más de cien contratos y montos en observaciones que se acercan a los 3 mil millones de pesos, aunque la cantidad desviada por el Fondict de la UAEM quizás jamás podrá conocerse, ya que las propias auditorias forenses (la 0280, 0270, 0245, 0246, entre otras revisadas) de esos años, indican que en algunos casos solo se auditaron el 60 o 50% de los contratos que firmaba el Fondict.
Respecto a los dos expedientes que siguen vigentes, el contralor no dio mayores detalles durante la entrevista, pues aseguró que están en proceso de integración, pero uno podría relacionarse con el ultimo contrato conocido signado por Fondict en 2017 durante el rectorado de Alfredo Barrera Baca.
Por otro lado, desde mediados del 2021 el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), al frente de Miroslava Carrillo, excolaboradora de Jorge Olvera en la Comisión de Derechos Humanos (CODHEM), dio carpetazo a los 27 expedientes que heredó sobre la Estafa Maestra. La funcionaria, en aquella ocasión, se negó a responder cuestionamientos al respecto.
Los contratos que firmó el Fondict entre 2012 y 2017 incluyen al menos 20 dependencias federales e involucran una red de casi 200 empresas, de acuerdo con una revisión de 12 auditorías de la ASF.
Habrá que recordar además que Emilio Zebadúa, testigo colaborador en el caso contra Rosario Robles, declaró ante un juez en octubre del 2021 que los fondos desviados se habían “usado en la compra masiva de votos de las elecciones del 2017 del Estado de México” y para propaganda de Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong y la propia Rosario Robles, de acuerdo con una nota publicada por el periódico Reforma.
Actualmente todos los funcionarios y exrectores que estuvieron implicados en este esquema fraudulento continúan laborando en la universidad y dependencias estatales, como Alfredo Barrera, quien fue nombrado por Alfredo del Mazo como director del programa editorial del gobierno estatal; el propio Alfredo del Mazo, citado en el libro como director de Banobras y hoy gobernador; Jorge Olvera, quien es investigador y mentor en la Facultad de Derecho, y el actual rector, Carlos Eduardo Barrera Díaz, quien formó parte de los equipos de rectores anteriores y actualmente ha prolongado la liquidación del Fondict acordada desde el 2016.
De hecho, a la fecha se desconoce también si continúa signando contratos, pues estos fueron declarados como “información reservada”.
Otros mexiquenses que se relacionan con el caso son Ernesto Nemer y Luis Miranda Nava, exsubsecretarios de Sedesol en los tiempos de Rosario Robles; Eruviel Ávila, quien era gobernador entonces, y Emilio Chuayffet Chemor, quien era secretario de Educación y es citado en el libro debido a que Fondict firmó con la SEP y el INEA al menos cuatro contratos, con observaciones millonarias dictaminadas por la ASF.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MA TERESA MONTAÑO.
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