Pablo Gómez Álvarez señaló hoy que Cristina Pereyra también participaba activamente en el entramado de corrupción de su esposo, quien fuera Secretaría de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón.
“Genaro García Luna además de propiedades, tiene empresas y su esposa, Linda Cristina Pereyra, es quien las administra”, dijo en la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Además, el titular de la UIF dio a conocer que Pereyra Gálvez fue denunciada por el Gobierno de México por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y señaló que es dueña de varias propiedades en Miami, las cuales están bajo litigio con Estados Unidos.
“La esposa de García Luna no es simplemente un familiar del jefe [Genaro García Luna], sino que ella participa. […] Ella es propietaria de cuatro departamentos en Miami que están asegurados por la Corte donde está interpuesto el juicio civil que reclama estos bienes”, afirmó Gómez Álvarez.
El funcionario recordó que en el juicio de García Luna, Cristina Pereyra explicó la procedencia del dinero que tenía la pareja, sin embargo, aclaró que el testimonio es “enteramente falso”, pues “ella está denuncia está denunciada por el Gobierno de México a través de la UIF por operaciones con recursos de procedencia ilícita y algunos otros delitos”.
El pasado 14 de febrero, durante el juicio, Pereyra Gálvez subió al estrado y explicó la procedencia de sus bienes entre 1994 y 2008, a lo que reporteros que cubrieron el caso, coincidieron que lo realizó de manera lógica, efectiva y metódica.
“Ella está denunciada, […] al igual que varios de sus familiares que han sido beneficiados del inmenso botín que se generó a través de la Secretaría de Seguridad Pública en la época de Genaro García Luna y de la Secretaría de Gobernación de [Miguel Ángel] Osorio Chong”, explicó el funcionario.
“No solamente están denunciados, están abiertas las carpetas de investigación. Hemos estado insistiendo en la Fiscalía [General de la República] de que es necesario ya la solicitud de las órdenes de aprehensión”, sostuvo.
Asimismo, Pablo Gómez explicó que las solicitudes de órdenes de aprehensión están en manos del Fiscal Alejandro Gertz Manero, y que es el Fiscal quien abre las carpetas de investigación, y que la UIF sólo se encarga de recibir información, analizarla y presentar la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).
PODER JUDICIAL DESCONGELA CUENTAS DE CRISTINA PEREYRA
El pasado 21 de febrero, el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito de la Ciudad de México revocó la sentencia del Juzgado Décimo Segundo, con la que se había negado Linda Cristina Pereyra el amparo por su inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas del 9 de diciembre de 2019.
El mismo día en que el jurado en Estados Unidos declaró culpable de todos los cargos a García Luna, el Tribunal, integrado por el presidente Rolando González Licona, el Magistrado Eduardo Baltazar Robles y la Magistrada Amanda Roberta García González, le liberó sus cuentas financieras y su fallo fue por unanimidad.
La UIF había incluido a Pereyra Gálvez en la Lista de Personas Bloqueadas como medida cautelar a efecto de que no pudiera realizar movimientos financieros mientras se resuelve el procedimiento penal, ya que formó parte integrante de la trama de lavado de dinero encabezada por Genaro García Luna.
“Es vergonzoso todo esto, cómo es posible que en el extranjero se hagan cosas que no se hacen en México, necesitamos el apoyo de los jueces, no es posible seguir de esta manera, necesitamos fiscales más rápidos, fiscales que se pongan las pilas, están muy lentos”, criticó Pablo Gómez, en entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado en una cobertura de SinEmbargo al Aire, vía YouTube.“Es vergonzoso todo esto, cómo es posible que en el extranjero se hagan cosas que no se hacen en México, necesitamos el apoyo de los jueces, no es posible seguir de esta manera, necesitamos fiscales más rápidos, fiscales que se pongan las pilas, están muy lentos”, criticó.
Además, Pereyra Gálvez está demandada ante una Corte civil del estado de Florida, Estados Unidos, con el fin de que México rescate 745.8 millones de dólares sustraídos ilícitamente del erario nacional mexicano y trasladados a Miami.
GOBIERNO MEXICANO BUSCA RECUPERAR DINERO DE LAS PROPIEDADES
El Gobierno mexicano presentó una demanda civil el 21 de septiembre de 2021 ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, sin embargo, esa información se supo apenas a finales de enero, días después del inicio del juicio de García Luna.
La meta de las autoridades mexicana es recuperar “los activos adquiridos” con el dinero producto de la supuesta corrupción de la que acusan a la red de García Luna para resarcir el daño al pueblo mexicano. El proceso civil es independiente al juicio penal donde el exsecretario de Seguridad fue declarado culpable de cinco cargos, incluido el de encabezar una organización criminal durante un largo periodo de tiempo y el de conspirar para traficar droga a EU, el pasado 21 de febrero.
La acusación de la UIF se extiende mucho más allá de solo García Luna. Incluye una lista de personas (ocho físicas): el propio Genaro García Luna; su esposa Linda Cristina Pereyra; “los Weinbergs”, quienes fueron mencionados durante su juicio penal en Nueva York: Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Sylvia Donna Pinto de Weinberg; así como Natan Wancier Taub, José Francisco Niembro González y Martha Virginia Nieto Guerrero de Niembro.
Además, se encuentran demandadas 44 personas morales –empresas– supuestamente relacionadas con la red de García Luna. De ellas, ocho fueron las que adquirieron las 19 propiedades ahora incautadas por el Gobierno estadounidense, las cuales tienen un valor total de 17 millones 930 mil 402 dólares.
La que más destaca es Delta Integrator LLC, creada en 2013 y la cual estaría directamente relacionada con Pereyra, la esposa de García Luna. Cuatro de las propiedades aseguradas fueron adquiridas por dicha compañía. En total, el valor de mercado es de dos millones 476 mil 726 dólares, casi 45 mil millones de pesos.
Se trata de cuatro departamentos ubicados en el mismo edificio, tres de ellos contiguos: las unidades 1009, 1010 y 1011. Además, adquirió el 505. Por su parte, otra empresa señalada, Jagra LLC, adquirió la unidad 1007 valuada en 469 mil 806 dólares.
AUTOR: REDACCIÓN.
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