En los casos que llegaron a juicio, las víctimas acusan que en 2010 y 2011 marinos realizaron detenciones arbitrarias con golpes y amenazas para hacerles firmar hojas en blanco y acusaciones de pertenecer a grupos de la delincuencia organizada, en Tamaulipas y Veracruz.
Por estos hechos, la Fiscalía General de la República (FGR) inició ejercicio de la acción penal en contra de los elementos acusados en dos de estas denuncias, luego de acatar la resolución de un amparo interpuesto por el IFDP, en el que demandó la investigación de lo sucedido.
Animal Político publicó este jueves que Netzaí Sandoval —uno de los 20 finalistas para ser consejero del Instituto Nacional Electoral (INE)— y su equipo fueron espiados con el sistema Pegasus en 2021, mientras litigaban 500 denuncias contra soldados y marinos por presunta tortura.
También, mientras llevaban la defensa de Juana Hilda González, acusada en el caso del secuestro de Hugo Alberto Wallace, y luego de solicitar la atracción del caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Entre los funcionarios espiados también estuvo Salvador Leyva, extitular de la Secretaría Técnica del Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos, área creada en 2019 como parte de las reformas al IFDP, dependiente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
El espionaje contra cuatro funcionarios de la Defensoría ocurrió entre mayo y noviembre de 2021, de acuerdo con el dictamen técnico del análisis a sus equipos telefónicos oficiales realizado por Citizen Lab, de la Universidad de Toronto.
Netzaí Sandoval denunció el espionaje a través de una promoción interpuesta ante la SCJN el 30 de enero de 2023, como parte de las “pruebas y alegatos de espionaje a la defensa en el amparo directo 26/2022, promovido por Juana Hilda González Lomelí, representada por Salvador Leyva Morelos Zaragoza, secretario técnico de Combate a la Tortura”, advierte el documento obtenido por Animal Político.
Aunque este medio solicitó entrevista a Sandoval, este respondió que se abstendría de hablar, pues se encontraba en el proceso de elección de consejeros del INE.
Sin embargo, respondió a la investigación la noche de este jueves a través de su cuenta de Twitter, donde evitó señalar al Ejército como responsable del espionaje. “En los documentos que presentamos ante SCJN y FGR, jamás afirmamos que el Ejército intervino nuestros teléfonos. Tampoco que otro órgano del gobierno lo hiciera. Alguien espió únicamente al equipo que llevó el caso Wallace”, dijo.
También cuestionó si el gobierno es el único que puede comprar el software de espionaje, pero ha sido Shalev Hulio, director de NSO Group, empresa dueña de Pegasus, quien ha declarado bajo juramento ante cortes de Estados Unidos que su compañía solo vende el software a gobiernos para que investiguen delitos graves o terrorismo.
Incluso, la exportación y el otorgamiento de licencias del sistema se encuentran bajo el control del gobierno israelí a través de la Agencia de Control de las Exportaciones de Defensa (DECA, por sus siglas en inglés). Y para la venta del software en cada país, NSO Group designa a empresas como sus representantes para que los gobiernos puedan comprar el sistema a través de ellas.
La investigación Ejército Espía confirmó que la Sedena contrató el servicio de “monitoreo remoto” a la empresa Comercializadora Antsua, la única autorizada por NSO Group para vender Pegasus en México.
La tortura
A partir de 2019, cuando se creó la Secretaría Técnica del Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos, los defensores públicos revisaron las denuncias por tortura que se encontraban sin avance. Por ello, interpusieron demandas de amparo para que la FGR investigara los casos.
El extitular de dicha secretaría, Salvador Leyva, aseguró en entrevista que entre 2019 y 2023 lograron interponer 500 amparos contra el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero; la fiscal especial en Materia de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías, y el fiscal especial en Materia del Delito de Tortura, Juan Carlos Chávez, para demandar pronta investigación.
Con esta estrategia lograron que en al menos 30 casos los jueces instruyeran a la fiscalía a que realizara las investigaciones y, en dos de ellos, los acusados fueron llevados a juicio.
Uno de ellos corresponde a la causa penal 371/2020 radicada en el Juzgado Segundo del Estado de México, en la que se encuentran acusados seis elementos de la Primera Brigada de Infantería de la Marina en Veracruz, por presuntamente cometer actos de tortura contra dos civiles.
De acuerdo con la narración de los marinos, hicieron dos detenciones el 20 de agosto de 2011 en Boca del Río, luego de una denuncia anónima en la que supuestamente delataban a vendedores de droga y, al salir a patrullar, localizaron a los hombres que coincidían con la descripción.
Contrario a lo que declararon los marinos, la víctima aseguró que su detención ocurrió en el bar La Tribuna cuando se encontraba festejando su cumpleaños: “De repente entraron los marinos al bar y empezaron a amagar a toda la gente sin distinguir entre las personas, desde que nos sacaron ya nos habían esposado y vendado de los ojos”.
Tras la detención, narró la víctima, los subieron a una camioneta y después de dos horas los llevaron a la base de la Marina. “Fue ahí donde nos comenzaron a golpear y a torturar a todos con toques y asfixiar con toallas húmedas, amenazas de matar a mi familia en dado caso que no declarar las cosa que ellos me decían”.
“Nos hicieron firmar hojas con los ojos vendados y recabaron huellas, pasaron dos días sin que nos dieran agua ni alimento alguno, para después trasladarnos a la Ciudad de México siguiéndonos torturando en el avión, ya estando en la SIEDO tomaron mi declaración, aclarando que con toda la gente que me involucran no los conozco negando los hechos que se me imputan”, describió.
Los defensores públicos también lograron llevar a juicio a los acusados en 12 causas penales radicadas en el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en contra de 16 elementos de la Marina, por la detención de 12 civiles ocurrida el 28 de septiembre de 2010 en Matamoros, Tamaulipas. Los detenidos acusaron haber sido víctimas de actos de tortura.
Los marinos declararon que acudieron a una bodega ubicada en el kilómetro 40 de la carretera San Fernando-Matamoros, en la que “siempre se reunían personas fuertemente armadas y que constantemente entraban y salían diversos vehículos a alta velocidad y que han hecho manifestaciones de pertenecer al Cártel del Golfo”, donde algunos sospechosos huyeron, pero los uniformados lograron detenciones de personas armadas que se encontraban escondidas detrás de vehículos.
Sin embargo, las víctimas denunciaron que, cuando las detuvieron, fueron “golpeadas en diversas partes del cuerpo y torturadas por los marinos”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.
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