La iniciativa es respaldada tanto por el bloque encabezado por Morena —Morena, PT y PVEM— como por el de la alianza opositora Va por México —PAN, PRI y PRD—, que en conjunto suman 473 de las 500 curules de San Lázaro. Únicamente la bancada de MC se quedó fuera del acuerdo.
El documento se da a conocer luego de una serie de diferencias entre la Cámara de Diputados y la Sala Superior del TEPJF. Las más recientes se derivaron de que los magistrados ordenaron a los legisladores hacer modificaciones a la convocatoria para personas interesadas en ocupar una de las cuatro consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE), cuando el proceso de selección ya había comenzado.
La Comisión de Puntos Constitucionales de San Lázaro tiene previsto sesionar esta semana para discutir y votar el dictamen, que cuenta con el respaldo suficiente para ser aprobado y enviado al pleno.
¿Qué plantea la reforma?
La reforma que impulsan Morena y la mayor parte de la oposición plantea reformar cuatro artículos de la Constitución: 41, 73, 99 y 105. Su objetivo es poner límites al TEPJF, bajo el argumento de que se ha extralimitado en sus decisiones.
El dictamen que será votado en comisiones señala: “(Los diputados) estiman que las autoridades electorales y en específico el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y eventualmente el Instituto Nacional Electoral han excedido la competencia que la Constitución y las leyes les atribuyen, violentando el principio de división de poderes, lesionando los elementos fundamentales del Estado de derecho y dictando resoluciones que si bien en una primera aproximación desarrollan los derechos político-electorales de las personas, en el fondo subyace una extralimitación de facultades”.
Para las bancadas promotoras, el TEPJF se ha sobrepasado, por ejemplo, al intervenir en decisiones de órganos de gobierno de las cámaras del Congreso —la Mesa Directiva o la Junta de Coordinación Política—, al resolver asuntos sobre la vida interna de los partidos o al establecer criterios de paridad o para la inclusión de grupos en condición de vulnerabilidad.
Frente a esto, los diputados plantean cambios en varios rubros.
En materia de acciones afirmativas, buscan establecer en la Constitución que el Congreso tenga la facultad de fijar las reglas para la paridad de género y para impulsar el ejercicio de los derechos político-electorales entre grupos vulnerables, así como que el TEPJF y el INE solamente puedan resolver asuntos relacionados con este tema aplicando las normas “al límite del tenor literal de la ley”.
Otros cambios son plasmar que en sus resoluciones el TEPJF deba apegarse a lo que literalmente digan las normas —sin hacer interpretaciones— y que la institución quede excluida de poder intervenir en decisiones de las cámaras o de sus órganos de gobierno. En caso de que hubiera controversias en los regímenes internos del Congreso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sería la única facultada para dirimir.
¿Qué riesgos hay?
Especialistas en Derecho Electoral y algunos legisladores consideran que el principal riesgo de esta iniciativa es que frenaría la posibilidad de impulsar más la paridad de género y las acciones afirmativas en favor de los derechos político-electorales de grupos vulnerables.
Lo anterior, debido a que el TEPJF no podría resolver recursos atendiendo a interpretaciones y otros instrumentos legales —como tratados internacionales de derechos humanos—, sino que solamente podría hacerlo apegándose a lo que literalmente digan las leyes mexicanas.
El abogado constitucionalista Javier Martín Reyes señaló este martes en su cuenta de Twitter que la reforma es “profundamente regresiva” porque limitaría las posibilidades de que el TEPJF defienda los derechos de las personas.
En @Mx_Diputados se discute una reforma al @TEPJF_informa profundamente regresiva.
— Javier Martín Reyes (@jmartinreyes) March 28, 2023
Limita las #AccionesAfirmativas para grupos vulnerables y para garantizar la #paridad.
Impide, además, que el TEPJF proteja efectivamente nuestros derechos.
Sería gravísimo si se aprueba. pic.twitter.com/6qP9vbkQx8
La senadora Patricia Mercado, de MC —el único partido que no suscribió la iniciativa en cuestión—, se pronunció en términos similares. Para la legisladora, lo que quieren los partidos promotores es volver a tener “manga ancha” para poder ignorar el principio de paridad de género y la inclusión de personas con discapacidad, indígenas, afromexicanas o de la diversidad sexual.
🚨Los partidos políticos que van por quitar facultades al @TEPJF_informa son aquellos que quieren volver a tener manga ancha para ignorar los principios de #paridad de género y de inclusión de personas con discapacidad #PcD, #indígenas #migrantes y #LGBT+https://t.co/r7Gaenpj7u
— Patricia Mercado (@Pat_MercadoC) March 27, 2023
¿Qué sigue con la reforma?
Para ser aprobada en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, la reforma solamente necesita mayoría simple: la mitad más uno de los legisladores presentes.
Si queda aprobada y pasa al pleno, necesitará mayoría calificada para ser avalada: dos terceras partes de los votos. Debido a que es respaldada por seis bancadas, es previsible que pase sin obstáculos.
Después, en caso de que salga de San Lázaro, el documento debería ir al Senado para su análisis, discusión y votación, y si también es aprobado, iría a los congresos de los estados. Ahí, la reforma requeriría el visto bueno de más de la mitad para poder ser promulgada y entrar en vigor.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MAURICIO TORRES.
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