“Cuando la Sedena o una entidad dice que no es espionaje, sino que es inteligencia, pienso que es un cuento para niños, realmente es un cuento infantil. Esta es una manera para que ellos escondan la verdad y la verdad es que usaron el spyware y nadie los está controlando, y el problema con Pegasus es quién está controlando a quien lo usa y quién está protegiendo a los ciudadanos’’, dijo Richard.
“La gente tiene que entender que esto es un arma militar usada contra los civiles, está categorizado como un arma y tiene licencia como arma”, agregó.
Esa poderosa herramienta es utilizada en México por el Centro Militar de Inteligencia (CMI), que depende directamente del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el general Luis Cresencio Sandoval (Proceso 2419). Y pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que se transparentaría la contratación del software espía durante su administración, la Sedena no ha hecho público ningún contrato.
“Para que Israel pueda exportar esto a otro país la luz verde la tiene que dar el Ministerio de Defensa porque es un arma militar”, dice Richard, quien se encuentra en Ginebra con motivo del Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos (FIFDH por siglas en francés), en el cual se proyectó el documental Pegasus: un espía dentro de tu bolsillo, dirigida por Anne Poiret y producido por Forbidden Stories.
El documental estrenado en el FIFDH muestra los casos de espionaje cometidos en 2017 contra jefes de Estado, como Emmanuel Macron, de Francia, y Pedro Sánchez, de España, así como diplomáticos, defensores y periodistas, cuya investigación salió a la luz el 18 de julio de 2021.
El filme recuerda la investigación llevada a cabo por 80 periodistas liderados por Richard, quienes documentaron casos de espionaje en Arabia Saudita, Marruecos, Hungría, India, Azerbaiyán, México y Ruanda.
La lista de teléfonos intervenidos contiene más de 50 mil números de móviles de todo el mundo. México figura en primer lugar, con más de 15 mil contactos que incluyen a familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, al director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera, y más de 25 periodistas entre los cuales se encuentran Carmen Aristegui y Cecilio Pineda Brito, asesinado en 2017.
Mayor regulación
Cuando esta arma se usa contra civiles primero causa un gran trauma porque las personas que son espiadas tienen información de fuentes o contactos poniéndolos a ellos también en peligro, además pueden ver todos los aspectos de tu vida: fotos, videos, conversaciones con tus hijos, tu vida íntima, y eso algún día lo podrán usar contra ti, así que hay un trauma inicial que se debe considerar, explicó el investigador.
“También estamos hablando de compañías privadas que están vendiendo este dispositivo a diversos actores estatales sin ningún tipo de regulación. Cuando se vende un arma militar a un país, como Arabia Saudita o Azerbaiyán o naciones que tienen muy mal historial en derechos humanos, se puede uno imaginar cómo lo van a usar, es como venderle una pistola a un asesino serial”, observó.
Comentó que cuando se trata del nivel de corrupción que hay en México, existe un gran riesgo de que al final el spyware sea usado contra miles de personas, como periodistas y críticos del gobierno, o caiga en las manos de criminales.
Recordó que “desde que revelamos el espionaje con Pegasus el 18 de julio de 2021 en varias partes del mundo, México estuvo entre los primeros clientes de NSO Group y AMLO prometió hacer públicos los contratos que se firmaron con NSO, “hasta el momento no se ha hecho nada por proteger a los ciudadanos; no hay ningún tipo de regulación, primero, para saber si el gobierno sigue usando el NSO; y si se sigue usando, quién va a evitar que se utilice”.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) debe considerar el caso Pegasus como un asunto global, pide Richard, no como un asunto de un Estado porque es un mercado global, como las comunicaciones.
En la ONU deben tener al menos una conversación sobre el tema, pero hasta ahora no hay nada al respecto, hay comisiones sobre tortura, ejecuciones extrajudiciales, expertos independientes sobre diferentes asuntos, pero no hay ninguna comisión sobre víctimas de vigilancia digital y la falta de regulación de esto.
Consideró que en la ONU debería haber sesiones en las que se escuchen los testimonios de las víctimas de espionaje; además la industria responsable de la venta debería tener principios básicos de derechos humanos, esas compañías privadas como NSO tienen en sus páginas de internet las políticas de ética que los rigen, “pero es algo en lo que no podemos confiar, por eso debe haber una organización internacional que lo pueda controlar y asegurarse de que les quiten la licencia si sus clientes no respetan esos principios”.
Texto publicado en el número 2420 de la edición impresa de Proceso
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA SOTOMAYOR.
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