Los partidos políticos y sus abanderados están sujetos a la normatividad electoral de años pasados debido a los tiempos en que se aprobó el Plan B; el precedente de las elecciones hace seis años (en 2017) es que sus comicios terminaron en tribunales, con movilización social y validaciones de último minuto previo al cambio de poderes ese año.
Ya en 2021 los aparatos jurídicos del PRI, PAN y PRD pusieron en aprietos a Morena y sus aliados, al grado de tirarle dos candidatos competitivos a los ayuntamientos de Torreón y Ciudad Acuña, así como la candidatura a reelección de Evaristo Pérez Lenin Rivera, quien desde 2018 ocupaba una curul federal.
Además, la judicialización consiguió problematizar la subsistencia y la recepción de recursos para el partido Unidad Democrática de Coahuila, dirigido por el propio Pérez Rivera, que en esa ocasión era aliado de Morena.
En el caso de Coahuila, donde la legislación electoral aprobada el año pasado fue echada abajo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuando el proceso electoral ya había iniciado (Proceso 2418), se mantiene en la incertidumbre los topes de gastos de campaña motivando con ello una observación inusitada sobre la propaganda en las precampañas realizadas entre el 14 de enero y el 12 de febrero pasados.
Con todo y los topes de gasto definidos con claridad en el Estado de México, las quejas y denuncias crecen, tanto en relación a los gastos como en las actividades que dentro o fuera de la precampaña realizaron las principales fuerzas políticas en ambas entidades.
Por un lado, Morena y sus aliados PT y PVEM dirigen sus señalamientos al dispendio y el activismo de Alejandra del Moral, la candidata de la coalición Va por el Estado de México, integrada por PRI, PAN y PRD, que a su vez no pierde oportunidad para denunciar presuntos actos de despendio y recursos prohibidos en el proselitismo pretendidamente interno de la morenista Delfina Gómez.
Estado de México, la elección judicial
Gobernado históricamente por el PRI, el Estado de México no ha tenido alternancia y durante su existencia ha mantenido una maquinaria electoral que suele desenvolverse al filo de la legalidad.
Ya en 2017 Morena identificó irregularidades en numerosas casillas del Valle de México donde, a toro pasado y sin posibilidades de revertir el resultado, un equipo liderado por Horacio Duarte Olivares, actual coordinador de campaña de Delfina Gómez, constató que la votación en casillas donde no tenían representante se elevó de manera improbable, en tanto que en la zona oriente de la Ciudad de México hubo compra de representantes que cedieron a la alteración de actas.
Con apenas dos años de participación electoral como Morena, fue imposible revertir resultados, de acuerdo con Horacio Duarte, quien, al año siguiente para la elección presidencial, consiguió la cobertura total de casillas e implementó un mecanismo de vigilancia. Dicho mecanismo fue operado en 2018, según pudo acreditar Proceso, con la estructura electoral magisterial que
aportaron las Redes Sociales Progresistas, organización vinculada a Elba Esther Gordillo.
Fragmento del reportaje publicado en la edición 2419 de la revista Proceso
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.
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