Fuentes castrenses, citadas por el diario El Universal, informaron que los dos cabos y dos soldados, acusados de desobediencia por la Fiscalía de Justicia Militar, arribaron vía aérea a las instalaciones del Campo Militar 1-A ‘Gral Div. Á. Obregón’, procedentes de Tamaulipas.
El mismo rotativo indicó que más elementos que participaron en los hechos registrados el domingo de febrero de 2023, en la colonia Manuel Cavazos Lerma, de la ciudad de Nuevo Laredo, fronteriza con Texas, Estados Unidos, están siendo investigados, por lo que no se descartan más detenciones.
Según las fuentes citadas por El Universal, los cuerpos de los jóvenes asesinados dieron positivo a la prueba de radizonato de sodio, lo que arrojó que tuvieron contacto con armas de fuego y “estaban presuntamente ligados a células del Cártel del Noreste, una escisión de Los Zetas, controlado por la familia Treviño Morales”.
El mismo diario señaló que entre los jóvenes asesinados está Wilberto Mata Estrada, alias “Comandante Willy” o “El Pollo”, quien contaba con antecedentes penales en San Antonio, Texas, y se desempeñaba como presunto sicario del Cártel del Noreste.
Por otra parte, El Universal citó a fuentes de la SEDENA, las cuales confirmaron que no había desertores. También detallaron que el capitán y los 16 elementos que no dispararon, se encontraban en Nuevo Laredo y continuaban trabajando.
“Comete el delito de desobediencia el que no ejecuta o respeta una orden del superior, la modifica de propia autoridad o se extralimita al ejecutarla. Lo anterior se entiende salvo el caso de la necesidad impuesta al inferior, para proceder como fuere conveniente, por circunstancias imprevistas que puedan constituir un peligro justificado, para la fuerza de que dependa o que tuviese a sus órdenes”, dice el artículo 301 del Código Penal Militar.
“La desobediencia en actos del servicio será castigada con un año de prisión, excepto en los casos siguientes: cuando ocasione un mal grave que se castigará con dos años de prisión; cuando fuere cometida en campaña, que se castigará con cinco años de prisión, y si resultare perjuicio a las operaciones militares, con diez años de prisión”, indica el mismo artículo.
Por su parte, el diario Reforma citó otras fuentes castrenses, que afirmaron que 13 militares más también estaban siendo investigados, luego que discutieron y accionaron sus armas contra civiles que reclamaron el asesinato de los cinco jóvenes. “También se investiga quién o quiénes agredieron a dos soldados”, abundó el mismo rotativo.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.
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