Una exfuncionaria del gobierno de Mérida y una empresa impulsan un complejo habitacional construido con irregularidades y que pone en riesgo a uno de los ecosistemas más frágiles de la Península de Yucatán: el poblado de Sisal. Eugenia Correa Arce, quien fuera directora de la Unidad de Desarrollo Sustentable de Mérida, consiguió —a través de su consultora y mediante información falsa— la aprobación de una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que permitió echar a andar el proyecto Villas 33.
El complejo habitacional se construye en el tablaje catastral 4195 de Sisal, municipio de Hunucmá, frente a la playa y a cinco kilómetros del centro de la localidad.
La edificación se lleva a cabo a pesar de que viola el Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio Costero del Estado de Yucatán (Poetcy), pues se prevé que tenga siete niveles y 21 metros de altura, cuando en el poblado ninguna construcción tiene más de tres pisos y las normas establecen que cada construcción nueva debe respetar su “contexto”.
Los ruidos de las maquinarias durante la madrugada, la continua circulación de trabajadores y los desechos de materiales arrojados en la zona cercana a la ciénaga alertaron a los vecinos, quienes desde agosto de 2022 denunciaron los hechos ante las autoridades ambientales. Pero al día de hoy, las labores no han sido interrumpidas.
Al estar dentro de una Unidad de Gestión Ambiental (UGA), registrada como HUN06 BAR-AP1, el desarrollo debía cumplir numerosos requisitos para que fuera aprobada su MIA y la construcción pudiera comenzar. Uno de ellos era acatar la prohibición de deforestar un espacio de terreno mayor a 40%; otro, no tener más pisos que los indicados en su cálculo de capacidad de carga.
Sin embargo, la empresa a cargo del proyecto, Foster Corporation, en conjunto con la consultora de Eugenia Correa, Ambiente Sustentable, han deforestado casi 60% del terreno para construir un edificio de siete pisos de altura, cuatro más de lo permitido por las normas.
Pese a estas irregularidades, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aprobó el proyecto el 4 de abril de 2022, solo 10 días después de haber iniciado el proceso de evaluación y sin ninguna observación, cuando estos procesos suelen tomar al menos un año, de acuerdo con los especialistas consultados. La obra fue aprobada por Hernán José Cárdenas López, suplente por la ausencia de un delegado de la Semarnat en Yucatán.
La solicitud ante la Semarnat fue ingresada el 9 de diciembre de 2021 por Paola Salcedo Gual, representando a Foster Corporation. El estudio de impacto ambiental del proyecto Villas 33 fue realizado por la consultora Ambiente Sustentable.
El documento contempla la construcción de un complejo de 12 villas o departamentos, en seis niveles, con una superficie total destinada de 2 mil 124.889 metros cuadrados. Se estima que la afectación del terreno será de mil 189.94 metros cuadrados, es decir, 56% del total.
Dos especialistas consultados por Información y Poder analizaron el proyecto con base en lo que marca el Poetcy. El primer especialista estimó que, para estar dentro de los márgenes permitidos, la construcción solo podría ocupar 35.9% del terreno y tener un máximo de tres pisos. El segundo dijo que solo podría ocupar 30.1%.
“Con esto, lo que podemos decir es que se están pasando de lo permitido por demasiado; en todos los estudios que hemos realizado en Sisal, no hemos visto que se pase de un aprovechamiento ni siquiera del 50% del total del terreno, por lo que sí es muy raro que lo haya aprobado Semarnat y la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán”, dijo uno de los especialistas, quien pidió reservar su identidad por temor a represalias.
La consultora Ambiente Sustentable también realizó otro proyecto llamado Casa Sisal a solo 10 metros de distancia, en el tablaje catastral 77327, donde el porcentaje de utilización del terreno fue de 40%.
Esta compañía es propiedad de Eugenia Correa Arce, militante del PAN y quien fue funcionaria del ayuntamiento de Mérida en la administración 2018-2021. Aunque tenía cargo público, Correa seguía con sus actividades privadas para la obtención de la MIA para obras, por ejemplo, la Plaza Komchén, un centro comercial construido por la empresa Atipia Desarrollos, de la cual es socia junto con su hermano Emilio Correa Arce.
Para obtener la MIA de Villa 33, Eugenia Correa Arce informó que la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán le dio su “opinión favorable”, a pesar de que el proyecto no cumple con los requisitos de ley.
En tanto, Foster Corporation, dueña del terreno, mintió a la Semarnat en su solicitud. El diseño arquitectónico de la obra, desarrollado por el despacho Construdar+Toussaint, señala que el proyecto constaría de siete pisos con 14 departamentos, no los 12 mencionados en la MIA.
Foster Corporation es una empresa estadounidense de servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas, cuyo representante legal es Jorge Vega Fitzgerald, que en 2007 compró el terreno por solo 149 mil pesos a la empresa Trans Caribbean Trust, de Theodore Conrad Wriley.
Ambas son empresas con inversión y capital extranjero. Tienen como dueños a ciudadanos estadounidenses y fueron operadas por Vega Fitzgerald y Raúl Ballote Pantoja, abogado dueño de la firma Ballote & Associates Law Offices. Estos abogados han creado una red de empresas —Foster, Trans Caribbean, Premiere Properties, MT Caribe, Yucaland o Sandbox— que han adquirido decenas de kilómetros de playa en Sisal.
La denuncia contra el proyecto
El 29 de agosto de 2022, la Profepa recibió una denuncia contra la obra por parte de Karen Fisher y Raúl Ontiveros, vecinos de la zona. Entonces denunciaron que era evidente el daño ambiental y que se trabajaba en la construcción las 24 horas del día. Los denunciantes recibieron respuesta el 19 de octubre por parte de Víctor Hugo García Sánchez, jefe del Departamento de Denuncias Ambientales de la Profepa, pero afirman que hasta el momento solo hubo un par de visitas por parte de funcionarios y la construcción no fue clausurada ni apercibida.
“Desde que empezaron las obras observamos que todo estaba mal. De entrada, empezaron a edificar pegados a nuestra propiedad. No guardaron el 1.5 metros de distancia establecido por la ley. Nunca han respetado lo establecido en las leyes, que marcan que no se deben construir arriba de tres niveles; ellos superan por mucho esa medida. Removieron la arena, ahí había nidos de tortugas y de aves migratorias”, afirmó Karen Fisher.
Raúl Ontiveros comentó: “Nosotros denunciamos ante la Semarnat y es muy sospechoso que a obras más pequeñas sí las hayan venido a inspeccionar, que les hayan clausurado y sancionado, y ellos, que desde lejos se observa que no están haciendo bien las cosas, parece que nadie les puede hacer nada. Parecen intocables”.
El director de Ecología del ayuntamiento de Hunucmá, Luis Jiménez Yan, afirmó que no conoce los detalles de esta obra porque la alcaldesa Edna Marisa Franco Ceballos, quien llegó en 2021 con Morena, y el director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del municipio, Luis Enrique Mex Canché, lo “saltaron” y a su departamento no le dieron la oportunidad de conocer la MIA.
También dijo que, según el Poetcy de 2014, el máximo de altura que debe tener una construcción son 10 metros, pero este estaría completamente rebasado por la obra Villas 33, que tiene un total de 21 metros de altura.
Cuando Información y Poder trató de contactar a Paola Salcedo Gual, representante de Foster Corporation, recibió respuesta de Santiago Fernández, quien se presentó como abogado de Salcedo Gual y amenazó con demandar si el nombre de su representada o el suyo se publicaba en alguna investigación periodística.
El 1 de diciembre de 2020, Sisal fue elegido como pueblo mágico por su naturaleza e importancia histórica. Según datos publicados en el fotolibro Sisal, costa yucateca, elaborado por la UNAM, dentro de las reservas circundantes a la comisaría se han reportado alrededor de 333 especies de aves: 177 residentes, 142 migratorias y 14 residentes-migratorias.
Investigadores de la UNAM advirtieron que una mala planeación en el crecimiento urbano-turístico de Sisal lo podría llevar a un punto de quiebre, al grado de convertirse en el “Holbox Yucateco”. Por lo tanto, los desarrollos urbanos y hoteleros deben estar muy bien planeados y tomar en cuenta las características del suelo y del agua, puesto que es un entorno natural particularmente vulnerable.
La especialista del tema costero e investigadora de la UNAM Laura Elena Vidal Hernández advirtió que la zona, además de estar en la ruta de diferentes aves, tiene corredores hidrológicos, por lo que edificar fuera de la norma trae un costo muy elevado para todo el medio ambiente de esa zona de la costa yucateca.
“Si piensan en replicar esquemas de desarrollo masivos urbanísticos, empezaríamos a fragmentar y bloquear todos esos flujos naturales. Ya no podría ser una zona de migración de aves que vienen de Canadá y Estados Unidos, las aves son muy sensibles a las barreras físicas. Son muy sensibles a la calidad del agua. Si empezamos a usar masivamente el agua, por la construcción de grandes edificios y con ello la llegada de más personas, y empieza a drenarse el agua sucia a la ciénega o zona marina simplemente, vamos a dejar de tener aves. Entonces, eventualmente vamos a mermar el mismo atractivo natural que atrae a las personas. Vamos a arruinar este paraíso”, dijo.
La población teme que los desarrollos inmobiliarios irregulares se apropien de Sisal, privaticen sus playas, cambien el entorno natural, ahuyenten a los flamingos y contaminen sus manglares.
El pasado 6 de julio, pobladores del puerto de Sisal bloquearon la entrada a la comunidad para exigir a la Secretaría de Turismo (Sectur) que se le revoque la declaratoria de pueblo mágico, pues aseguran que esto solamente beneficia al sector privado. Los lugareños, que en su mayoría viven de la pesca, temen que se privaticen las playas, que también son un importante sitio de anidación de tortugas marinas.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/INFORMACIÓN Y PODER.
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