Seis de esas ocho carpetas de investigación fueron iniciadas antes de que fuese seleccionado por la legislatura LXI del Congreso del Estado en mayo del 2017 como titular de ese órgano autónomo encargado de auditar y fiscalizar los presupuestos públicos del estado de Sonora, ¿por qué no se tomaron en cuenta estos antecedentes? seis de las ocho averiguaciones previas seguían en proceso por lo menos hasta el 2020.
Los delitos investigados son por fraude genérico (2) exp. CI025166111 y CI166031312, ejercicio abusivo de funciones, exp. CI010115414, ejercicio indebido del servicio púbico, exp. CI/HER/021/05/00152/2-2018, abuso de confianza, uso indebido de atribuciones y facultades, incumplimiento del deber legal, peculado, exp. CI/HER/501/501/00006/2-2019 y robo de vehículo, exp. AP017148707.
Seis de esas ocho carpetas de investigación fueron iniciadas antes de que fuese seleccionado por la legislatura LXI del Congreso del Estado en mayo del 2017 como titular de ese órgano autónomo encargado de auditar y fiscalizar los presupuestos públicos del estado de Sonora, seis de las ocho averiguaciones previas seguían en proceso por lo menos hasta el 2020.
Una de las dos querellas por fraude genérico en contra de Moya Grijalva que obran en su expediente y otra por robo de vehículo, se confirmó el no ejercicio de acción penal por la prescripción del delito, después de haber estado en trámite por 9 y 12 años respectivamente.
En el caso de robo de vehículo con averiguación previa número AP017148707 que se abrió el 24 de septiembre del 2007 se declaró prescrita porque la última actualización practicada de la oficina investigadora fue con fecha del 30 de enero del 2012, por lo que transcurrieron más de 7 años y 6 meses sin que a esa carpeta de investigación se le actualizara, es decir, no le dieron seguimiento a la investigación, la congelaron y conforme al artículo 100 del Código Penal en el Estado de Sonora, este tiempo de inactividad en dicha averiguación previa resulta suficiente para que opere la prescripción de la acción penal.
Las prescripciones de los delitos en ambos casos se dieron cuando Jesús Ramón Moya Grijalva fue Auditor de Sonora. El ahora exfuncionario ha sido señalado como el creador de todo el entramado de la “Estafa Legislativa” cuando se desempeñó como Director General de Administración en el Congreso del Estado de Sonora del 2004 al 2017.
Así lo muestran testimonios que este reportero recogió durante la investigación periodística sobre este desfalco millonario que representó el 50 por ciento del presupuesto anual del 2021 de este Congreso Estatal. En los 3 años de esa legislatura LXII (2018-2021) habrían sido desfalcados más de 800 mdp mediante la partida 44101 de Ayudas Sociales.
Moya Grijalva, durante su gestión como Auditor Mayor, no aplicó las observaciones correspondientes, como si lo hizo la encargada de despacho Karla Ornelas.
Al renunciar Jesús Ramón como titular del ISAF en enero del 2022, Ornelas asumió de forma interina la responsabilidad de dirigir y concluir la revisión de la cuenta pública 2021 del Congreso del Estado de Sonora y observó lo que Moya Grijalva jamás observó: que no se acreditaron las evidencias documentales de la recepción de las adquisiciones de bienes ni las evidencias documentales que acredite la entrega de los bienes a sus supuestos beneficiarios de la partida de Ayudas Sociales por un monto de 398 millones 625 mil 376 pesos.
INCONSISTENCIAS EN DECLARACIÓN PATRIMONIAL
En la declaración patrimonial de Jesús Ramón Moya Grijalva destaca el aumento en inversiones, mayores a su capacidad de ahorro, pues anualmente vino manifestando disposición de recursos fuera de los alcances de un servidor público de un Congreso del Estado.
Aquí se observa cómo el rubro de inversiones se disparó en un 1000 por ciento.
Es el mismo caso de su incremento patrimonial. En 10 años como funcionario local, desde 2004, para 2014 su haber patrimonial fue de más de 8 millones de pesos, en 2015 se sumaron 6 millones de pesos más y en 2016 4.5 millones de pesos más.
Desde el año de 1998 Jesús Ramón Moya Grijalva ha enfrentado este tipo de acusaciones, cuando fue notificado por la Secretaría General de la Contraloría del Estado de Sonora, respecto a una investigación derivada de las auditorías realizadas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), en las mismas se señalaban el desvío de recursos y otras diversas irregularidades que derivaron en acusaciones de tipo penal y administrativo.
También quedó inhabilitado de la función pública.
El expediente bajo el cual se llevó a cabo esta investigación es el número 510/98 de la Dirección General de Normatividad y Situación Patrimonial de la Secretaría antes mencionada.
A pesar de las evidencias que arrojaron esas auditorías, el Ministerio Público resolvió también con el no ejercicio de la acción penal, y cerró el expediente en enero del 2001.
Respecto del procedimiento administrativo, este se resolvió en el otrora Tribunal de lo Contencioso Administrativo (hoy Tribunal de Justicia Administrativa), el 30 de agosto del 2001, mediante resolución definitiva respecto al expediente 15/2001/III y así se le restituyeron el goce de los derechos de los que había sido privado, quedando sin efecto una inhabilitación de la función pública.
SI bien es cierto que el que se le inicie a cualquier ciudadano una averiguación previa, no significa que ese ciudadano sea culpable, lo único que indica es que se investigará un posible acto de ilegalidad y según la contundencia de las evidencias se fincarán responsabilidades o en su defecto ante la debilidad de las pruebas o la inexistencia de las mismas, habrá un deslinde de responsabilidades.
También es cierto que cuando alguna persona cuenta con 8 averiguaciones previas por delitos similares, esto marca un patrón de conducta y más aún cuando existen anomalías o abandono en las investigaciones que permiten el no ejercicio al acción penal o una resolución totalmente favorable al acusado.
Con todos estos precedentes de Jesús Ramón Moya Grijalva y habiendo desempeñado el cargo de Director General de Administración en el Congreso del Estado de Sonora, existen dudas de por qué y para qué el Congreso del Estado lo escogió como el mayor responsable de vigilar que los presupuestas públicos se ejecutaran correctamente.
AUTOR: AARÓN TAPIA.
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