Entre los funcionarios espiados también estuvo Salvador Leyva, extitular de la Secretaría Técnica del Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos, área creada en 2019 como parte de las reformas al instituto, dependiente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
El espionaje contra cuatro funcionarios de la Defensoría ocurrió entre mayo y noviembre de 2021, de acuerdo con el dictamen técnico del análisis a sus equipos telefónicos oficiales realizado por Citizen Lab, de la Universidad de Toronto.
Así lo informó Netzaí Sandoval en una promoción interpuesta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 30 de enero de 2023, en la que ofreció “pruebas y alegatos de espionaje a la defensa en el amparo directo 26/2022, promovido por Juana Hilda González Lomelí, representada por Salvador Leyva Morelos Zaragoza, secretario técnico de Combate a la Tortura”, de acuerdo con el documento obtenido por Animal Político.
El espionaje contra defensores federales —agrega el escrito— “no solo atenta contra la vida, la integridad e intimidad” de los abogados, sino que “afecta directa y negativamente el derecho a la defensa adecuada de las personas representadas e impacta de manera directa en el debido proceso, impidiendo que se garantice el derecho de acceso a la justicia en condiciones de igualdad, viciando los procesos”.
Estos casos de espionaje se suman a los documentados en la investigación Ejército Espía, que confirmó la infección con Pegasus a los teléfonos del defensor de derechos humanos en Tamaulipas Raymundo Ramos, del periodista y escritor Ricardo Raphael y de un periodista de Animal Político, ocurrida entre 2019 y 2021, cuando los tres se encontraban investigando temas sobre violaciones a derechos humanos presuntamente cometidas por miembros del Ejército.
Animal Político solicitó entrevista a los dos funcionarios de mayor rango víctimas de espionaje, Netzaí Sandoval y Salvador Leyva, pero solo este último aceptó. Sandoval prefirió no hacer comentarios sobre este reportaje, en el contexto del proceso de designación de consejeros del INE, en el que es uno de los 20 finalistas.
Sandoval es un jurista que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador por primera vez en su carrera dirigió una institución pública. Como activista, encabezó la petición a la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) para que iniciara una investigación sobre la presunta responsabilidad del expresidente Felipe Calderón y otros funcionarios de su gobierno por crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad durante la llamada “guerra contra el narco”.
Es hijo de Pablo Sandoval Ramírez, líder del movimiento estudiantil de los 60, dirigente del movimiento de izquierda y primer guerrerense en ser presidente de la Cámara de Diputados con el PRD, y a quien el presidente López Obrador se ha referido como un destacado luchador social.
Su hermana, Irma Eréndira Sandoval, fue titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) entre 2018 y 2021, y su hermano, Pablo Amílcar Sandoval, fue candidato a la gubernatura de Guerrero por Morena en los comicios de 2015 y precandidato en 2021, y actualmente es diputado federal morenista.
En los últimos días, durante el proceso para las designaciones en el INE, Sandoval ha defendido su trayectoria pública destacando su labor como defensor y litigante, incluso en contra del gobierno del que su hermana formó parte.
Al defenderse de cuestionamientos sobre su pertenencia al entorno del lopezobradorismo, publicó un hilo en Twitter que enlista su labor dentro del IFDP. “Litigué contra el gobierno en defensa de migrantes y refugiados sin importar que mi hermana fuese parte de ese gobierno. Denuncié miles de casos de tortura, sin que lazos familiares me frenaran”, respondió a un tuit del priista Roberto Madrazo, en el que criticaba su lazo familiar con la exfuncionaria.
En otro tuit, compartió el último informe de la Defensoría en los cuatro años que fue director. “Nuestro trabajo valió premios como el García Robles 2022 que recibí de manos del rector de la UNAM, o el ‘Sentencias 2021’ al mejor equipo litigante en defensa de migrantes”.
Entre los temas centrales de la Defensoría estuvo, por ejemplo, el combate a la prisión preventiva, al considerarla como una medida “punitiva” que derivó en un aumento de 31% en el número de personas encarceladas sin sentencia entre 2019 y 2021.
“Esto es resultado de una política punitiva que apuesta por mantener y aumentar en nuestra legislación los delitos y sus penas. Un ejemplo de ello son las constantes modificaciones al artículo 19 constitucional en el que se establece un catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa de forma automática, sin debate o cuestionamiento alguno”, dice el informe anual 2021-2022 del IFDP.
Dichas reformas fueron impulsadas por el presidente López Obrador para buscar catalogar como “delitos graves” violaciones a la ley por “corrupción” o “robo de hidrocarburos”, temas prioritarios en su agenda política.
La Defensoría contra la Sedena
A partir de la creación de la Secretaría Técnica del Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos, comenzaron a destrabarse los casos de denuncia de tortura presuntamente cometida por miembros de las Fuerzas Armadas. Por eso, entre junio de 2019 y enero de 2023 se acumularon 500 denuncias que incluyeron a 750 elementos de la milicia, explica Salvador Leyva en entrevista.
Se trataba de denuncias también dirigidas contra el fiscal general, Alejandro Gertz; la fiscal especial en materia de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías; el fiscal especial en Investigación del Delito de Tortura, Juan Carlos Chávez, y ministerios públicos, por no investigar casos de tortura que involucraban a elementos de las Fuerzas Armadas y que tenían más de 10 años en el escritorio.
En el caso de Leyva, el espionaje ocurrió en dos equipos telefónicos. En uno de ellos no pudo confirmarse la fecha, mientras que el otro fue infectado alrededor del 7 de mayo de 2021, de acuerdo con el análisis forense de Citizen Lab.
En ese periodo, agrega Leyva, hubo presentación o admisión de demandas contra las Fuerzas Armadas y órdenes de aprehensión emitidas contra elementos de la Marina en un caso en el que involucró a más de una docena de víctimas y un número similar de uniformados.
Leyva explica que el Ejército se entera de las denuncias hasta que el Ministerio Público comienza a emplazar a los denunciados, “porque aunque el juicio es contra la FGR y distintos mandos, la tercera interesada es a quien deberían investigar, que en este caso eran elementos del Ejército”.
Sin embargo, los procesos eran tortuosos para los mismos juzgados, pues “emplazarlos era una locura”. Podrían tardar hasta un año para notificar a los acusados. “Cuando los buscaban decían que no estaban, notificaban a sus superiores y decían que estaban en otro estado y luego que en otro. Era muy difícil llevarlos a juicio. Se trata de una práctica común tanto en Marina como Sedena, en juicios que se relacionan con violaciones a derechos humanos”, detalla Leyva.
Incluso, después de todas las denuncias interpuestas, “solo hay una persona presa por el delito de tortura y se trata de un elemento que había desertado del Ejército por baja deshonrosa”, y en el resto de casos no se han cumplimentado las órdenes de aprehensión. Esto, dice Leyva, podría apuntar a “cierto contubernio de la FGR con las Fuerzas Armadas para no cumplimentarlas, porque si un funcionario está activo es facilísimo localizarlo”.
La investigación Ejército Espía documentó que la Sedena es la institución que compró un “sistema de monitoreo remoto” a Comercializadora Antsua, la única compañía autorizada para vender Pegasus en México, por 140 millones de pesos.
Además, la Sedena realizó el espionaje a través del Centro Militar de Inteligencia (CMI), un área secreta que reporta al secretario, Luis Cresencio Sandoval, y utilizó la información para incidir en una investigación que se llevaba a cabo en contra de soldados que presuntamente ejecutaron a civiles en un hecho ocurrido el 3 de julio de 2020.
Así lo confirma la tarjeta informativa dirigida al secretario Sandoval, en la que da cuenta de las conversaciones personales del defensor Raymundo Ramos y cuya recomendación es que “este producto de inteligencia se proporcione con carácter de confidencial a la Policía Ministerial Militar para que sirva como elemento de juicio para su investigación, sin agregarse a la carpeta de investigación”, según se lee en reporte elaborado por el entonces jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, Homero Mendoza Ruiz.
Por lo anterior, existiría la hipótesis de que el espionaje a los exfuncionarios del IFDP también tuvo la intención de influir en los juicios contra miembros de las Fuerzas Armadas.
Ejército Espía y Miranda de Wallace
Sin embargo, la primera hipótesis sobre el origen del espionaje, y que incluso originó la promoción ante la Corte, apuntó hacia Isabel Miranda de Wallace, pues “todos los afectados en el espionaje habían estado directamente relacionados con la defensa de los derechos de la quejosa Juana Hilda González Lomelí, así como el resto de las personas implicadas en el caso Wallace. Ello hace presumir que el objetivo de esta infección fue obtener datos relacionados con su defensa y favorecer a la víctima indirecta, quien obtuvo una ventaja indebida en este y otros procesos jurisdiccionales”, dice el documento dirigido a la SCJN.
De hecho, la sospecha de ser víctimas de espionaje comenzó con la publicación en Twitter de una llamada telefónica entre el periodista Ricardo Raphael y Salvador Leyva en 2019, en la que hablaron del caso Wallace y del caso Cassez-Vallarta. La información fue presentada por Isabel Miranda de Wallace —madre de Hugo Alberto Wallace, secuestrado y asesinado en 2005— en uno de los cuatro procedimientos administrativos que interpuso contra Salvador Leyva, defensor de Juana Hilda González, implicada en el caso de secuestro.
Entrevistada al respecto, Miranda de Wallace asegura que recibió dicha grabación por correo electrónico, igual que otra treintena de organizaciones sociales, y que ella la utilizó para demostrar un presunto tráfico de influencias de Ricardo Raphael. “Ahí se demuestra cómo maquina (una acción) en la que él va a ver al fiscal Gertz Manero y dice que ya pactó para que los apoye a ellos en el caso de mi hijo. También hablan del ministro (Arturo) Zaldívar. Todo eso está aportado a la carpeta de investigación”.
Con ese antecedente, todos los titulares del IFDP sometieron sus teléfonos al análisis para detectar rastros del software Pegasus y “los únicos infectados fueron personas de mi equipo, el titular y yo”, afirma Leyva.
La infección con el sistema de espionaje comenzó con dos funcionarios de rango medio alrededor del 5 de enero de 2021; luego fue contra Leyva, alrededor del 7 de mayo, y por último contra el titular, Netzaí Sandoval, alrededor del 24 de noviembre del mismo año. “Algo estaban buscando y si vieron que por (los cargos de) abajo no había, avanzaron de rango o querían construir una historia completa”, concluye Leyva.
Además, 2021 fue un año de confinamiento ante la pandemia de COVID-19, en el cual los funcionarios públicos trabajaron en su mayoría de manera remota, por lo que espiar un celular significaba acceso a documentos, correos, conversaciones, etcétera.
Por lo tanto, advierte Leyva, las hipótesis apuntan a los mismos actores: “La Sedena ya espiaba (desde 2019) y le compartió información a Isabel Miranda de Wallace. O la Sedena ya lo hacía y lo volvió a hacer en 2021 por Isabel. Lo peligroso, en cualquier caso, es que un civil pueda obtener esa información de un espionaje. Y si ella lo puede obtener, qué quita que otros grupos de la delincuencia organizada también”.
Sobre el caso, la Defensoría también solicitó a la Corte atraer el caso de Juana Hilda González el 14 de febrero de 2022, argumentando la “obstaculización del derecho a la defensa adecuada a través de la criminalización de quienes desempeñan esas funciones”. Esto, porque las defensoras federales que tenían el caso de Juana Hilda fueron amedrentadas judicialmente.
Por eso es que el espionaje sería otra estrategia inhibitoria hacia la defensa de la acusada, y por eso es que el extitular de la Defensoría dio aviso a la Corte del espionaje.
Sobre este punto, Miranda de Wallace dice: “No he presentado denuncias para que se inhiba a nadie. He presentado denuncias porque a lo largo del proceso de Juana Hilda y de todos los implicados han alterado pruebas. Salvador Leyva está denunciado porque obtuvo pruebas de manera ilícita. Nosotros hemos probado ante la fiscalía cómo han mentido en amparos, pero, ¿por qué el ministro Zaldívar cerró inmediatamente la investigación? Porque hay tráfico de influencias”.
Al preguntarle si ha recibido o solicitado información a algún ente de gobierno, incluyendo las Fuerzas Armadas, obtenida a partir de espionaje, Miranda de Wallace asegura: “Has visto cómo me ataca el presidente de la República. Todo el mundo en el gobierno, incluido Netzaí y Salvador. ¿Tú crees que alguien me iba a proporcionar algo en caso de que lo tuviera? ¿Que alguien me iba a ayudar en algo? No mantengo diálogo con el actual gobierno porque a las víctimas nos ven como apestadas?”.
Además, insiste en que el secuestro de su hijo sucedió “cuando el actual presidente era jefe de gobierno del Distrito Federal, cuando Alejandro Encinas era secretario de Gobierno y Marcelo Ebrard estaba en la policía, y casualmente los tres que hoy atacan el caso son los tres que consignaron el caso de mi hijo cuando estaban en la Ciudad de México. Así de contradictorios estamos hoy”.
El espionaje contra Sandoval, asegura, podría tener un origen político. “No me parece que sea por el caso de Juana Hilda, me parece que es un tema político y tiene que ver con el mundo en que se mueve Netzaí Sandoval, con su hermana Irma Eréndira Sandoval, con John Ackerman (su cuñado), y su hermano que también es diputado. Va más por la parte política porque se han visto envueltos en casos de corrupción”.
En tanto, Leyva sostiene que la decisión estará en la Corte, que debería “reprobar cualquier tipo de espionaje o beneficio por estos medios para obtener una ventaja en el proceso. Es un punto más para analizar cómo es que la defensa de Juana Hilda no ha sido adecuada, y no necesariamente porque el servicio haya sido malo, sino que se ha vulnerado por factores externos: hay intimidación, nadie quiere hacer un trabajo frontal, con el antecedente de una defensora pública anterior, una acabó en la cárcel y a la otra la corrieron, claro que no vas a querer hacer una defensa completa o frontal. Esto es un acto inhibitorio”.
Respecto de estos procesos de denuncia contra defensores públicos, la ONU incluyó a México en su reporte sobre los defensores y periodistas de 42 países que sufrieron represalias por colaborar con el organismo en la defensa de derechos humanos. Para el caso mexicano, el organismo reportó que “titulares de mandatos de procedimientos especiales trataron las alegaciones de investigaciones penales y de intimidación por cooperar con el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Salvador Leyva Morelos Zaragoza”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.
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