El hecho ocurrió a las 7:00 de la tarde, frente a decenas de personas. Luis Alberto fue trasladado a un hospital, pero falleció a consecuencia de las heridas.
Esa misma mañana, había recibido llamadas telefónicas mediante las cuales quisieron extorsionarlo. Él se negó a seguir instrucciones.
El caso de Luis Alberto es uno de los que ocurrieron en Chilpancingo durante la última semana. Hubo varios hechos de violencia en contra del sector empresarial de Chilpancingo, incluyendo asesinatos y quemas de negocios vinculadas con extorsiones, de acuerdo con fuentes del gremio.
El expresidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Chilpancingo, el empresario Víctor Manuel Martínez Toledo, dijo en entrevista que la situación es complicada y que por esa razón él y otras personas buscan una audiencia directa con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, para pedirle que mejore la seguridad.
“Nosotros no pedimos nada más que seguridad ante los últimos hechos de violencia que se viven en contra de los comerciantes”, señaló.
Las extorsiones son un tema que los empresarios toman con cautela.
“No queremos precisar nada, es algo delicado, pero es grave lo que ocurre en Chilpancingo y que las autoridades no hagan nada”, insistió Martínez Toledo.
Durante la madrugada del lunes 20 de febrero, fue incendiada la marisquería El Marino, al norte de la ciudad, en la que fueron hallados dos cadáveres calcinados.
De manera extraoficial, se ha reportado que los cuerpos correspondían al velador del negocio y a su hijo.
Esa misma madrugada, un reporte al número de emergencia 911 alertó sobre otro incendio en la marisquería Nito, ubicada en la avenida Gobernadores, al oriente de Chilpancingo. Dicho incendio fue sofocado por elementos de Protección Civil y Bomberos.
Casi a la misma hora, 12 locales de venta de ropa y tecnología y una ferretería del Mercado Central Baltazar R. Leyva Mancilla estaban incendiándose. Los establecimientos, construidos de madera y lámina galvanizada, se perdieron en su totalidad.
A ocho días de los hechos, no hay una explicación oficial sobre el origen de los sucesos, pero en la zona la ciudadanía no tiene duda de vincularlos con delincuentes. La Fiscalía General del Estado (FGE) comenzó un peritaje del Mercado Central 18 horas después.
La noche del mismo lunes 20 de febrero, fue atacado y herido con 10 disparos de arma de fuego el propietario de la Funeraria San Cristóbal, en el fraccionamiento La Haciendita. Falleció cuando recibía atención médica durante la madrugada del martes.
El miércoles por la noche, hombres armados atacaron a balazos un taller de motocicletas ubicado en el libramiento a Tixtla, en la colonia Alianza Popular, casi esquina con la calle Mártires 30 de diciembre. El saldo fue de un muerto y dos heridos.
El hombre asesinado era el propietario del taller de motos, y los dos heridos, sus hijos.
Durante la semana del 19 al 26 de febrero, cinco personas fueron asesinadas, tres fueron heridas por arma de fuego y 14 locales fueron incendiados, 12 del mercado y las dos marisquerías, de acuerdo con un recuento de Amapola Periodismo.
El presidente local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Iván Salgado Ramírez, dijo a reporteros el 25 de febrero que cuatro de sus agremiados fueron extorsionados. Aseguró que los casos pudieron ser aislados porque la organización aplicó protocolos.
Sin embargo, empresarios que prefieren guardar su identidad advierten que las extorsiones siguen.
“A un negocio mediano le pueden pedir hasta 100 mil pesos anuales para dejarlos trabajar y, si denuncian, son amenazados, ya depende de algunos que deciden negociar pero sí hay casos de extorsión”, dijo una fuente del sector empresarial.
“Primero te llaman, luego van a tu negocio y comienzan las amenazas de que si no les das el llamado derecho de piso van a quemar tu negocio o te pueden asesinar”, añadió.
Ante esto, muchos negocios prefieren cerrar antes que negociar y exponerse.
“Nadie quiere hablar públicamente de estos casos, muchos sabemos que es por eso, y por miedo no denuncian, pero el problema ahí está y no tenemos ningún apoyo de las autoridades”, agregó la fuente empresarial.
En el Congreso local, diputados desconocen el alcance de la violencia y de las extorsiones y culpan a los alcaldes por ser omisos con el tema.
El presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso local, Joaquín Badillo Escamilla, dijo que los alcaldes no han presentado un plan de seguridad que permita al Poder Legislativo conocer la problemática de los municipios.
“Sin un plan no podemos destinar más recursos a los municipios en temas de seguridad, y en ese plan tendría que venir cuáles son las zonas de riesgo, qué delitos son los más frecuentes, pero hay una omisión de parte de los alcaldes para realizar su plan”, señaló Badillo Escamilla en entrevista.
El legislador aseguró que el Congreso trabaja para tipificar y aumentar años de prisión a los delitos de secuestro y extorsión.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/AMAPOLA PERIODISMO.
AUTOR: JOSÉ MIGUEL SÁNCHEZ.
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